Aylwin aceptó las recomendaciones de medidas de reparación simbólica y de reconocimiento a las víctimas que recogía el Informe Rettig, y, tras la insistencia de los familiares y las diferentes agrupaciones defensoras de derechos humanos para lograr una mayor investigación y recopilación de datos, se creo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en febrero de 1992, mediante la citación de la ley 19.123.

El objetivo de esta nueva Comisión era la posible calificación como víctimas de las personas que no pudieron presentarse ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (la Comisión Rettig), ya sea porque no pudieron formarse una convicción suficiente, o porque sus casos no fueron investigados debido a una falta de antecedentes. La Comisión recibió 1.200 denuncias más, de las cuales 899 fueron determinadas como “casos clasificados”. El trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación se reflejó en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política. 

Todos estos testimonios, sumados a los ya recogidos por la Comisión Rettig, hicieron un total de 3.195 víctimas de ejecución política y desaparición forzada.