ECUADOR TX

República del Ecuador

 

  1. Fuentes del derecho que regulan de manera general y específica la aplicación extraterritorial de la ley penal:

 

  • Constitución de la República del Ecuador, de 2008 (Última reforma de 2015).
  • Código Orgánico Integral Penal, de 2014.
  • Código Orgánico de la Función Judicial, de 2013.

 

  1. Derecho interno y derecho internacional. Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional:

 

  • Relación del orden interno y los tratados internacionales:

 

La Constitución Política del Ecuador, en su reforma más reciente de 2015, establece en su artículo 10 lo siguiente:

Artículo 10º:

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.

 

Éste es el equivalente del anterior artículo 17 constitucional que establecía la garantía estatal a todos los habitantes del goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Esta norma fue interpretada por la doctrina asumiendo que:

“todos los instrumentos internacionales que versan sobre los derechos de las personas gocen de rango constitucional y sean directamente aplicables en el territorio ecuatoriano sin necesidad de que alguna ley interna los convierta en derecho”[1], sobre esta base se podría concluir que “los instrumentos sobre derechos humanos tienen rango constitucional; los demás tratados tienen una jerarquía superior a la ley pero deben someterse a la constitución política”[2].

 

Por su parte, el artículo 11 establece lo siguiente:

Artículo 11º:

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

[…]

  1. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

[…]

  1. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

[…]

 

El artículo 417 articula la sujeción del derecho interno ecuatoriano al ordenamiento internacional:

Artículo 417º:

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

 

En la nueva Constitución el artículo 424 establece que la Constitución es norma de normas estableciendo lo siguiente:

Artículo 424º:

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

 

Por ello, es posible decir que conforme a las provisiones constitucionales y a la doctrina citadas, la República del Ecuador se presenta como un Estado monista con primacía del Derecho internacional. Esto es así, sin ninguna duda en referencia al Derecho internacional de los derechos humanos. Pero también ofrece una posición dualista con respecto al resto de tratados internacionales pues éstos han de estar sometidos a la Constitución ecuatoriana. Todo esto es de especial relevancia al analizar aquellos tratados internacionales (especialmente los que reconocen derechos humanos) en que se obliga o faculta al Estado para aplicar el principio de jurisdicción universal.

 

  • Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional
Derecho Convencional

Internacional

Corte Penal Internacional Estatuto de Roma. Ratificado el 5 de febrero de 2002.
Piratería Convención sobre el Derecho del Mar (art. 105). Ratificado el 24 de septiembre de 2012.
Crímenes de Guerra I Convenio de Ginebra (art. 49). Ratificado el 18 de agosto de 1954.
II Convenio de Ginebra (art. 50). Ratificado el 18 de agosto de 1954.
III Convenio de Ginebra (art. 129). Ratificado 18 de agosto de 1954.
IV Convenio de Ginebra (art. 146). Ratificado el 18 de agosto de 1954.
Bienes Culturales en Conflicto Armado Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 (art. 28). Ratificado el 2 de octubre de 1956.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 1999 (art. 16).   Ratificado el 2 de agosto de 2004.
Tortura Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 (art. 7). Ratificado 30 de marzo de 1988.
Apartheid Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 (art. 5). Ratificado el 12 de mayo de 1975.
Desapariciones Forzadas Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (art. 9.2). Ratificado el 20 de octubre de 2009.
Actos de terrorismo Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970 (art. 4.2). Ratificado el 14 de junio de 1971.
Convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979 (art. 5.2). Ratificado el 2 de mayo de 1988.
Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 (art. 6.4). No ha firmado.
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 (art. 7.4). Ratificado el 9 de diciembre de 2003.
Convenio Internacional para la represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (arts. 9-11). Firmado el 15 de septiembre de 2005, no ratificado.
Crímenes contra diplomáticos Convención de las Naciones Unidas sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente Protegidas de 1973 (art. 7). Ratificado el 12 de marzo de 1975.
Narcotráfico Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (art. 4.2.b). Ratificado el 17 de septiembre de 2002.
Delincuencia Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 15.4). Ratificado el 17 de septiembre de 2002.
Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 42.4). Ratificado el 15 de septiembre de 2005.
Derecho Convencional Interamericano Tortura Convención Interamericana para Prevenir y   Sancionar la Tortura de 1985 (arts. 12 y 14). Ratificado el 30 septiembre de 1999.
Desapariciones Forzadas Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 (arts. 4 y 5). Ratificado el 7 julio 2010.

 

  • Reservas y declaraciones a tratados internacionales:

 

Entre las reservas y declaraciones emitidas por el Estado en cuestión en relación a los tratados internacionales de naturaleza penal cabe destacar las siguientes por guardar cierta relevancia con el objeto del presente análisis:

 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984:

Reserva sobre la extradición de nacionales ecuatorianos

Traducción no oficial[3]

“Ecuador declara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de su Constitución Política, no permitirá la extradición de sus nacionales.”

 

El artículo 42 al que se refiere la citada reserva, con la reforma de la Constitución de Ecuador de 2015 pasa a ser el artículo 79.

 

  • Transcripción literal de los artículos relevantes:

 

A continuación se presenta una relación de provisiones relevantes para nuestro análisis ya que definen en el ordenamiento interno delitos de naturaleza internacional o articulan la aplicación extraterritorial de la ley penal a través de la inclusión de diversos criterios de jurisdicción.

 

Constitución Política

Artículo 71º:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

 

  • Criterios de jurisdicción:

 

Código Integral Penal

Artículo 14º: Ámbito espacial de aplicación.

Las normas de este Código se aplicarán a:

  1. Toda infracción cometida dentro del territorio nacional.
  2. Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, en los siguientes casos:
  3. a) Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
  4. b) Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero, contra una o varias personas ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la     cometió.
  5. c) Cuando la infracción penal es cometida por las o los servidores públicos mientras desempeñan sus funciones o gestiones oficiales.
  6. d) Cuando la infracción penal afecta bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional, a través de instrumentos internacionales ratificados       por el Ecuador, siempre que no se haya iniciado su juzgamiento en otra        jurisdicción.
  7. e) Cuando las infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este Código.
  8. Las infracciones cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana.
  9. Las infracciones cometidas por las o los servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del principio de reciprocidad.

 

Artículo 16º: Ámbito temporal de aplicación.

Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas:

  1. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena.

 

Artículo 73º: Indulto o amnistía.

La Asamblea Nacional podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, conforme con la Constitución y la Ley.

No concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

 

Artículo 75º: Prescripción de la pena.

La pena se considera prescrita de conformidad con las siguientes reglas:

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales.

 

Artículo 398º: Jurisdicción.

La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Únicamente las y los juzgadores, determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y en este Código, ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en territorio extranjero en los casos que establecen los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado.

 

Artículo 400º: Ámbito de la potestad jurisdiccional.

Están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador:

  1. Las y los ecuatorianos o las y los extranjeros que cometen una infracción en el territorio nacional.
  2. La o el Jefe de Estado y las o los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y la comitiva, que cometen una infracción en territorio extranjero y las o los cónsules ecuatorianos que, en igual caso, lo hacen en el ejercicio de sus funciones consulares.
  3. Las y los ecuatorianos o las o los extranjeros que cometen una infracción a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana registradas en el Ecuador, ya sea en el espacio aéreo nacional o mar territorial ecuatoriano o en el espacio aéreo o mar territorial de otro Estado.
  4. Las y los ecuatorianos o las o los extranjeros que cometen infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado.

Se exceptúan, con arreglo a las convenciones e instrumentos internacionales ratificados por la República del Ecuador, las o los jefes de otros estados que se encuentren en el país, las y los representantes diplomáticos acreditados y residentes en el territorio ecuatoriano y las o los representantes diplomáticos de otros estados, transeúntes que pasen ocasionalmente por el territorio. Esta excepción se extiende a la o al cónyuge, hijas, hijos, empleadas o empleados extranjeros y demás comitiva de la o el jefe de estado o de cada representante diplomático, siempre que oficialmente pongan en conocimiento del Ministerio encargado de las relaciones exteriores, la nómina de tal comitiva o del personal de la misión.

 

Artículo 401º: Jurisdicción universal.

Los delitos contra la humanidad pueden ser investigados y juzgados en la República del Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado o por cortes penales internacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y en los tratados internacionales suscritos y ratificados.

 

Artículo 404º: Reglas de la competencia.

Para determinar la competencia de la o el juzgador, se observarán las siguientes reglas:

[…]

  1. Cuando la infracción se comete en territorio extranjero, la persona procesada será juzgada por la o el juzgador de la circunscripción territorial en la que es aprehendida o detenida o por la o el juzgador de la capital de la República del Ecuador.

 

Artículo 405º: Tribunal de jurisdicción competente.

En los casos de infracciones en los que existe jurisdicción universal, la o el juzgador ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima.

 

Código Orgánico de la Función Judicial

Artículo 193º:

Las mismas reglas del artículo precedente se observarán cuando los funcionarios sujetos a fuero según lo previsto en este Código, cometan algún delito en territorio extranjero que sea susceptible de ser juzgado por las autoridades del Ecuador, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.

 

  • Delitos internacionales introducidos en el derecho interno:

 

Genocidio:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 79º: Genocidio.

La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años:

  1. Matanza de miembros del grupo.
  2. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.
  3. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial.
  4. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.
  5. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro.

 

Artículo 80º: Etnocidio.

La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

 

Crímenes contra la humanidad:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 89º: Delitos de lesa humanidad.

Son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

 

Artículo 81º: Exterminio.

La persona que, como parte de un ataque generalizado o sistemático, imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación de alimentos, medicinas u otros bienes considerados indispensables, encaminados a la destrucción de una población civil o una parte de ella, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

 

Artículo 83º: Deportación o traslado forzoso de población.

La persona que, desplace o expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto proteger los derechos de esa persona o grupo de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

 

Artículo 86º: Persecución.

La persona que, como parte de un ataque generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o colectividad, fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

 

Crímenes de guerra:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 111º: Personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Para efectos de esta Sección, se considerará como personas protegidas a las definidas como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario y, en particular, las siguientes:

  1. La población civil.
  2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
  3. El personal sanitario o religioso.
  4. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
  5. Las personas que han depuesto las armas.
  6. Las personas que se encuentran fuera de combate o indefensas en el conflicto armado.
  7. Las personas que, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría de apátridas o refugiados.
  8. Los asilados políticos y refugiados.
  9. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado.
  10. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.

 

Artículo 112º: Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Para efectos de esta Sección, se considera como bienes protegidos a los definidos como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, los siguientes:

  1. Los de carácter civil que no constituyan objetivo militar.
  2. Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares y los bienes destinados a su supervivencia o atención.
  3. Los que forman parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria.
  4. Los destinados a la satisfacción de los derechos del buen vivir, de las personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades pueblos y nacionalidades de la población civil, así como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia.
  5. Los que son parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental.

 

Artículo 113º: Armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Para efectos de esta Sección, se considera como armas prohibidas las definidas como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, las que tengan esta condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales y otros que sean ratificados.

 

Artículo 114º: Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional.

Las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no internacional se aplican desde el día en que este tiene lugar, independientemente de la declaración formal por parte de la Presidenta o del Presidente de la República o de que decrete el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional, una vez que ha cesado el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron, por finalizar el plazo de su declaratoria o por revocatoria del decreto que lo declaró o hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad que son afectadas.

 

Artículo 115º: Homicidio de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a una persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

 

Artículo 116º: Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, lesione o afecte la integridad sexual o reproductiva de persona protegida, será sancionada conforme con las penas previstas en cada uno de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, aumentada en un tercio.

 

Artículo 117º: Lesión a la integridad física de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause lesiones en persona protegida, siempre que no constituya otra infracción de mayor afectación, será sancionada con las penas máximas previstas en el delito de lesiones aumentadas en un medio.

 

Artículo 118º: Mutilaciones o experimentos en persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mutile, extraiga tejidos u órganos o realice experimentos médicos o científicos a persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

Artículo 119º: Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, en territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, torture o inflija tratos crueles, inhumanos o degradantes a persona protegida será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

Artículo 120º: Castigos colectivos en persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija castigos colectivos a persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

Artículo 121º: Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, y en particular, los siguientes, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años:

  1. El someter a padecimiento de hambre a la población civil, inclusive a través de la obstaculización de los suministros.
  2. La utilización de la presencia de una persona protegida como escudo para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones bélicas o para obstaculizar las acciones del enemigo en contra de objetivos militares determinados.
  3. La orden de no dar cuartel.
  4. El ataque a la población civil.
  5. El ataque a los bienes civiles.
  6. El ataque indiscriminado con la potencialidad de provocar muerte o lesiones a civiles, daños a bienes protegidos o daños graves o desproporcionados al ambiente.

Si estas prácticas provocan la muerte de un combatiente o un miembro de la parte adversa que participe en un conflicto armado, la pena será de veintidós a veintiséis años.

 

Artículo 122º: Utilización de armas prohibidas.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, produzca, almacene, utilice o distribuya armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

Artículo 123º: Ataque a bienes protegidos.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, dirija o participe en ataques contra bienes protegidos, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

Artículo 124º: Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

Artículo 125º: Privación de libertad de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de libertad, detenga ilegalmente, demore o retarde la repatriación de la persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

Artículo 126º: Ataque a persona protegida con fines terroristas.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquier forma de ataque a persona protegida con el objeto de aterrorizar a la población civil será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

Artículo 127º: Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute o aliste a niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados o los utilice para participar en el conflicto armado, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

Artículo 128º: Toma de rehenes.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a otra de su libertad, condicionando la vida, la integridad o su libertad para la satisfacción de sus exigencias formuladas a un tercero o la utilice como medio para fines de defensa será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

Artículo 129º: Infracciones contra los participantes activos en conflicto armado.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquiera de las siguientes conductas en contra de un participante activo, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años:

  1. Obligarlo a servir de cualquier modo en las fuerzas armadas del adversario.
  2. Privarlo del derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso.
  3. Impedir o dilatar injustificadamente su liberación o repatriación.

 

Artículo 130º: Traslado arbitrario o ilegal.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, traslade a territorio ocupado a población de la potencia ocupante, deporte o traslade dentro o fuera del territorio ocupado la totalidad o parte de la población de ese territorio, salvo que dichas acciones tengan por objeto proteger los derechos de esa persona o grupo de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

Artículo 131º: Abolición y suspensión de derechos de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, declare abolidos o suspendidos los derechos, garantías constitucionales o acciones judiciales de las personas protegidas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

Artículo 132º: Modificación ambiental con fines militares.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles como medio para producir destrucciones, daños o perjuicios vastos, duraderos, graves o permanentes al ambiente, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

Artículo 133º: Denegación de garantías judiciales de persona protegida.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de las garantías del debido proceso, imponga o ejecute una pena sin que haya sido juzgada en un proceso judicial, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Artículo 134º: Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligada a hacerlo, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Artículo 135º: Omisión de medidas de protección.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita la adopción de medidas para la protección genérica de la población civil, estando obligada a hacerlo, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Artículo 136º: Contribuciones arbitrarias.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Artículo 137º: Prolongación de hostilidades.

La persona que prolongue las hostilidades con el enemigo, pese a haber sido notificada oficialmente con el acuerdo de paz, armisticio o tregua, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Artículo 138º: Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, destruya, se apodere o confisque los bienes de la parte adversa, sin necesidad militar imperativa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 

Artículo 139º: Abuso de emblemas.

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin derecho a ello, use el emblema de la cruz roja, media luna roja o cristal rojo, una señal distintiva, de cualquier otro signo o señal que sea una imitación o que pueda prestar a confusión, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

 

Crimen de agresión:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 88º: Agresión.

La persona, independientemente de la existencia o no de declaración de guerra, que estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordene o participe activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia política del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los casos previstos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

 

Tortura:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 151º: Tortura.

La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años:

  1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.
  2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
  3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual.
  4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada.

La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

 

Constitución de la República de Ecuador

Artículo 66º:

Se reconoce y garantizará a las personas:

[…]

  1. El derecho a la integridad personal, que incluye:

[…]

  1. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
  2. Los derechos de libertad también incluyen:

[…]

  1. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas.

El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de         personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y             de otras formas de violación de la libertad.

 

Desapariciones forzadas:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 84º: Desaparición forzada.

La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

 

Constitución Política

Artículo 90º:

Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad.

 

Apartheid:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 87º: Apartheid.

La persona que cometa actos violatorios de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen, será sancionada con pena privativa de veintiséis a treinta años.

 

Esclavitud:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 82º: Esclavitud.

La persona que ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra, constituyendo esclavitud, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

 

Artículo 105º: Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.

La persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales en los siguientes casos:

  1. Cuando se obligue o engañe a una persona para que realice, contra su voluntad, un trabajo o servicio bajo amenaza de causarle daño a ella o a terceras personas.
  2. Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a quince años de edad.
  3. Cuando se utilice a adolescentes mayores a quince años de edad en trabajos peligrosos, nocivos o riesgosos de acuerdo con lo estipulado por las normas correspondientes.
  4. Cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o servicio utilizando la violencia o amenaza.
  5. Cuando se obligue a una persona a comprometer o prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, aprovechando su condición de deudora.
  6. Cuando se obligue a una persona a vivir y trabajar en una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios sin libertad para cambiar su condición.

 

Constitución de la República de Ecuador

Artículo 66º:

Se reconoce y garantizará a las personas:

[…]

  1. El derecho a la integridad personal, que incluye:

[…]

  1. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
  2. Los derechos de libertad también incluyen:

[…]

  1. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas.

El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de         personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y             de otras formas de violación de la libertad.

 

Tráfico de seres humanos:

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 91º: Trata de personas.

La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

  1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
  2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
  3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
  4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
  5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
  6. La mendicidad.
  7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
  8. Cualquier otra modalidad de explotación.

 

Artículo 92º: Sanción para el delito de trata de personas.

La trata de personas será sancionada:

  1. Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
  2. Con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral.
  3. Con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible.
  4. Con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima.

La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su consecuencia.

 

Artículo 93º: Principio de no punibilidad de la víctima de trata.

La víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos previstos en la legislación migratoria cuando las infracciones son consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.

 

Artículo 213º: Tráfico ilícito de migrantes.

La persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada con la extinción de la misma.

 

Disposición común a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión y de desaparición forzada:

Constitución Política

Artículo 80º:

Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

 

  1. Jurisprudencia:

 

En el año 2010 un grupo de ambientalistas de todo el mundo presento una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador en contra de la compañía petrolera British Petroleum por el derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México. Se escogió Ecuador como lugar de presentación de la demanda ya que su Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y también reconoce la ciudadanía universal[4]. Se acude en la demanda a la figura de la jurisdicción universal.

 

El hecho de acudir a la jurisdicción del Ecuador, se puede deber también a que ante los hechos, “el Gobierno mexicano rechazó, desde un inicio, cualquier acción legal en contra de British Petroleum. Un comunicado difundido en octubre de 2010, durante el Gobierno de Felipe Calderón, precisa que la Secretaría de Medio Ambiente de México no actuaría legalmente en contra de la petrolera, con lo que descarta cualquier acción conjunta legal con los pescadores mexicanos afectados.”[5]

 

Los demandantes manifiestan en el aparte II de la demanda, titulado “argumentos de justicia”, lo siguiente respecto de la jurisdicción universal:

“[…] los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público (Art. 424) y dentro de estos instrumentos se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha reconocido que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos son los que han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.

Estableció que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos son de inmediato cumplimiento y aplicación (art. 426), por lo que no se requiere que exista una ley que reconozca la jurisdicción universal en el derecho interno ya que sobre éste principio se asienta el repudio contra los crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad.

Lo hacemos, porque la jurisdicción universal asienta su filosofía en la persecución de hechos que ofenden la conciencia de la humanidad y el desastre ecológico del Golfo de México ofende esa conciencia y nos avoca a reprocharla ante instancias judiciales donde las garantías judiciales puedan ser garantizadas tanto para nosotros los demandantes, como para los ofensores.”[6]

 

  1. Explicación y análisis de los artículos:

 

Jurisdicción universal conforme a sus obligaciones internacionales convencionales

 

Como ya hemos mencionado, se ha constatado una visión monista con primacía del Derecho internacional, al menos para la protección de los derechos humanos, por lo que resulta de suma importancia atender a los tratados internacionales ratificados por Ecuador para confirmar la aplicación extraterritorial de la ley penal para los delitos que aquéllos tipifican.

 

Por tanto, con base a los tratados internacionales ratificados por Ecuador que invitan a aplicar la jurisdicción universal, ésta sería factible para los siguientes delitos internacionales: los crímenes de guerra (recogidos en los Convenios de Ginebra y que incluyen provisiones de jurisdicción universal pura), la tortura, las desapariciones forzadas, el crimen de Apartheid y los delitos contra personas protegidas (que recoge la cláusula aut dedere aut iudicare de forma obligatoria). Por otro lado, se ha ratificado la Convención sobre el Derecho del Mar que permite la persecución universal de la piratería

 

En el resto de convenciones, no se impone la jurisdicción universal, pero sí se permite o invita a legislar conforme a ella. Para este último se deben señalar los siguientes delitos: los actos vinculados al terrorismo, la protección de bienes culturales en conflicto armado (los tratados llaman al Estado ratificante a adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare), la corrupción, el narcotráfico o la delincuencia organizada transnacional (que permite al Estado ratificante adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare). Además de los ya citados, Ecuador es parte de tratados internacionales de carácter regional y naturaleza penal que tipifican los delitos de torturas y desapariciones forzadas.

 

Por otra parte, Ecuador es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que, si bien no incluye cláusulas explícitas de jurisdicción universal, sí introduce el principio de complementariedad que exige a sus Estados miembros luchar contra la impunidad a través de sus mecanismos internos (lo cual ha servido de sustento para alegar la aplicación de la jurisdicción universal en otros países como la República Sudafricana).

 

Algunos autores, al analizar el tema de los daños ambientales y la jurisdicción universal plantean si se debe acudir a los criterios usuales para definir la aplicación extraterritorialidad de la ley (personalidad activa y pasiva) y mencionan particularmente el principio de protección, que es el que más parece adecuarse tratándose de los derechos de la naturaleza ya que es perfectamente posible imaginar un hecho acaecido en otro Estado que tenga repercusiones ambientales en el Ecuador[7]. En este punto diferencian las acciones derivadas del principio de protección y otras que puedan obedecer al principio de jurisdicción universal:

“De aquí que se puede distinguir entre violaciones a los DDN ocurridas fuera del Ecuador, pero que tienen efectos también en nuestro territorio, y que pueden por tanto ser demandadas en el mismo; o de violaciones que no tengan influencia en Ecuador, pero que sean de todas maneras un atentado a ese derecho que le hemos reconocido a la naturaleza. En cualquier caso, partiendo de la funcionalidad y elasticidad de ecosistemas, la jurisdicción para la protección de los DDN podría ser asumida por los tribunales ecuatorianos, pero la justiciabilidad de sus decisiones fuera del territorio nacional no dependería de ellos”.

 

Plantean como el problema sería más un tema de una adecuada ejecución de una posible sentencia que un tema de competencia, ya que los tribunales ecuatorianos estarían facultados.

 

No se establece un catálogo de delitos perseguibles extraterritorialmente, por lo que se debe acudir a los clásicos criterios de conexión. Sin embargo, se regula la jurisdicción universal englobando infracciones penales que afecten bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional o graves infracciones a los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la propia legislación penal ecuatoriana.

 

Principios de jurisdicción recogidos en la legislación

 

En primer lugar, el principio de territorialidad, aparece regulado en los artículos 14.1, 398 y 400.1, del Código Integral Penal. También encontramos un principio de territorialidad extensivo en los artículos, 14.3 y 400.3 en relación a los delitos cometidos a bordo de naves o aeronaves ecuatorianas que se encuentren en el extranjero.

 

No existe regulación expresa en el Derecho ecuatoriano del principio de protección.

 

A continuación, el principio de personalidad activa tiene su reflejo en el artículo 400.3 del Código Integral Penal, pues el Ecuador podrá juzgar a sus nacionales que cometan infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado. No se hace mención expresa a si dichos delitos han de ser cometidos en territorio nacional o en el extranjero, por lo que el tenor literal del artículo abarca ambos supuestos. Encontramos también un principio de personalidad activa especial en los artículos 14.2.c (comisión por servidor público ecuatoriano), 14.4 (comisión por Fuerzas Armadas ecuatorianas) y 400.3 del Código Integral Penal (comisión por Jefe de Estado, representantes diplomáticos y cónsules ecuatorianos), y en el artículo 193 del Código Orgánico de la Función Judicial (comisión por funcionarios sujetos a fuero).

 

Seguidamente, el principio de personalidad pasiva está regulado en el artículo 14.2.b del Código Integral Penal, pues se juzga a los que cometan delitos contra nacionales ecuatorianos siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado.

 

Finalmente, el principio de jurisdicción universal aparece regulado de forma expresa en el Código Integral Penal los supuestos de infracción penal que afecte a bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional en los tratados de los que el Ecuador sea parte, siempre que no se haya iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción (artículo 14.2.d); cuando la infracción constituya una grave violación a los Derechos Humanos (Artículo 14.2.e); comisión de infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado (artículo 400.4º); y para delitos contra la humanidad, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado o por cortes penales internacionales (artículo 401). Por su parte, el artículo 405º regula el Tribunal de jurisdicción competente, pues se determinará la jurisdicción que garantice mejores condiciones para el juicio de la infracción penal, y para la protección y reparación integral de la víctima.

 

Obligación de enjuiciar cuando se niega una extradición

 

El artículo 79 de la Constitución ecuatoriana establece la prohibición de extraditar a un ciudadano ecuatoriano. Sin embargo, el mismo artículo establece a continuación la obligación de juzgar al sujeto conforme a la legislación ecuatoriana.

Artículo 79º:

En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.

 

Cabe decir que el Ecuador forma parte de la Convención sobre Derecho Internacional privado, o Código Bustamante, por lo que en virtud del artículo 345, el Estado que no entregue a un nacional, estará obligado a juzgarlo.

 

Integración de los crímenes internacionales en el derecho interno

 

Existe una variedad de delitos de naturaleza internacional que han sido incorporados a la legislación nacional del Ecuador. No obstante, los mismos no siempre respetan el contenido y extensión de la definición propia del Derecho internacional reconocible principalmente a través de convenciones y tratados internacionales. Esto podrá representar un verdadero problema en términos prácticos si se pretende aplicar un delito internacional conforme a una definición de derecho interno más amplia que la original cuyo impacto se hará tangible principalmente en solicitudes de extradición y cuando se agreda al principio de doble incriminación.

 

En primer lugar, el artículo 79 del Código Integral Penal regula el crimen de genocidio, con varias diferencias respecto del Estatuto de Roma.

La primera diferencia con el Estatuto de Roma, es que la legislación ecuatoriana exige el elemento clásico de los crímenes de lesa humanidad, de sistematización o generalidad. Este elemento añadido puede complicar enormemente la prueba, pues si ya de por sí es complicado probar la intención de destruir al grupo protegido, el carácter sistemático o generalizado de dicha destrucción es aún más complejo de probar.

El segundo elemento que diferencia el genocidio ecuatoriano del genocidio internacional, es que el Ecuador elimina el grupo racial de su definición, pero añade el grupo político como grupo protegido. Esta diferencia puede resultar polémica, puesto que la comunidad internacional no quiso incluir al grupo político como posible víctima de genocidio por las dificultades prácticas que podía suponer la clasificación de las personas en uno u otro grupo.

A continuación, la legislación ecuatoriana añade a las conductas subyacentes del genocidio el traslado forzoso de niñas y adolescentes, y no sólo el de niños, si bien se les puede entender incluidos en la categoría general del Estatuto de Roma.

Finalmente, el Código Integral Penal ha tipificado en su artículo 80 el denominado etnocidio, que consiste en la destrucción total o parcial de la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario. Puede considerarse como una modalidad de genocidio, puesto que en éste último se incluye el grupo étnico como grupo protegido. La diferencia radica en que el etnocidio protege la identidad cultural, y no la integridad física.

Por tanto, la legislación ecuatoriana amplía la definición internacional en ciertos aspectos (inclusión del grupo político, inclusión de adolescentes, y tipificación de la destrucción de la identidad cultural), pero la restringe en otros (eliminación del grupo racial y adición del elemento sistemático o generalizado).

 

Seguidamente se regulan una serie de crímenes contra la humanidad. Si bien existe un delito autónomo de lesa humanidad, existen otra serie de delitos autónomos ecuatorianos que encajan dentro de las conductas subyacentes establecidas en el Estatuto de Roma.

El delito autónomo de lesa humanidad se encuentra regulado en el artículo 89 del Código Integral Penal, el cual coincide con el artículo 7 del Estatuto de Roma en el carácter generalizado o sistemático del ataque perpetrado contra una población civil, además de en varias conductas subyacentes (asesinato, esclavitud, desplazamiento forzado de la población, privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, la violación, la prostitución forzada, el embarazo y esterilización forzados y la desaparición forzada).

Por otra parte, el resto de conductas subyacentes del artículo 7 del Estatuto de Roma, si bien no aparecen en el tipo específico del artículo 89, se encuentran reguladas como delitos autónomos en los artículos del Código Integral Penal: 81 (Exterminio, que coincide con la definición del Estatuto); 83 (Deportación o traslado forzoso de población, que coincide con la definición del Estatuto, a pesar de ser una conducta subyacente del artículo 89); y 86 (Persecución, que también coincide con la definición establecida en el Estatuto).

Vemos por tanto que el legislador del Ecuador respeta prácticamente en su totalidad la definición internacional de crimen contra la humanidad, si bien tipificándola en distintos delitos autónomos.

 

Por otro lado, la sección cuarta del capítulo primero (Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario) regula los Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, es decir los crímenes de guerra. La legislación ecuatoriana es muy exhaustiva a la hora de tipificar los crímenes de guerra, pues en primer lugar, establece un listado de personas protegidas (Población civil; personas que no participen en el conflicto, que han depuesto las armas, indefensas o fuera de combate; apátridas o refugiados; personal sanitario, religioso, o de las Naciones Unidas; periodistas o corresponsales de guerra; y asilados políticos) añadiendo una cláusula que incluye a cualquier otra persona que los Convenios de Ginebra de 1949 consideren persona protegida (Artículo 111 Código Integral Penal). Seguidamente, se definen los bienes protegidos, en el artículo 112 (De carácter civil que no sean objetivo militar; destinados a asegurar la existencia e integridad de los civiles y los destinados a la supervivencia de aquellos; los que formen parte de una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria; los destinados a la satisfacción de derechos del buen vivir y los destinados al culto religioso, artístico, a las ciencias o beneficencia; y los que formen parte del patrimonio histórico, cultural o ambiental). Finalmente, antes de empezar con las conductas subyacentes, se definen las armas prohibidas como todas aquellas contenidas en los Convenios de Ginebra y demás instrumentos internacionales del Derecho internacional humanitario.

Tras las definiciones de personas y bienes protegidos, y de armas prohibidas, se tipifican las conductas subyacentes de los crímenes de guerra que se pueden dividir en varias subcategorias: Actos contra personas protegidas (Homicidio (artículo 115), atentado a la integridad sexual y reproductiva (artículo 116), lesión a la integridad física (artículo 117), mutilaciones o experimentos (artículo 118), tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 119), castigos colectivos (artículo 120), privación de libertad (artículo 125), ataque con fines terroristas (artículo 126), abolición y suspensión de derechos (artículo 131), denegación de garantías judiciales (artículo 133), y omisión de medidas de socorro, de asistencia humanitaria y de protección (artículos 134 y 135)); actos contra la correcta conducción de las hostilidades (empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado (artículo 121), utilización de armas prohibidas (artículo 122), obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (artículo 124), reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (artículo 127), toma de rehenes (artículo 128), infracciones contra los participantes activos en conflicto armado (artículo 129), traslado arbitrario o ilegal (artículo 130), modificación ambiental con fines militares (artículo 132), contribuciones arbitrarias (artículo 136), prolongación de hostilidades (artículo 137), y abuso de emblemas (artículo 139)); y actos contra los bienes protegidos y de la parte adversa (ataque a bienes protegidos (artículo 123), destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa (artículo 138)).

A diferencia del Estatuto de Roma, la legislación del Ecuador no distingue entre conflictos armados internacionales y no internacionales, por lo que todas las conductas mencionadas se pueden incluir como crimen de guerra, ya se produzcan en el seno de un conflicto internacional o en el seno de un conflicto no internacional.

 

A continuación, se tipifica el crimen de agresión, en el artículo 88 del Código Integral Penal. No se da una definición de lo que se considera acto de agresión, pero la tipificación general de “realización de un acto de agresión o ataque armado” permite un tipo bastante abierto que incluya las distintas conductas del artículo 8bis del Estatuto de Roma. A día de hoy, Ecuador no ha ratificado las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión, por lo que por el momento no sería posible complementar la definición abierta de la legislación ecuatoriana con la establecida en el Estatuto de Roma. Sin embargo, la Misión Permanente ante las Naciones Unidas de Ecuador expresó el 30 de octubre de 2017 que el Ecuador “se encuentra en proceso de la ratificación de dichas enmiendas”[8].

 

También se encuentra regulado el crimen de Apartheid en la legislación interna del Ecuador, en el artículo 87 del Código Integral Penal. Al igual que lo que ocurre con el crimen de agresión, la definición interna no coincide con la definición internacional del crimen, pero el tipo abierto que utiliza el legislador ecuatoriano “actos violatorios de derechos humanos”, manteniendo el elemento contextual del régimen opresivo institucionalizado y sistemático permiten incluir las conductas tipificadas internacionalmente. Ahora bien, la definición internacional habla de “grupo racial”, mientras que la legislación interna del Ecuador menciona sólo al “grupo étnico”, lo que puede suponer un problema práctico a la hora de incluir a los sujetos en el grupo.

 

Seguidamente, se regula el crimen de esclavitud como delito autónomo, en el artículo 82 del Código Integral Penal, regulación que coincide con la definición internacional establecida en la Convención Internacional sobre esclavitud. Dicho crimen puede complementarse con el delito de trabajos forzados o explotación laboral tipificado en el artículo 105.

 

El crimen de desaparición forzada aparece tipificado en el artículo 84 del Código Integral Penal de forma idéntica a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Además de lo dicho, el artículo 90 de la Constitución ecuatoriana incluye un procedimiento de investigación y actuación en caso de que existan indicios sobre la comisión de dicho delito.

 

Respecto del crimen de tráfico de seres humanos, la legislación ecuatoriana lo incorpora en los artículos 91 a 93 y 213 del Código Integral Penal, coincidiendo con la definición del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y ampliándola ya que se incluyen en la legislación ecuatoriana conductas no previstas en la definición internacional (promesa de matrimonio; adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; reclutamiento forzoso para conflictos armados o para delinquir; la mendicidad; y una cláusula abierta que incluye cualquier modalidad de explotación. El artículo 91 regula las conductas del crimen; el artículo 92 regula la pena genérica, con varias circunstancias agravantes (si la víctima forma parte de grupo de atención prioritaria o está en situación de doble vulnerabilidad, o cuando entre la víctima y autor exista relación afectiva, de convivencia, familiar, de dependencia económica o cualquier vínculo de autoridad, educativa, religiosa o laboral; que la víctima sufra enfermedades o daños graves o irreversibles; que se produzca la muerte de la víctima); y el artículo 93 establece la exención de la responsabilidad por los delitos cometidos por la víctima que sean resultado directo de haber sido objeto de la trata. Finalmente, el artículo 213 del Código Integral Penal tipifica la modalidad migratoria del tráfico de seres humanos.

Vemos por tanto que la tipificación interna del crimen de trata de personas es bastante más amplia que la tipificación internacional.

 

Por último, la legislación ecuatoriana tipifica el delito de tortura en el artículo 151 de su Código Integral Penal. Es una definición más amplia que la contenida en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pues el contenido íntegro de esta se encuentra incluido en la legislación interna con una cláusula genérica “con cualquier finalidad”, si bien no se incluye el motivo discriminatorio, y la comisión por un funcionario o agente público es una circunstancia agravante, y no una condición objetiva.

 

Los crímenes de piratería y de ecocidio no se encuentran regulados de forma expresa en la legislación ecuatoriana, si bien con respecto del último cabe decir que la naturaleza es sujeto de derechos, en base a los artículos 10 y 71 de la Constitución, lo cual abre la puerta a una posible inclusión del ecocidio en el Derecho interno del Ecuador.

 

Para concluir el análisis de la legislación interna, cabe mencionar los artículos 66.3.c, y 66.29.b de la Constitución del Ecuador, por contener una prohibición constitucional de la tortura, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. También el artículo 80 de la Constitución establece la imprescriptibilidad de las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión, además de la imposibilidad de indulto para estos delitos. Dicho precepto se encuentra complementado y reforzado por los artículos 16.4, 73 y 75 del Código Integral Penal, que establecen lo mismo.

 

  1. Cuadro de delitos y puntos de conexión:
República del Ecuador
Fuente jurídica Delito Punto de conexión Otros comentarios
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.1º

Cualquier delito Principio de territorialidad  
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.2.aº

Cualquier delito Principio de territorialidad (ubicuidad)

 

Cualquiera siempre que la infracción produzca efectos en el Ecuador.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.2.bº

Cualquier delito Personalidad pasiva Si el delito no ha sido juzgado en el extranjero
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.2.cº

Cualquier delito Personalidad activa especial Cometida por servidor público ecuatoriano.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.2.dº

Delitos recogidos en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador Jurisdicción universal Siempre que no se haya iniciado juzgamiento en otra jurisdicción.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.2.eº

Violaciones graves a los derechos humanos Jurisdicción universal Conforme a las reglas procesales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.3º

Cualquier delito Principio extensivo de territorialidad A bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana.

 

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 14.4º

Cualquier delito

 

Personalidad activa especial Cometidas por servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero.

Conforme al principio de reciprocidad.

Constitución Política

Artículos 10º y 71º

    Reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho
Constitución Política

Artículo 80º

Genocidio, crímenes lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas y crímenes de agresión a un Estado   Establece la imprescriptibilidad de estos delitos, además de la responsabilidad penal del superior que ordena la comisión y del subordinado que lo ejecuta.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 15º

Cualquier delito

 

  Ámbito personal de aplicación (nacionales o extranjeros que cometan infracciones)
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 16º

    Ámbito temporal de aplicación. Reitera la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, además de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y acciones legales por daños ambientales.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 400.1º

Cualquier delito Principio de territorialidad  
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 400.2º

Cualquier delito Personalidad activa especial -Comisión por Jefe de Estado o representantes diplomáticos del Ecuador y sus familias.

-Comisión por cónsules ecuatorianos.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 400.3º

Cualquier delito Principio extensivo de territorialidad A bordo de naves aéreas o marítimas ecuatorianas.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 400.4º

Infracciones contra el Derecho Internacional o tratados internacionales vigentes Jurisdicción universal Siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 401º

Delitos contra la humanidad Jurisdicción universal -Siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado o por cortes penales internacionales,

-De conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal

y en los tratados internacionales suscritos y ratificados.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 79º

Genocidio   Se requiere que se lleve a cabo de manera sistemática o generalizada

-Elimina la destrucción de grupo racial.

-Incluye la destrucción de grupo político.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 80º

Etnocidio   Modalidad de genocidio, basada en la destrucción de la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 81º

Exterminio   Conducta subyacente del crimen de lesa humanidad del Estatuto de Roma, regulada de forma autónoma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 82º

Esclavitud   Coincide con la Convención Internacional sobre Esclavitud.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 83º

Deportación o traslado forzoso de población   Conducta subyacente del crimen de lesa humanidad del Estatuto de Roma, regulada de forma autónoma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 84º

Desaparición forzada   Coincide con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 85º

Ejecución extrajudicial   Conducta subyacente del crimen de lesa humanidad del Estatuto de Roma, regulada de forma autónoma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 86º

Persecución   Conducta subyacente del crimen de lesa humanidad del Estatuto de Roma, regulada de forma autónoma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 87º

Apartheid   Eliminación del grupo racial, sustituyéndolo por grupo étnico.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 88º

Agresión   Tipo abierto que incluye cualquier acto. Se puede completar la definición con el Estatuto de Roma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 89º

Delitos de lesa humanidad   No incluye el asesinato, ni el exterminio, conforme al Estatuto de Roma, pero los tipifica de forma autónoma.
Código Orgánico Integral Penal

Artículo 91º

Trata de personas   Definición más amplia que la definición internacional.
Código Orgánico Integral Penal

Artículos 111º a 139º

Crímenes de guerra.   -Todas las conductas pueden darse en el seno de un conflicto armado internacional o no internacional.

-Remisión a los Convenios de Ginebra de 1949.

Código Orgánico Integral Penal

Artículo 150º

Tortura   Definición más amplia que la definición internacional.

 

  • Fuentes de documentación:

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_8104-1522-4-30.pdf?080602223505

[1] HERRERA, S.,. Informe Nacional. Ecuador [en línea]. Dificultades jurídicas y políticas para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Georg-August-Universität-Göttingen – Konrad denauer Stiftung. Año 2006, núm, p.242. Disponible en:

http://www.kas.de/wf/doc/kas_8104-1522-4-30.pdf?080602223505 (Último acceso el 20/02/2018).

[2] Ibíd.

[3] “Ecuador declares that, in accordance with the provisions of article 42 of its Political Constitution, it will not permit extradition of its nationals.”

[4] El artículo 416 de la Constitución establece que en las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano y en consecuencia: “6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.

[5] Más de 25.000 pescadores mexicanos denuncian a British Petroleum. http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/29/actualidad/1430336214_980738.html (Última consulta realizada el 20/02/2018)

[6] Disponible en web: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117669 (Última consulta realizada el 20/02/2018)

[7] PRIETO, J.M., Derechos de la naturaleza. Fundamento, contenido y exigibilidad jurisdiccional [en línea]. Nuevo Derecho Ecuatoriano. Corte Constitucional del Ecuador. 2013, núm 4, p. 184. Disponible en web:

http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Espanol/Prieto_DDN_2013.pdf (Última consulta realizada el 03/07/2018)

[8] 72° Período de sesiones de la asamblea general. Tema 76. “informe de la corte penal internacional” Disponible en: http://papersmart.unmeetings.org/media2/16154910/ecuador-item-76.pdf (Último acceso el 22/03/2018).