Estado Plurinacional de Bolivia

 

  1. Fuentes del derecho que regulan de manera general y específica la aplicación extraterritorial de la ley penal:

 

  • Constitución Política del Estado de 2009.
  • Código Penal y Código de Procedimiento Penal, de 2010.
  • Código Penal Militar.

 

  1. Derecho interno y derecho internacional. Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional:

 

  • Relación del orden interno y los tratados internacionales:

 

El Estado Plurinacional de Bolivia define, prima facie, la relación de su ordenamiento jurídico interno en relación al Derecho internacional en calidad de Estado dualista. No obstante, esta aseveración merece ser matizada. El artículo 13 de la Constitución regula la relación entre los tratados internacionales y el orden interno de la siguiente forma:

Artículo 13º:

  1. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.
  2. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

 

Adicionalmente, como es común en países latinoamericanos, en Bolivia se da la aplicación del concepto de “Bloque de Constitucionalidad”, entendido de acuerdo al artículo 410 de la Constitución, el cual establece que:

Artículo 410.IIº:

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

  1. Constitución Política del Estado.
  2. Los tratados internacionales.
  3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
  4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

 

Seguidamente, el artículo 256 determina que:

Artículo 256º:

  1. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.
  2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

 

Finalmente, encontramos el artículo 257:

Artículo 257º:

  1. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.

 

De la transcripción literal de los artículos enunciados, podemos deducir que Bolivia es, a priori, un Estado dualista, pues se establece una jerarquía normativa en la que la Constitución Política ocupa el lugar más alto.

 

Si bien el dualismo parece ser su punto de partida, no es menos cierto que, a través de ciertas excepciones a la norma general conforme a la teoría del bloque constitucional (sobre todo en lo que se refiere al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario), Bolivia presenta algunos matices eminentemente monistas con primacía del Derecho internacional. El artículo 256 de la Constitución Política establece que, en lo que respecta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, éste se aplicará preferentemente sobre la Constitución, siempre que establezca normas más favorables. Esta cuestión deberá ser aclarada por el Tribunal Constitucional boliviano, puesto que es el encargado de controlar la constitucionalidad de los tratados internacionales.

Como ya se ha mencionado, el artículo 13 aclara que no se niega la existencia de otros derechos no transcritos en la Constitución, por lo que en cierta medida, se reconoce la existencia de los derechos internacionalmente reconocidos, los cuales podrán ser aplicados con los límites y en los supuestos ya explicados.

 

Así pues, parece acertado concluir que Bolivia manifiesta un modelo híbrido principalmente dualista con elementos monistas en relación al Derecho internacional de los derechos humanos.

 

–      Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional

Derecho Convencional

Internacional

Corte Penal Internacional Estatuto de Roma.Ratificado el 27 de junio de 2002.
Piratería Convención sobre el Derecho del Mar (art. 105). Ratificado el 28 de abril de 1995.
Crímenes de Guerra I Convenio de Ginebra (art. 49). Ratifticado el 12 de diciembre de 1976.
II Convenio de Ginebra (art. 50). Ratifticado el 12 de diciembre de 1976.
III Convenio de Ginebra (art. 129). Ratifticado el12 de diciembre de 1976.
IV Convenio de Ginebra (art. 146). Ratifticado el 12 de diciembre de 1976.
Bienes Culturales en Conflicto Armado Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 (art. 28). Ratificado el Adhesión el 17 noviembre 2004.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 1999 (art. 16).

No firmado.

Tortura Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 (art. 7). Ratificado el 8 de diciembre 1976.
Apartheid Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 (art. 5). Ratificado el 6 de octubre 1986.
Desapariciones Forzadas Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (art. 9.2). Ratificado el 17 de diciembre de 2008.
Actos de terrorismo Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970 (art. 4.2). Ratificado el 18 julio de 1979.
Convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979 (art. 5.2). Ratificado el 7 de enero de 2002.
Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 (art. 6.4). Ratificado el 22 de enero de 2002.
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 (art. 7.4). Ratificado el 7 enero de 2002
Convenio Internacional para la represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (arts. 9-11). No firmado.
Crímenes contra diplomáticos Convención de las Naciones Unidas sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente Protegidas de 1973 (art. 7). Ratificado el 22 enero de 2002
Narcotráfico Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (art. 4.2.b). Ratificado el 20 de agosto de 1990.
Delincuencia Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 15.4). Ratificado el 10 octubre 2005
Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 42.4). Ratificado el el 5 diciembre 2005.
Derecho Convencional Interamericano Tortura Convención Interamericana para Prevenir y  Sancionar la Tortura de 1985 (arts. 12 y 14). Ratificado el 26 agosto de 2006.
Desapariciones Forzadas Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 (arts. 4 y 5). Ratificado el 19 septiembre de 1996.

 

  • Reservas y declaraciones a tratados internacionales:

 

Entre las reservas y declaraciones emitidas por el Estado en cuestión en relación a los tratados internacionales de naturaleza penal, Bolivia no ha hecho ninguna que deba ser destacada por no ser relevantes en relación con el objeto del presente análisis.

 

  • Transcripción literal de los artículos relevantes:

 

A continuación se presenta una relación de provisiones relevantes para nuestro análisis ya que definen en el ordenamiento interno delitos de naturaleza internacional o articulan la aplicación extraterritorial de la ley penal a través de la inclusión de diversos criterios de jurisdicción.

 

  • Criterios de jurisdicción:

Código Penal:

Artículo 1º: En cuanto al espacio.

Este Código se aplicará:

1) A los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

2) A los delitos cometidos en el extranjero, cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

3) A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano, siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar en que delinquió.

4) A los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros, si fueren habidos por extradición o se hallasen dentro del territorio de la República.

5) A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país extranjero, cuando no sean juzgados en éste.

6) A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño de su cargo o comisión.

7) A los delitos que por tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aún cuando no fueren cometidos en su territorio.

 

Artículo 3º: Extradición.

Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario.

 

Código Penal Militar

Artículo 1º. En cuanto al espacio este código se aplicará:

[…]

7) A los delitos militares que, en cumplimiento de tratado o convención de la República, deben ser penados, aun cuando no fueran cometidos en su jurisdicción.

 

  • Delitos internacionales introducidos en el derecho interno:

 

Código Penal:

Genocidio:

Artículo 138º:Genocidio.

El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte años.

En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país.

Si el o los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será agravada con multa de cien a quinientos días.

 

Piratería:

Artículo 139º: Piratería

El que se apoderare, desviare de su ruta establecida, o destruyere navíos o aeronaves, capturare, matare, lesionare a sus tripulantes o pasajeros, o cometiere algún acto de depredación, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.

Con la misma pena será sancionado el que desde el territorio de la República, a sabiendas, traficare con piratas o les suministrara auxilio.

 

Tortura:

Artículo 295º:Vejaciones y torturas:

Será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido.

La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas.

Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos a seis años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez años.

 

Esclavitud:

Artículo 291º:Reducción a la esclavitud o estado análogo.

El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será sancionado con privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años.

Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena privativa de libertad será de (8) ocho a dieciséis (16) años.

 

  1. Jurisprudencia:

 

En cuanto al ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales nacionales, no se tiene constancia de casos incoados conforme al principio de jurisdicción universal por parte de juzgados o tribunales bolivianos.

 

No obstante, sí consta la existencia de un caso juzgado en Italia sobre la base del principio de personalidad pasiva por delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades de países del Cono Sur, incluidos de Bolivia, en el marco del llamado Plan Cóndor.

El juicio del caso comenzó en Febrero de 2015, contra una treintena de acusados, siendo la mayoría de ellos de origen latinoamericano, pero residentes en Italia. El proceso se inició en 1999 por el fiscal Giancarlo Capaldo, a raíz de una denuncia interpuesta por familiares de las víctimas. En enero de 2017 se pronunció la sentencia, condenando a los ex dictadores bolivianos Luis García Mesa y Luis Arce Gómez a cadena perpetua. Ambos fueron condenados in absentia, pues García Mesa fue condenado por Bolivia a 30 años de prisión, de los cuales ha pasado los últimos 10 años en un hospital militar, aquejado de dolencias cardiacas. Por su parte, Arce Gómez cumple condena en el penal de Chonchocoro, en Bolivia, desde 2009.

 

  1. Explicación y análisis de los artículos:

 

Jurisdicción universal conforme a sus obligaciones internacionales convencionales

 

Dado que en Bolivia la persecución extraterritorial de delitos mediante la aplicación del principio de jurisdicción universal se encuentra supeditada a la ratificación de tratados y convenios internacionales por parte del Estado, es importante mencionar que Bolivia es Estado Parte de la mayoría de tratados relevantes a dicha cuestión.

 

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en su ordenamiento jurídico múltiples opciones que avalan la aplicación extraterritorial de la ley penal, incluyendo el principio de jurisdicción universal.

 

Se trata de un Estado cuya relación con el Derecho internacional se caracteriza por ser dualista, con las excepciones que se han expuesto supra. Esto significa que los tratados internacionales debidamente ratificados no suponen una integración automática del Derecho internacional convencional en el ordenamiento jurídico interno. Esta afirmación admite un matiz, pues si bien el Derecho internacional no supondría una fuente del derecho suprema con primacía sobre la propia constitución, aquellos tratados internacionales debidamente ratificados sí formarán parte del denominado bloque constitucional.

 

De este modo, es preciso revisar los tratados internacionales con naturaleza penal ratificados por Bolivia, reconocer que aquéllos que incluyan una cláusula aut dedere aut iudicareestarán imponiendo una obligación internacional al Estado que habrá de cumplir cuando dicha cláusula sea susceptible de aplicación, es decir, si se constata la presencia de un presunto responsable de un delito internacional recogido en una convención ratificada por Bolivia en su territorio y dé lugar a su extradición. En tal supuesto la doctrina internacional consolida el principio por el cual los obstáculos legales internos no son oponibles por parte del Estado a la hora de excusar su incumplimiento con el Derecho internacional. En cualquier caso, este hipotético problema vendría resuelto porque, si bien no existe una norma interna concreta para domesticar la jurisdicción universal prevista en cada tratado ratificado por Bolivia, sí consta una norma general de carácter procesal; el artículo 1.7 del Código Penal, pues conforme al mismo, el Estado está obligado a reprimir los delitos tipificados mediante un tratado internacional.

 

Los delitos internacionales de origen convencional a los que nos referimos en el caso de Bolivia son los crímenes de guerra (recogidos en los Convenios de Ginebra y que incluyen provisiones de jurisdicción universal pura), la tortura, las desapariciones forzadas y los delitos contra personas protegidas (que recoge la cláusula aut dedere aut iudicarede forma obligatoria).

En el resto de delitos, no se impone la jurisdicción universal, pero sí se permite o reclama que se legisle conforme a ella. Para este último se deben señalar los siguientes delitos: los actos vinculados al terrorismo (con la excepción de los actos de terrorismo nuclear, pues Bolivia no ha firmado el correspondiente tratado), la protección de bienes culturales en conflicto armado (los tratados llaman al Estado ratificante a adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare), el apartheid, la corrupción, el narcotráfico o la delincuencia organizada transnacional (que permite al Estado ratificante adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare).

 

Además de los ya citados, Bolivia es parte de tratados internacionales de carácter regional y naturaleza penal que tipifican los delitos de torturas y desapariciones forzadas.

 

Principios de jurisdicción recogidos en la legislación

 

En el Código Penal boliviano, el principio de territorialidadse ve reflejado en su artículo 1.1, pues la jurisdicción boliviana conocerá de cualquier delito cometido en Bolivia, o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Dicho principio de territorialidad se ve ampliado en los artículos 1.2 y 1.5, pues se amplía la jurisdicción de los tribunales a los delitos que produzcan sus efectos en el territorio (principio de ubicuidad), y a los delitos cometidos en naves o aeronaves bolivianas.

 

Seguidamente, el principio de protecciónaparece a través del artículo 1.4 del Código Penal, pues los jueces bolivianos podrán perseguir los delitos que atenten contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Un breve reflejo de dicho principio también es visible en el artículo 1.2, pues podría aplicarse en casos de delitos económicos, si bien podrían perseguirse directamente por el artículo 1.4.

 

Elprincipio de personalidad activase aplica en los casos recogidos en los artículos 1.3 y 1.6, refiriéndose el primero de ellos a los bolivianos que delincan en el extranjero y no hayan sido juzgados en el lugar dónde cometieron los hechos, pero se encuentren en Bolivia, y el segundo de ellos una especialidad del principio de personalidad activa, pues se refiere a los delitos cometidos por funcionario boliviano.

 

En cuanto al principio de personalidad pasiva, no se prevé en el Código Penal la posibilidad de juzgar los hechos cometidos en el extranjero contra un ciudadano boliviano.

 

Finalmente, el principio de jurisdicción universalcobra un gran protagonismo en la legislación de Bolivia, pues se puede aplicar a cualquier delito cometido en el extranjero, y que el Estado se haya obligado a reprimir mediante tratado o convención, de acuerdo al artículo 1.7 del Código Penal, y al artículo 1.7 del Código Penal Militar. Si bien para la aplicación de la jurisdicción universal no se exige ningún punto de conexión más que el estar obligado a reprimir los delitos mediante un tratado internacional, el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal exige la presencia del imputado en territorio boliviano para que pueda tener lugar el proceso penal, lo que supone una limitación al ámbito de la jurisdicción universal, sumado a la ausencia de tipificación a nivel interno de varios de los crímenes internacionales, como veremos a continuación.

En cuanto a la jurisdicción penal militar y la regulación de la jurisdicción universal, sorprende la regulación del principio, pero como a la vez hasta la fecha no se ha asumido el compromiso de establecer medidas penales que permitan la sanción de las conductas reguladas por los convenios de Ginebra, pues los crímenes de guerra no se encuentran regulados en el ordenamiento interno boliviano. Puesto que estamos hablando de un sistema híbrido entre el monismo con primacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el dualismo, si bien en principio los Convenios de Ginebra resultarían directamente aplicables conforme al “bloque de constitucionalidad” establecido en la Constitución boliviana, el hecho de que se necesite una ley interna que permita incorporar el tratado suscrito al derecho interno dificulta la aplicación directa de éste, por lo que se hace necesaria la implementación de las medidas mencionadas para dar coherencia al principio de jurisdicción universal en relación con los crímenes de guerra.

 

Cabe resaltar que la Defensoría del pueblo presentó un proyecto de ley (920 de 2008) en cuyo artículo quinto incluía una referencia a la jurisdicción universal tratándose de los delitos mencionados en el Estatuto de Roma. Aunque el proyecto no llegó a ser ley, ha servido como base de los trabajos posteriores del Ministerio de Justicia orientados a expedir una ley de implementación, así como la propuesta de una posible reforma al Código Penal (Reforma Integral al Código Penal elaborada por el Ministerio de Justicia), que incluiría no sólo el delito de genocidio, sino también los de lesa humanidad y crímenes de guerra[1].

 

Obligación de enjuiciar cuando se niega una extradición

 

El artículo 3 del Código Penal establece la prohibición de extraditar a un ciudadano sometido a la jurisdicción boliviana, con la excepción de lo que indiquen los tratados internacionales o los convenios de reciprocidad del cual Bolivia forme parte. Por tanto, no se establece la cláusula aut dedere aut iudicare, pues del tenor literal del artículo “sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas”, no puede deducirse que dicha sumisión implique la obligación de enjuiciar el hecho.

 

Integración de los crímenes internacionales en el derecho interno

 

La legislación boliviana tiene tipificados en su régimen interno varios crímenes internacionalmente reconocidos.

 

En primer lugar, encontramos tipificado el delito de genocidio, en el artículo 138 del Código Penal. La concepción del delito de genocidio boliviano difiere de la concepción del Estatuto de Roma, pues en la legislación interna se elimina el criterio racial que tipifica el Estatuto de Roma, si bien se amplía la conducta del traslado forzoso a adultos, mientras que el Estatuto de Roma lo limita a niños. También se incluye entre las conductas de genocidio la causación de “masacres sangrientas” en el país.

 

A continuación, y a pesar de que el Estado boliviano no cuente con salida al mar, tipifica en el artículo 139 de su Código Penal el crimen de piratería.La legislación interna boliviana contiene un tipo penal muy amplio para dicho delito, pues prescinde del elemento personal que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, además de incluir bastantes conductas (apoderamiento, desvío de la ruta establecida, o destrucción del buque o aeronave; lesión, detención o muerte de los tripulantes o pasajeros; y cometer cualquier acto de depredación). Sin embargo, la legislación boliviana no hace mención alguna a los bienes del buque o de su tripulación, por lo que en ese sentido estamos ante una definición más restringida.

 

Seguidamente, encontramos el artículo 295 relativo al crimen de tortura, el cual está limitado a la causación por funcionario público, estando tipificada “cualquier especie de tormentos o torturas”, dejando un tipo abierto a la tortura física, psicológica, leve o grave.

 

Finalmente, aparece tipificado el crimen de esclavituden el artículo 291 del Código Penal, estableciendo un tipo muy abierto que permite encuadrar muchos tipos de conductas.

 

No se tipifican en el derecho interno los demás crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión,el crimen dedesapariciones forzadas(a pesar de haber sido suscrita la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, no ha sido tipificado a nivel interno la conducta, siendo necesario acudir a otros tipos penales que no se corresponden suficientemente, como el de entrega indebida de personas o el más genérico de privación de la libertad[2]) ni el crimen de ecocidio(si bien con respecto a este último crimen, en Bolivia la naturaleza es sujeto de derecho[3], por lo que no resultaría de difícil imaginación ver este último crimen tipificado en un futuro y cubrir dicha laguna con la legislación existente). A pesar de lo indicado sobre la falta de tipificación de dichos crímenes en la legislación interna boliviana, la obligación establecida en el artículo 1.7 del Código Penal abre la puerta a la persecución de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma y en los demás tratados y convenios internacionales de los que Bolivia sea parte.

 

  1. Cuadro de delitos y puntos de conexión:
Bolivia
Fuente jurídica Delito Punto de conexión Otros comentarios
Código Penal

Artículo 1.1º

Cualquier delito Principio de territorialidad Cometido en Bolivia o en lugares sometidos a su jurisdicción.
Código Penal

Artículo 1.2º

 Cualquier delito Principio territorialidad (ubicuidad) Resultados producidos o deben producirse en Bolivia o en lugares sometidos a su jurisdicción.
Código Penal

Artículo 1.3º

Cualquier delito Personalidad activa Si se encuentra en territorio nacional.

Respeto al principio de non bis in ídem.

Código Penal

Artículo 1.4º

Delitos contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Principio de protección o de legítimo interés del Estado Son perseguibles los extranjeros extraditados o los que se hallen en Bolivia.
Código Penal

Artículo 1.5º

Cualquier delito Principio extensivo de territorialidad Delitos cometidos en naves o aeronaves bolivianas.

Respeto al principio non bis in ídem.

Código Penal

Artículo 1.6º

Cualquier delito Personalidad activa especial Cometidos  extranjero por funcionarios al servicio de la Nación, en el desempeño de su cargo o comisión.
Código Penal

Artículo 1.7º

Crímenes internacionales Jurisdicción universal Remisión a convenciones internacionales que impongan obligación de ejercer la jurisdicción.
Código Penal Militar

Artículo 1.7º

Crímenes internacionales Jurisdicción universal Remisión a convenciones internacionales que impongan obligación de ejercer la jurisdicción.
Código Penal

Artículo 138º

Genocidio Entre los motivos del delito no recoge el motivo racial, aunque amplía el traslado forzoso a adultos.
Código Penal

Artículo 139º

Piratería -Se prescinde del propósito personal que establece la definición internacional.

-Se incluye prácticamente cualquier acto ilegal contra un buque o aeronave, o contra las personas que se encuentren en ellos.

-No se mencionan conductas contra los bienes.

Código Penal

Artículo 295º

Tortura Tipo abierto que reconoce como tortura cualquier especie de tormento o tortura.

-El tipo penal boliviano prescinde del motivo de la tortura, por lo que se podría encuadrar cualquier motivo dentro del delito.

Código Penal

Artículo 291º

Esclavitud Definición más amplia que la internacional, pues no se prevé sólo el ejercicio del derecho a la propiedad sobre una persona.

 

  • Fuentes de documentación:

 

 

 

 

[1]http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Bolivia.pdf(Último acceso el 12/02/2018).

[2]Código Penal, arts. 139 y 292 respectivamente.

[3]VerLey de Derechos de la Madre Tierra núm. 71 de diciembre de 2010 que establece una Defensoría de la Madre Tierra y Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien núm. 300 de octubre de 2012.