Inspirada en la denuncia sobre la represión en Argentina interpuesta el 28 de marzo de 1996 por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) – asociación de fiscales españoles-y remitida al Juez Baltasar Garzón, quien estaba a cargo del Juzgado de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de España, Miguel Miravet, presidente de la UPF, presentó denuncia por los presuntos crímenes de genocidio y terrorismo de estado cometidos entre 1973 y 1990 por Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, y otros miembros de la Junta Militar de Chile. En la denuncia se recogían los nombres de ciudadanos españoles asesinados o desaparecidos: Joan Alsina Hurtos, Antoni Llidó Mengual, Michelle Peña Herreros, Antonio Elizondo Ormaechea, Carmelo Luis Soria Espinoza y Enrique López Olmedo.

La UPF en su denuncia requirió que se decretaran órdenes internacionales de detención para la extradición y juicio en los tribunales españoles para los miembros de la Junta Militar Chilena y sus principales subordinados, ya que en Chile no había sido posible.

A esta denuncia se terminaron adhiriendo familiares de españoles, asesinados, desaparecidos o torturados en Chile y Argentina. Todas estas denuncias relataban homicidios, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros de hijos de detenidos o desaparecidos y detenciones ilegales y masivas. En todos estos crímenes aparecían directamente involucrados funcionarios, gobernantes y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.

Tiempo después, la Fundación Presidente Allende, a través del abogado español Joan Garcés, ex asesor del presidente Salvador Allende, ejerció la acusación popular e interpuso una querella donde identificaba a más de 3.000 personas asesinadas y/o desaparecidas de diferentes nacionalidades, entre las que se encontraba la española y descendientes de españoles.

La denuncia de la UPF por parte de Miguel Miravet, junto con la del abogado Garcés integrarían lo que se conoce como el “caso Pinochet”, adjudicadas ambas al Juzgado de Instrucción n.º 6.