ESTADOS UNIDOS TX

Estados Unidos de América

 

  1. Fuentes del derecho que regulan de manera general y específica la aplicación extraterritorial de la ley penal:

 

  • Constitución de los Estados Unidos de América.
  • Código de los Estados Unidos (United States Code):
    • Título 10 – Fuerzas Armadas (Title 10 – Armed Forces).
    • Título 15 – Comercio e Intercambio (Title 15 – Commerce and Trade).
    • Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal (Title 18 – Crimes and Criminal Procedure).
    • Título 28 – Judicatura y procedimiento judicial (Title 28 – Judiciary and Judicial Procedure).
  • Manual de las Cortes Marciales de los Estados Unidos (Manual for Courts-Martial, United States)

 

  1. Derecho interno y derecho internacional. Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional:

 

  • Relación del orden interno y los tratados internacionales:

 

La relación entre el orden interno estadounidense y los tratados internacionales aparece expresamente regulada en la Constitución de los Estados Unidos, la cual promulga en su artículo VI que los tratados válidamente celebrados por el país se incorporan directamente a su legislación interna:

Artículo VI: (Traducción no oficial)[1]

[…]

Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan en virtud de ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán ley suprema del país y los jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier disposición contraria que se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier estado.

[…]

 

Así mismo, la sección 2 del artículo III extiende la jurisdicción de los jueces y tribunales estadounidenses a los casos derivados no sólo de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, sino también a los derivados de los Tratados internacionales celebrados por el país:

Artículo III, Sección 2: (Traducción no oficial)[2]

El Poder judicial se extenderá a todos los casos, en derecho y equidad, derivados de esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados celebrados o que se realizarán bajo su autoridad;

[…]

 

En base a estos dos artículos de la Constitución, parece poder afirmarse a priori que los Estados Unidos de América son un país con un sistema monista con primacía del derecho internacional.

 

Sin embargo, no hay que olvidar que el sistema estadounidense es heredero del sistema common law. En este sentido, la Corte Suprema en el caso de Medellín vs. Texas afirmó que hay normas internacionales que no se aplican directamente y que requieren de la expedición de leyes por parte del Congreso para que los mismos tengan efecto vinculante en los Estados Unidos:

Traducción no oficial[3]

En virtud de la Constitución de los Estados Unidos, los tribunales estatales no están obligados a cumplir una obligación convencional de los Estados Unidos al hacer cumplir una decisión de la Corte Internacional de Justicia.

La Corte Suprema también ha afirmado que, en caso de darse un conflicto entre un tratado internacional y un estatuto federal, prevalece el que sea posterior. Sin embargo, las cortes de rango inferior, han sostenido uniformemente que ante tales conflictos, prevalecerá siempre el estatuto federal, indistintamente del momento de su expedición:

Traducción no oficial [4]

Finalmente, la ley de los Estados Unidos ha permitido durante mucho tiempo que las leyes federales reemplacen las leyes internacionales inconsistentes anteriores. La Corte Suprema ha sostenido que cuando hay un conflicto entre un estatuto federal y un tratado, la posterior en el tiempo prevalece como ley de los EE. UU. Y los tribunales inferiores uniformemente han sostenido que cuando hay un conflicto entre un estatuto federal y el derecho internacional consuetudinario, el estatuto prevalece, siendo indiferente el momento de su expedición.

Como resultado, el Congreso es libre de anular las limitaciones del derecho internacional, incluida la ley internacional de jurisdicción prescriptiva, al promulgar un estatuto penal. El Congreso, no el derecho internacional o los tribunales federales, en última instancia, controla el ejercicio de la jurisdicción penal universal en los Estados Unidos.

 

Por su parte, la doctrina ha concluido que:

Traducción no oficial[5]

[…] Medellín nos ha dejado con una regla sobre el derecho internacional en materia de los tratados que no puede reconciliarse con el texto o la estructura de la Constitución de los EE.UU. No concede a los tratados el estatus que deberían tener de conformidad con la Cláusula de Supremacía y tampoco concede la protección debida a la separación constitucional de poderes, porque de acuerdo con Medellín, tanto la rama ejecutiva como el Senado puede dar efecto doméstico a un acuerdo internacional con la mera declaración de tener la intención de que así sea. Esto conlleva a la omisión del papel de la Cámara de Representantes de promulgar la legislación interna. Adicionalmente, la decisión de Medellín convierte a los Estados Unidos en un país dualista de facto y podría potencialmente resultar precisamente en la situación que Kelsen describía como “insostenible”. La conducta que exige la legislación nacional pone a Estados Unidos en violación de sus obligaciones jurídicas internacionales.

 

Por tanto, si bien la Constitución establece claramente el carácter monista de los Estados Unidos en la relación del derecho internacional con la legislación interna, se debe tener en cuenta el sistema jurídico de common law que se aplica en este país y su jurisprudencia, y que como consecuencia de esto, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Medellín vs. Texas da lugar a afirmar –como lo ha hecho la doctrina- que en la práctica, Estados Unidos se comporta como un Estado dualista.

 

  • Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional
Derecho Convencional

Internacional

Corte Penal Internacional Estatuto de Roma. Firmado el 31 de diciembre de 2000 (firma revocada).
Piratería Convención sobre el Derecho del Mar (art. 105). No ha firmado.
Crímenes de Guerra I Convenio de Ginebra (art. 49). Ratificado el 2 de agosto de 1955.
II Convenio de Ginebra (art. 50). Ratificado el 2 de agosto de 1955.
III Convenio de Ginebra (art. 129). Ratificado el 2 de agosto de 1955.
IV Convenio de Ginebra (art. 146). Ratificado el 2 de agosto de 1955.
Bienes Culturales en Conflicto Armado Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 (art. 28). Ratificado el 13 de marzo de 2009.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 1999 (art. 16).   No ha firmado.
Tortura Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 (art. 7). Ratificado el 21 de octubre de 1994.
Apartheid Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 (art. 5). No ha firmado.
Desapariciones Forzadas Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (art. 9.2). No ha firmado.
Actos de terrorismo Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970 (art. 4.2). Ratificado el 14 de septiembre de 1971.
Convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979 (art. 5.2). Ratificado el 7 de diciembre de 1984.
Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 (art. 6.4). Ratificado el 26 de junio de 2002.
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 (art. 7.4). Ratificado el 26 de junio de 2002.
Convenio Internacional para la represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (arts. 9-11). Ratificado el 30 de septiembre de 2015.
Crímenes contra diplomáticos Convención de las Naciones Unidas sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente Protegidas de 1973 (art. 7). Ratificado el 26 de octubre de 1976.
Narcotráfico Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (art. 4.2.b). Ratificado el 20 de febrero de 1990.
Delincuencia Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 15.4). Ratificado el 3 de noviembre de 2005.
Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 42.4). Ratificado el 30 de octubre de 2006.
Derecho Convencional Interamericano Tortura Convención Interamericana para Prevenir y   Sancionar la Tortura de 1985 (arts. 12 y 14). No ha firmado.
Desapariciones Forzadas Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 (arts. 4 y 5). No ha firmado.

 

  • Reservas y declaraciones a tratados internacionales:

 

Entre las reservas y declaraciones emitidas por el Estado en cuestión en relación a los tratados internacionales de naturaleza penal cabe destacar las siguientes por guardar cierta relevancia con el objeto del presente análisis.

 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984

 

Las reservas hechas por parte de los Estados Unidos a esta convención cobran relevancia en el presente análisis, en la medida en que condicionan la aplicación de la misma al entendimiento que de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se hacen en dichas reservas.

 

Traducción no oficial[6]

  1. El asesoramiento y consentimiento del Senado está sujeto a las siguientes reservas:

(1) Que Estados Unidos se considera obligado a la provisión del artículo 16 de prevenir ‘tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’, sólo en la medida en que el concepto de ‘tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ signifique los tratos o penas crueles, inhumanos e inusuales prohibidos por la Quinta, Octava, y/o Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

(2) Que de conformidad con el artículo 30(2) los Estados Unidos declara que no se considera obligado por el Artículo 30(1), pero se reserva el derecho específicamente para acordar seguir este o cualquier otro procedimiento de arbitraje en un caso en particular.

  1. El asesoramiento y consentimiento del Senado está sujeto a las siguientes interpretaciones, las cuales deberán aplicarse a las obligaciones de los Estados Unidos bajo esta Convención:

(1)

(a) Que en relación con el artículo 1, los Estados Unidos entienden que, para que sea considerado tortura, el acto debe estar específicamente dirigido a la causación intencional de dolor o sufrimiento, físico o mental, severo, y que el dolor o sufrimiento mental debe referirse al daño mental prolongado causado por o consecuencia de: (1) El infligir intencionalmente o amenazar con infligir dolor o sufrimiento físico severo; (2) la administración o aplicación, o amenaza de administración o aplicación, de sustancias psicoactivas o de otros procedimientos calculados para alterar los sentidos o la personalidad; (3) la amenaza de muerte inminente; o (4) la amenaza de que otra persona será sujeto de muerte inminente, dolor o sufrimiento físico severo, o la administración o aplicación de sustancias psicoactivas u otros procedimientos calculados para alterar profundamente los sentidos o la personalidad.

(b) Que los Estados Unidos entiende que la definición de tortura del artículo 1 se pretende aplicar sólo a actos dirigidos contra personas en custodia o bajo control físico del agresor.

(c) Que respecto del artículo 1 de la Convención, los Estados Unidos entiende que ‘sanción’ incluye sanciones impuestas judicialmente y otras acciones de ejecución autorizadas por la ley de Estados Unidos o por interpretación judicial de dicha ley. Sin embargo, los Estados Unidos entiende que un Estado Parte no podría, a través de sus sanciones domésticas, contrariar el objeto y propósito de esta Convención de prohibir la tortura.

(d) Que respecto del artículo 1 de esta Convención, los Estados Unidos entiende que el concepto de ‘aquiescencia’ requiere que el funcionario público, con antelación a la actuación que constituya tortura, tenga conocimiento de dicha actuación y por lo tanto viole su responsabilidad legal de intervenir para prevenir dicha actuación.

(e) Que respecto del artículo 1 de la Convención, los Estados Unidos entiende que el incumplimiento de los procedimientos y normativa legal aplicables no constituye per se tortura.

(2) Que los Estados Unidos entiende que la frase, ‘donde existan razones fundadas para creer que habría estado en peligro de ser sujeto de tortura’, como se usa en el artículo 3 de la Convención, significa ‘si resulta más probable que hubiese sido torturado.’

(3) Que es del entendimiento de los Estados Unidos que el artículo 14 requiere a los Estados Parte a otorgar un derecho privado de acción por daños sólo para actos de tortura cometidos en territorio de la jurisdicción de dicho Estado Parte.

(4) Que los Estados Unidos entiende que el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, y no considera que esta Convención restrinja o prohíba a los Estados Unidos aplicar la pena de muerte, conforme con la Quinta, Octava, y/o Décimo Cuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo cualquier período constitucional de confinamiento previo a la imposición de la pena de muerte.

(5) Que los Estados Unidos entiende que la Convención deberá ser implementada por el Gobierno de los Estados Unidos en la medida en que ejerce su jurisdicción legislativa y judicial sobre los asuntos cubiertos por la Convención y por las autoridades estatales y locales, cuando el Gobierno federal no tenga jurisdicción. En consecuencia, en la implementación de los artículo 10-14 y 16, el Gobierno de los Estados Unidos deberá tomar las medidas adecuadas para el sistema federal con la finalidad de que las autoridades competentes de las unidades constituyentes de los Estados Unidos de América puedan tomar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a la Convención.

III. El asesoramiento y consentimiento del Senado está sujeto a la siguiente declaración:

(1) Que los Estados Unidos declara que las provisiones del artículo 1 al 16 de la Convención no se aplican de forma automática.

 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

 

La reserva hecha a esta convención se hace en relación a la extradición, pues los Estados Unidos de América no considera que dicho tratado pueda ser considerado como base legal exclusiva para extraditar a un sujeto implicado en un crimen de tráfico de drogas:

 

Traducción no oficial[7]

Interpretaciones:

(1) Nada en este Tratado exige o autoriza legislación u otra acción de los Estados Unidos de América prohibida por la Constitución de los Estados Unidos.

(2) Los Estados Unidos no considerarán esta Convención como el fundamento jurídico para la extradición de ciudadanos a ningún país con el que los Estados Unidos carezcan de tratado bilateral de extradición vigente.

(3) De conformidad con los derechos de los Estados Unidos en virtud del artículo 7 de este tratado de denegar solicitudes que perjudiquen sus intereses esenciales, los Estados Unidos denegarán una solicitud de asistencia cuando la autoridad designada, previa consulta con todos los servicios de inteligencia apropiados, contra los estupefacientes, y las agencias de política exterior, tienen información específica de que un alto funcionario del gobierno que tendrá acceso a la información que se proporcionará en virtud de este tratado participa o facilita la producción o distribución de drogas ilegales.

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

 

La reserva hecha a esta convención se hace en función de la distinción entre los delitos que son objeto de aplicación de la ley penal federal, y aquellos que sean objeto de aplicación de la Convención:

 

Traducción no oficial[8]

(1) Los Estados Unidos de América se reservan el derecho de asumir las obligaciones derivadas de la Convención de un modo acorde con los principios fundamentales del federalismo, según lo cual tanto las leyes penales federales como las de cada estado deberán ser consideradas en relación con la conducta planteada en esta Convención. La ley penal federal de los Estados Unidos, la cual regula la conducta basada en sus efectos en el comercio interestatal o exterior, u otro interés federal, sirve como un componente importante del régimen legal dentro de los Estados Unidos, para combatir la corrupción y es ampliamente efectiva para estos fines. La ley penal federal no aplica cuando la conducta penal no implica el comercio interestatal o exterior, u otro interés federal. Existen situaciones considerables que involucran delitos de carácter estrictamente local, en los cuales la ley penal federal y estatal puede no estar completamente adecuada para cumplir con la obligación bajo esta Convención. Asimismo, en el sistema estadounidense, los estados son responsables de implementar las medidas preventivas que rijan a sus funcionarios. Si bien los estados de manera general regulan sus propios asuntos de conformidad con las obligaciones expuestas en el capítulo de medidas preventivas de esta Convención, en algunos casos estos pueden hacerlo de manera diferente. Por consiguiente, pueden darse situaciones en donde la ley estatal y la federal no se adecúen completamente para cumplir con las obligaciones de los Capítulos II y III de la Convención. Por lo tanto, los Estados Unidos de América se reserva respecto de las obligaciones establecidas en la Convención en la medida en que (1) tipifica la conducta que correspondería a esta estrecha categoría de actividades muy localizadas, o (2) supone medidas preventivas no previstas en la ley federal que rige a funcionarios locales y estatales. Esta reserva no afecta en ninguna medida la habilidad de los Estados Unidos de proveer cooperación internacional a otros Estados Parte, de conformidad con lo establecido en la Convención.

(2) Los Estados Unidos de América se reservan el derecho de no aplicar en parte la obligación establecida en el Artículo 42, parágrafo 1 (b) respecto de los delitos establecidos de conformidad con la Convención. Los Estados Unidos no prevé plena jurisdicción sobre los delitos que se cometen a bordo de naves que enarbolen su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes. Sin embargo, en muchas circunstancias, la ley de los Estados Unidos provee de jurisdicción sobre dichos delitos cometidos en naves estadounidenses – de propiedad o pabellón de los Estados Unidos o registrados conforme a sus leyes. Por consiguiente, los Estados Unidos deberá implementar el parágrafo 1(b) de conformidad a lo establecido en la ley federal.

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

 

Igual que en el caso anterior, los Estados Unidos hace esta reserva para clarificar el ámbito de aplicación de la ley penal federal:

 

Traducción no oficial [9]

(1) Los Estados Unidos de América se reserva el derecho de asumir obligaciones bajo la Convención de modo tal que sean consistentes con los principios fundamentales del federalismo, para lo cual tanto la ley penal federal como las estatales deberán ser consideradas en relación con la conducta tratada en la Convención. La ley penal federal de los EEUU, la cual regula conductas con base en su efecto en el comercio interestatal y el comercio exterior, o cualquier otro interés federal, sirve como el régimen legal principal dentro de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado, y es ampliamente efectivo para estos fines. La ley penal federal no aplica en el extraño caso en que la conducta criminal no involucre el comercio interestatal o el comercio exterior, o cualquier otro interés federal. Existe un pequeño número de posibles situaciones en que se den estas extrañas infracciones en que el efecto sea puramente local, por lo cual la ley penal federal y la ley penal estatal pueden no estar totalmente adecuadas para satisfacer la obligación bajo esta Convención. Por lo tanto, los Estados Unidos de América se reserva a las obligaciones dispuestas en la Convención, en la medida en que estas regulan la conducta que encajaría dentro de la pequeña categoría de actividad altamente localizada. Esta reserva no afecta de ninguna manera la habilidad de los Estados Unidos para proveer cooperación internacional a las otras Partes, como se contempla en la Convención.

(2) Los Estados Unidos de América se reservan el derecho de no aplicar en parte la obligación estipulada en el Artículo 15, parágrafo 1(b) con respecto a las infracciones establecidas en la Convención. Los Estados Unidos no proveen plena jurisdicción sobre los delitos que se cometen a bordo de naves que enarbolen su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes. Sin embargo, en muchas circunstancias, la ley de los Estados Unidos provee de jurisdicción sobre dichos delitos cometidos en naves estadounidenses – de propiedad o pabellón de los Estados Unidos o registrados conforme a sus leyes. Por consiguiente, los Estados Unidos deberá implementar el parágrafo 1(b) de conformidad a lo establecido en la ley federal.

(3) De conformidad con el Artículo 35, parágrafo 3, los Estados Unidos de América declara que no considera vinculante la obligación estipulada en el Artículo 35, parágrafo 2.

 

  • Transcripción literal de los artículos relevantes:

 

A continuación se presenta una relación de provisiones relevantes para nuestro análisis ya que definen en el ordenamiento interno delitos de naturaleza internacional o articulan la aplicación extraterritorial de la ley penal a través de la inclusión de diversos criterios de jurisdicción.

 

– Criterios de jurisdicción:

Constitución de los Estados Unidos de América

Artículo Iº, Sección 8ª: (Traducción no oficial)[10]

El Congreso tendrá poder para:

[…]

Definir y castigar la Piratería y los delitos cometidos en alta mar y los delitos contra el Derecho Internacional;

[…]

 

Artículo IIIº, Sección 2ª: (Traducción no oficial)[11]

El Poder judicial se extenderá a todos los casos, en derecho y equidad, derivados de esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados celebrados o que se realizarán bajo su autoridad; a todos los casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos, y cónsules; a todos los casos de jurisdicción marítima y marítima; a controversias de las cuales los Estados Unidos serán parte; a controversias entre dos o más Estados; entre un Estado y ciudadanos de otro Estado, entre ciudadanos de diferentes Estados, entre ciudadanos del mismo Estado que reclaman tierras bajo donaciones de diferentes Estados, y entre un Estado, o los ciudadanos de los mismos, y Estados, ciudadanos o sujetos extranjeros.

[…]

 

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal.

Sección 7ª: Jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos definida (Traducción no oficial)[12]

El término “jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos”, como se utiliza en este título, incluye:

(1) La alta mar, cualquier otra agua dentro del almirantazgo y la jurisdicción marítima de los Estados Unidos y fuera de la jurisdicción de cualquier Estado en particular, y cualquier buque que pertenezca en todo o en parte a los Estados Unidos o cualquier ciudadano de la misma, o cualquier corporación creada por o bajo las leyes de los Estados Unidos, o de cualquier Estado, Territorio, Distrito o posesión de los mismos, cuando dicho buque se encuentre dentro de la jurisdicción de almirantazgo y marítima de los Estados Unidos y fuera de la jurisdicción de cualquier Estado en particular.

(2) Cualquier buque registrado, con licencia o inscripto bajo las leyes de los Estados Unidos, y que esté en un viaje sobre las aguas de cualquiera de los Grandes Lagos, o de cualquiera de las aguas que los conectan, o sobre el Río San Lorenzo donde el lo mismo constituye la Línea Fronteriza Internacional.

(3) Cualquier terreno reservado o adquirido para el uso de los Estados Unidos, y bajo la jurisdicción exclusiva o concurrente del mismo, o cualquier lugar comprado o adquirido de otro modo por los Estados Unidos con el consentimiento de la legislatura del Estado en el que será, para la construcción de un fuerte, una revista, un arsenal, un astillero u otro edificio necesario.

(4) Cualquier isla, roca o llave que contenga depósitos de guano, que puede, a discreción del Presidente, considerarse como perteneciente a los Estados Unidos.

(5) Cualquier aeronave perteneciente en su totalidad o en parte a los Estados Unidos, o cualquier ciudadano de la misma, o a cualquier corporación creada por o bajo las leyes de los Estados Unidos, o cualquier estado, territorio, distrito o posesión de los mismos, mientras tal la aeronave está en vuelo sobre alta mar o sobre cualquier otra aguas dentro de la jurisdicción marítima y marítima de los Estados Unidos y fuera de la jurisdicción de cualquier Estado en particular.

(6) Cualquier vehículo utilizado o diseñado para volar o navegar en el espacio y en el registro de los Estados Unidos de conformidad con el Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre mientras el vehículo está en vuelo, desde el momento en que todas las puertas externas se cierran en la Tierra después del embarque hasta el momento en que se abre una en la tierra para desembarcar o en el caso de un aterrizaje forzoso, hasta que las autoridades competentes asuman la responsabilidad del vehículo y de las personas y bienes a bordo.

(7) Cualquier lugar fuera de la jurisdicción de cualquier nación con respecto a una ofensa por o contra un nacional de los Estados Unidos.

(8) En la medida permitida por el derecho internacional, cualquier buque extranjero durante un viaje que tenga una salida programada o llegue a los Estados Unidos con respecto a un delito cometido por o contra un nacional de los Estados Unidos.

(9) Con respecto a las ofensas cometidas por o contra un nacional de los Estados Unidos como se usa ese término en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad,

(A) los locales de los Estados Unidos diplomáticos, consulares, militares u    otros Estados Unidos Misiones o entidades gubernamentales en Estados            extranjeros, incluidos los edificios, partes de edificios y terrenos que sean     necesarios o auxiliares o utilizados a los fines de esas misiones o entidades,   independientemente de la propiedad; y

(B) residencias en Estados extranjeros y las tierras conexas o accesorias,      independientemente de la propiedad, utilizadas a los fines de esas misiones          o entidades o utilizadas por el personal de los Estados Unidos asignado a       esas misiones o entidades.

Nada en este párrafo se considerará que sustituye a ningún tratado o acuerdo internacional con el que este párrafo entre en conflicto. Este párrafo no se aplica con respecto a un delito cometido por una persona descrita en la sección 3261 (a) de este título.

 

Sección 1091ª: Genocidio (Traducción no oficial)[13]

[…]

(e) JURISDICCIÓN. -Existe jurisdicción sobre los delitos descritos en los incisos (a), (c) y (d) si-

(1) el delito se comete en su totalidad o en parte dentro de los Estados         Unidos; o

(2) independientemente de dónde se cometa la ofensa, el presunto    delincuente es-

(A) un ciudadano de los Estados Unidos (como ese término se                                  define en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad               (8 U.S.C. 1101));

(B) un extranjero admitido legalmente para residencia permanente               en los Estados Unidos (como ese término se define en la sección                        101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1101));

(C) una persona apátrida cuya residencia habitual es en los Estados               Unidos; o

(D) presente en los Estados Unidos.

 

Sección 1596ª: Jurisdicción adicional en ciertos delitos de trata (Traducción no oficial)[14]

(a) EN GENERAL.- Además de cualquier jurisdicción interna o extraterritorial de otra manera establecida por la ley, los tribunales de los Estados Unidos tienen jurisdicción extraterritorial sobre cualquier delito (o cualquier intento o conspiración para cometer un delito) bajo las secciones 1581, 1583, 1584, 1589, 1590 o 1591 si-

(1) un presunto delincuente es un ciudadano de los Estados Unidos o un        extranjero admitido legalmente para la residencia permanente (según esos      términos se definen en la sección 101 de la Ley de Inmigración y     Nacionalidad    (8 U.S.C. 1101)); o

(2) un presunto delincuente está presente en los Estados Unidos,       independientemente de la nacionalidad del presunto delincuente.

(b) LIMITACIÓN EN LAS PERSECUCIONES DE OFENSAS PROCEDENTES EN OTROS PAÍSES. No se puede entablar un proceso contra una persona en virtud de esta sección si un gobierno extranjero, de conformidad con la jurisdicción reconocida por los Estados Unidos, ha enjuiciado o está enjuiciando a esa persona por la conducta constitutiva de tal delito, excepto con la aprobación del Fiscal General o el Fiscal General Adjunto (o una persona que actúe en tal capacidad), cuya función de aprobación no puede ser delegada.

 

Sección 2340Aª: Tortura (Traducción no oficial)[15]

(a) DELITO.- Quien fuera de los Estados Unidos cometa o intente cometer tortura será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos, y si la muerte resulta en una conducta prohibida por esta subsección, será castigado con la muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por vida.

(b) JURISDICCIÓN. -Existe jurisdicción sobre la actividad prohibida en la subsección (a) si-

(1) el presunto delincuente es un ciudadano de los Estados Unidos; o

(2) el presunto delincuente está presente en los Estados Unidos,        independientemente de la nacionalidad de la víctima o presunto             delincuente.

(c) CONSPIRACIÓN. Una persona que conspira para cometer un delito en virtud de esta sección estará sujeta a las mismas sanciones (aparte de la pena de muerte) que las sanciones prescritas para la ofensa, cuya comisión fue objeto de la conspiración.

 

Sección 2442ª: Reclutamiento o uso de niños soldados (Traducción no oficial)[16]

[…]

(c) JURISDICCIÓN. -Existe jurisdicción sobre una ofensa descrita en el inciso (a), y cualquier intento o conspiración para cometer tal ofensa, si-

(1) el presunto delincuente es un ciudadano de los Estados Unidos (como      se define en la sección 101 (a) (22) de la Ley de Inmigración y             Nacionalidad (8 USC 1101 (a) (22))) o un extranjero legalmente admitido    por residencia en los Estados Unidos (como se define en la sección 101 (a)            (20) de dicha Ley (8 USC 1101 (a) (20));

(2) el presunto delincuente es una persona apátrida cuya residencia habitual está en los Estados Unidos;

(3) el presunto delincuente está presente en los Estados Unidos,        independientemente de la nacionalidad del presunto delincuente; o

(4) la ofensa ocurre total o parcialmente dentro de los Estados Unidos.

[…]

 

Sección 2332ª: Sanciones penales (Traducción no oficial)[17]

(a) Homicidio.- Quien mata a un ciudadano de los Estados Unidos, mientras dicho ciudadano se encuentre fuera de los Estados Unidos, deberá:

(1) si el acto de matar es un asesinato (como se define en la sección 1111 (a)), se le impondrá una multa bajo este título, se le castigará con la pena de           muerte o prisión por cualquier período de años o de por vida, o ambos;

(2) si el acto de matarla es un homicidio voluntario como se define en la sección     1112 (a) de este título, se le impondrá una multa por este título o se lo encarcelará por no más de diez años, o ambos; y

(3) si el acto de matar es un homicidio involuntario como se define en la sección 1112 (a) de este título, se le impondrá una multa bajo este título o se lo encarcelará por no más de tres años, o ambos.

[…]

 

Sección 2332bª: Actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales (Traducción no oficial)[18]

(a) Actos prohibidos.-

(1) Ofensas. Quien realice una conducta que trascienda las fronteras nacionales y en una circunstancia descrita en la subsección (b),

(A) mata, secuestra, mutila, comete un asalto que resulta en                          lesiones corporales graves, o ataca con un arma peligrosa a                                    cualquier persona dentro de los Estados Unidos; o

(B) crea un riesgo sustancial de lesión corporal grave a cualquier                   otra persona al destruir o dañar cualquier estructura, transporte u                otra propiedad real o personal dentro de los Estados Unidos o al                   intentar o conspirar para destruir o dañar cualquier estructura,                               medio de transporte u otro propiedad real o personal dentro de los               Estados Unidos;

en violación de las leyes de cualquier Estado, o los Estados Unidos, será        castigado según lo prescrito en la subsección (c).

(2) TRATAMIENTO DE AMENAZAS, INTENTOS Y        CONSPIRACIONES.-  Quien amenace con cometer una ofensa bajo el             párrafo (1), o intenta o conspira para hacerlo, será castigado bajo la             subsección (c).

(b) BASES JURISDICCIONALES.-

(1) CIRCUNSTANCIAS.-Las circunstancias a que se refiere el inciso (a)       son-

(A) el correo o cualquier instalación de comercio interestatal o                                extranjero se utiliza para promover la ofensa;

(B) el delito obstruye, retrasa o afecta el comercio interestatal o                              extranjero, o habría obstaculizado, retrasado o afectado el comercio               interestatal o extranjero si el delito hubiera sido consumado;

(C) la víctima, o la víctima prevista, es el Gobierno de los Estados                Unidos, un miembro de los servicios uniformados, o cualquier                                 funcionario, funcionario, empleado o agente de las ramas                             legislativa, ejecutiva o judicial, o de cualquier departamento o                               agencia, de los             Estados Unidos;

(D) la estructura, transporte u otra propiedad real o personal es, en              todo o en parte, propiedad, posesión o arrendamiento a los Estados                       Unidos, o cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos;

(E) el delito se comete en el mar territorial (incluido el espacio                                aéreo de arriba y el fondo del mar y el subsuelo a continuación, y                       las islas artificiales y las estructuras fijas erigidas sobre él) de los                    Estados Unidos; o

(F) el delito se comete dentro de la jurisdicción marítima y                           territorial especial de los Estados Unidos.

[…]

(e) Jurisdicción extraterritorial – Existe jurisdicción federal extraterritorial –

(1) sobre cualquier ofensa bajo la subsección (a), incluyendo cualquier           amenaza, intento o conspiración para cometer tal ofensa.

(2) sobre la conducta que, bajo la sección 3, haga a cualquier persona            cómplice después del hecho a una ofensa bajo la subsección (a).

 

Código de los Estados Unidos, Título 10 – Fuerzas Armadas, Capítulo 47. Código Uniforme de Justicia Militar.

Sección 805ª, Artículo 5º: Aplicabilidad territorial de este capítulo (Traducción no oficial)[19]

Este capítulo se aplica en todos los lugares.

 

Sección 817ª, Artículo 17º: Jurisdicción de los consejos de guerra en general (Traducción no oficial)[20]

(a) Cada fuerza armada tiene jurisdicción de corte marcial sobre todas las personas sujetas a este capítulo. El ejercicio de la jurisdicción por una fuerza armada sobre el personal de otra fuerza armada se realizará de conformidad con las normas prescritas por el Presidente.

(b) En todos los casos, la revisión departamental posterior a la realizada por el oficial con autoridad para convocar a un consejo de guerra general para el comando que llevó a cabo el juicio, cuando esa revisión sea requerida bajo este capítulo, deberá ser llevada a cabo por el departamento que incluye el fuerza armada de la que el acusado es miembro.

 

Sección 818ª, Artículo 18º: Jurisdicción de los tribunales marciales generales (Traducción no oficial)[21]

(a) Sujeto a la sección 817 de este título (artículo 17), los consejos de guerra generales tienen jurisdicción para juzgar a las personas sujetas a este capítulo por cualquier delito sancionado por este capítulo y pueden, bajo las limitaciones que el Presidente prescriba, adjudicar cualquier castigo no prohibido por este capítulo, incluida la pena de muerte cuando esté específicamente autorizado por este capítulo. Las cortes marciales generales también tienen jurisdicción para juzgar a cualquier persona que por la ley de la guerra esté sujeta a juicio por un tribunal militar y puede decidir cualquier castigo permitido por la ley de la guerra.

(b) Un consejo de guerra general del tipo especificado en la sección 816 (1) (B) de este título (artículo 16 (1) (B)) no tendrá jurisdicción para juzgar a ninguna persona por ningún delito para el cual la pena de muerte se puede adjudicar a menos que el caso haya sido remitido previamente a juicio como un caso no capitalista.

(c) De acuerdo con las secciones 819, 820 y 856 (b) de este título (artículos 19, 20 y 56 (b)), solo los consejos de guerra generales tienen jurisdicción sobre una ofensa especificada en la sección 856 (b) (2) ) de este título (artículo 56 (b) (2)).

 

Sección 821ª, Artículo 21º: Jurisdicción de los consejos de guerra no exclusiva (Traducción no oficial)[22]

Las disposiciones de este capítulo que confieren jurisdicción a los consejos de guerra no privan a comisiones militares, tribunales de preboste u otros tribunales militares de jurisdicción concurrente con respecto a delincuentes o delitos que por ley o por la ley de guerra pueden ser juzgados por comisiones militares, preboste tribunales u otros tribunales militares. Esta sección no se aplica a una comisión militar establecida en virtud del capítulo 47A de este título.

 

Manual para las cortes marciales

Regla 201º: Jurisdicción general (Traducción no oficial)[23]

(a) Naturaleza de la jurisdicción de tribunales marciales.

(1) La jurisdicción de las cortes marciales es totalmente penal o        disciplinaria.

(2) El código se aplica en todos los lugares.

(3) La jurisdicción de un consejo de guerra con respecto a ofensas bajo el      código no se ve afectada por el lugar donde se encuentra el consejo de        guerra. La jurisdicción de un consejo de guerra con respecto al gobierno        militar o la ley de guerra no se ve afectada por el lugar donde se desarrolla         el consejo de guerra, salvo que se requiera expresamente lo contrario en       este Manual o en la regla aplicable de derecho internacional.

[…]

(f) Tipos de consejos marciales.

(1) Tribunales marciales generales.

(A) Casos bajo el código.

(i) Salvo que se indique expresamente lo contrario, los                                              consejos de guerra generales pueden juzgar a cualquier                                             persona sujeta al código por cualquier ofensa punible bajo                             el código. Los consejos de guerra generales también                                           pueden juzgar a cualquier persona por una violación de los                            artículos 83, 104 o 106.

(ii) Ante la determinación de culpable de una ofensa                                     castigada por el código, la corte marcial general podrá,                                     dentro de los límites prescritos por este Manual, adjudicar                             cualquier sanción autorizada bajo R.C.M. 1003.

(iii) No obstante cualquier otra regla, la pena de muerte no                           se puede adjudicar si:

(a) No está específicamente autorizado para la                                                         ofensa por el código y la Parte IV de este Manual;                                              o

(b) El caso no ha sido referido con una instrucción                                        especial de que el caso debe ser probado como                                                  capital.

(B) Casos bajo la ley de guerra.

(i) Los consejos de guerra generales pueden juzgar a                                      cualquier persona que por la ley de la guerra esté sujeta a                                   juicio por un tribunal militar por cualquier delito o delito                              contra:

(a) La ley de la guerra; o

(b) La ley del territorio ocupado como un incidente                                      de guerra o beligerancia siempre que la autoridad                                            civil local sea reemplazada total o parcialmente por                                     la autoridad militar de la potencia ocupante. La ley                                            del territorio ocupado incluye la ley penal local                                                        adoptada o modificada por la autoridad                                                               competente, y las proclamas, ordenanzas,                                                     reglamentos u órdenes promulgados por la                                                    autoridad competente de la potencia ocupante.

 

Código de los Estados Unidos, Título 28 – Judicatura y procedimiento judicial (Alien Tort Claim Act)

Sección 1350ª: Reclamación por agravios contra extranjero. (Traducción no oficial)[24]

Los tribunales Federales de Distrito de Estados Unidos serán competentes para conocer de toda acción civil entablada por un extranjero en base a un acto ilícito únicamente, cometido en violación de las leyes de la nación o de un tratado de los Estados Unidos.

 

Código de los Estados Unidos, Título 15 – Comercio e Intercambio (Foreign Corrupt Practice Act)

Sección 78aaª: Jurisdicción para los delitos y demandas (Traducción no oficial)[25]

(a) Regla general

Los tribunales de distrito de los Estados Unidos y los tribunales de los Estados Unidos de cualquier territorio u otro lugar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos tendrán jurisdicción exclusiva sobre las infracciones de este capítulo o las normas y reglamentos del mismo, y sobre todas las demandas en equidad y acciones en la ley presentada para hacer cumplir cualquier responsabilidad o deber creado por este capítulo o las normas y reglamentos en virtud del mismo. Cualquier proceso penal puede presentarse en el distrito en el que se haya producido cualquier acto o transacción que constituya la violación. Cualquier demanda o acción para hacer cumplir cualquier responsabilidad o deber creado por este capítulo o las reglas y reglamentos bajo el mismo, o para prohibir cualquier violación de dicho capítulo o reglas y regulaciones, puede presentarse en cualquier distrito o en el distrito donde se encuentra el acusado o es un habitante o realiza transacciones comerciales, y el proceso en tales casos puede ser notificado en cualquier otro distrito del que el demandado sea un habitante o donde sea que se encuentre el demandado. En cualquier acción o procedimiento instituido por la Comisión bajo este capítulo en un tribunal de distrito de los Estados Unidos para cualquier distrito judicial, una citación emitida para obligar a la asistencia de un testigo o la producción de documentos o cosas tangibles (o ambas) en una audiencia o juicio se puede servir en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos.

La Regla 45 (c) (3) (A) (ii) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil no se aplicará a una citación emitida en virtud de la oración anterior. Los fallos y decretos así emitidos estarán sujetos a revisión según lo dispuesto en las secciones 1254, 1291, 1292 y 1294 del título 28. No se impondrán costos a favor o en contra de la Comisión en ningún procedimiento bajo este capítulo presentado por o en contra de él en el Supremo. Corte u otros tribunales.

(b) Jurisdicción extraterritorial

Los tribunales de distrito de los Estados Unidos y los tribunales de los Estados Unidos de cualquier territorio tendrán jurisdicción respecto de una acción o un procedimiento iniciado o instituido por la Comisión o los Estados Unidos, que alegue una violación de las disposiciones antifraude de este capítulo que impliquen:

(1) conducta dentro de los Estados Unidos que constituye pasos        significativos en el avance de la violación, incluso si la transacción de             valores se produce fuera de los Estados Unidos e involucra solo a      inversores extranjeros; o

(2) conducta que ocurre fuera de los Estados Unidos que tiene un efecto        sustancial previsible dentro de los Estados Unidos.

 

Sección 78dd-3ª: Prácticas de comercio exterior prohibidas a personas que no sean emisores o empresas nacionales (Traducción no oficial)[26]

(a) Prohibición

Será ilegal para cualquier persona que no sea un emisor que esté sujeto a la sección 78dd-1 de este título o una empresa nacional (según se define en la sección 78dd-2 de este título), o para cualquier funcionario, director, empleado o agente de dicha empresa o cualquier accionista de la misma que actúe en nombre de dicha persona, mientras se encuentre en el territorio de los Estados Unidos, haga uso de los correos o cualquier medio o instrumento de comercio interestatal de manera corrupta o realice cualquier otro acto en apoyo de una oferta, pago, promesa de pago o autorización para el pago de cualquier dinero u ofrecer, regalar, prometer dar, o autorizar la entrega de cualquier cosa de valor a

[…]

 

  • Delitos internacionales introducidos en el derecho interno:

 

Genocidio:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 1091ª: Genocidio (Traducción no oficial)[27]

(a) DELITO BÁSICO. Cualquiera que sea, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra y con la intención específica de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

(1) mata a los miembros de ese grupo;

(2) causa lesiones corporales graves a los miembros de ese grupo;

(3) causa el deterioro permanente de las facultades mentales de los    miembros del grupo a través de drogas, tortura o técnicas similares;

(4) somete al grupo a condiciones de vida que pretenden causar la     destrucción física del grupo en su totalidad o en parte;

(5) impone medidas destinadas a prevenir nacimientos dentro del grupo; o

(6) transfiere por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo; será    castigado según lo dispuesto en la subsección (b).

(b) CASTIGO POR DELITO BÁSICO- El castigo por una ofensa bajo la subsección (a) es-

(1) en el caso de una ofensa bajo la subsección (a) (1), donde resulta la          muerte, pena capital o prisión de por vida y una multa de no más de       1.000.000$, o ambas; y

(2) una multa de no más de 1.000.000$ o encarcelamiento por no más de    veinte años, o ambos, en cualquier otro caso.

(c) DELITO POR INCITACIÓN.- Quien directa y públicamente incite a otro a violar el inciso (a) será multado con no más de 500.000$ o encarcelado no más de cinco años, o ambos.

(d) TENTATIVA Y CONSPIRACIÓN. Cualquier persona que intente o conspire para cometer una ofensa bajo esta sección será castigada de la misma manera que una persona que completa la ofensa.

[…]

 

Crímenes de guerra:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 2441ª: Crímenes de guerra (Traducción no oficial)[28]

(a) DELITO.- Quien, dentro o fuera de los Estados Unidos, cometa un crimen de guerra, en cualquiera de las circunstancias descritas en el inciso (b), será multada bajo este título o encarcelada de por vida o cualquier término de años, o ambos, y si la muerte resulta para la víctima, también estará sujeto a la pena de muerte.

(b) CIRCUNSTANCIAS.-Las circunstancias a que se refiere el inciso (a) son que la persona que comete tal crimen de guerra o la víctima de dicho crimen de guerra es un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o un nacional de los Estados Unidos (como definido en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad).

(c) DEFINICIÓN.-Según se usa en esta sección, el término “crimen de guerra” significa cualquier conducta-

(1) definido como una violación grave en cualquiera de las convenciones      internacionales firmadas en Ginebra el 12 de agosto de 1949, o cualquier          protocolo de dicha convención en la que los Estados Unidos sean parte;

(2) prohibido por los artículos 23, 25, 27 o 28 del anexo al Convenio IV de             La Haya,

Respetando las Leyes y Costumbres de la Guerra en la Tierra, firmado el       18 de octubre de 1907;

(3) que constituye una violación grave del artículo 3 común (como se           define en la subsección (d)) cuando se comete en el contexto de un             conflicto armado no internacional y en asociación con él. o

(4) de una persona que, en relación con un conflicto armado y contraria a    las disposiciones del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del uso             de minas, armas trampa y otros artefactos, modificado en Ginebra el 3 de     mayo de 1996 (Protocolo II como enmendado el 3 de mayo de 1996),           cuando los Estados Unidos son parte en dicho Protocolo, voluntariamente   mata o causa daños graves a civiles.

(d) VIOLACIONES COMUNES DEL ARTÍCULO 3.-

(1) CONDUCTA PROHIBIDA. En la subsección (c) (3), el término             “infracción grave del artículo 3 común” significa cualquier conducta (dicha           conducta constituye una violación grave del artículo 3 común de las convenciones internacionales hecho en Ginebra el 12 de agosto, 1949), de        la siguiente manera:

(A) TORTURA.- El acto de una persona que comete, o conspira o               intenta cometer, un acto específicamente destinado a infligir dolor                o sufrimiento físico o mental severo (que no sea dolor o                               sufrimiento incidental a sanciones legales) sobre otra persona                           dentro de su custodia o control físico con el propósito de obtener                 información o una confesión, castigo, intimidación, coacción o                                cualquier razón basada en discriminación de cualquier tipo.

(B) TRATO CRUEL O INHUMANO. -El acto de una persona que               comete, o conspira o intenta cometer, un acto destinado a infligir                         dolor o sufrimiento físico o mental grave o grave (que no sea dolor              o sufrimiento incidental a las sanciones legales), incluido el abuso                      físico grave, sobre otro bajo su custodia o control.

(C) REALIZAR EXPERIMENTOS BIOLÓGICOS.-El acto de una                persona que somete, o conspira o intenta someter, a una o más                             personas bajo su custodia o control físico a experimentos                             biológicos sin un propósito médico o dental legítimo y al hacerlo               pone en peligro el cuerpo o la salud de dicha persona o personas.

(D) ASESINATO.- El acto de una persona que intencionalmente                  mata, conspira o intenta matar, o mata intencionalmente o no                            intencionalmente en el curso de cometer cualquier otra ofensa bajo              esta subsección, una o más personas que no toman parte activa en                        el hostilidades, incluidas aquellas fuera del combate por                                 enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa.

(E) MUTILACIÓN O MANTENIMIENTO.-El acto de una                         persona que hiere intencionalmente, o conspira o intenta dañar, o                       lesiona             intencionalmente o no intencionalmente en el curso de                                cometer cualquier otra ofensa bajo esta subsección, una o más                              personas que no toman parte activa en las hostilidades, incluidos                  los colocados fuera del combate por enfermedad, heridas,                              detención o cualquier otra causa, desfigurando a la persona o                                    personas mediante su mutilación o inhabilitando permanentemente                 a cualquier miembro, miembro u órgano de su cuerpo, sin ninguna                 legitimidad propósito médico o dental.

(F) CAUSAR INTENCIONADAMENTE LESIONES                                               CORPORALES GRAVES.-El acto de una persona que                                          intencionalmente causa, o conspira o intenta causar, lesiones                                   corporales graves a una o más personas, incluidos combatientes                                legales, en violación de la ley de la guerra.

(G) VIOLACIÓN.- El acto de una persona que fuerza o con                          coacción o amenaza de fuerza invade indebidamente, o conspira o                   intenta invadir, el cuerpo de una persona al penetrar, aunque sea                   levemente, la apertura anal o genital de la víctima con cualquier               parte del cuerpo del acusado, o con cualquier objeto extraño.

(H) AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL.- El acto de una persona                                  que fuerza o coacciona o amenaza con usar la fuerza, o conspira o                intenta participar, en contacto sexual con una o más personas, o                             causa, o conspira o intenta causar, una o más personas para tener                        contacto sexual.

(I) TOMA DE REHENES. -El acto de una persona que, a                             sabiendas de haber capturado o detenido a una o más personas,                                amenaza con matar, herir o continuar deteniendo a esa persona o                 personas con la intención de obligar a cualquier nación, persona                    que no sea la rehén, o grupo de           personas para actuar o abstenerse                   de actuar como una condición explícita o implícita para la                                   seguridad o liberación de dicha persona o personas.

(2) DEFINICIONES.-En el caso de una ofensa bajo la subsección (a) por      razón de la subsección (c) (3) –

(A) el término “dolor o sufrimiento mental grave” se aplicará a los              fines de los párrafos (1) (A) y (1) (B) de acuerdo con el significado                   dado a ese término en la sección 2340 (2) de este título;

(B) el término “lesión corporal seria” se aplicará a los fines del                                párrafo (1) (F) de acuerdo con el significado dado a ese término en                        la sección 113 (b) (2) de este título;

(C) el término “contacto sexual” se aplicará a los fines del párrafo               (1) (G) de acuerdo con el significado dado a ese término en la                                sección 2246 (3) de este título;

(D) el término “dolor o sufrimiento físico grave” se aplicará a los                 efectos del párrafo (1) (B) en el sentido de lesión corporal que                              involucra-

(i) un riesgo sustancial de muerte;

(ii) dolor físico extremo;

(iii) una quemadura o desfiguración física de naturaleza                                  grave (que no sean cortes, abrasiones o hematomas); o

(iv) pérdida o deterioro significativo de la función de un                               miembro del cuerpo, órgano o facultad mental; y

(E) el término “dolor o sufrimiento mental grave” se aplicará a los               fines del párrafo (1) (B) de acuerdo con el significado dado al                                término “dolor o sufrimiento mental grave” (como se define en la                sección 2340 (2) de este título), excepto que-

(i) el término “serio” reemplazará el término “severo”                                             donde aparece; y

(ii) en cuanto a la conducta ocurrida después de la fecha de                            promulgación de la Ley de Comisiones Militares de 2006,                          el término “daño mental grave y no transitorio (que no                                            necesita prolongarse)” reemplazará el término “daño                                                mental prolongado” cuando aparece.

(3) INAPLICABILIDAD DE CIERTAS DISPOSICIONES CON                   RESPECTO A DAÑO CRUCIAL O INCIDENTE DE ATAQUE            LEGAL.- La intención especificada para la conducta establecida en los         subpárrafos (D), (E) y (F) o el párrafo (1) excluye la aplicabilidad de        aquellos subpárrafos a un delito bajo la subsección (a) por motivos de la        subsección (c) (3) con respecto a:

(A) daño colateral; o

(B) muerte, daño o lesión como consecuencia de un ataque                           legal.

(4) INAPLICABILIDAD DE TOMAR REHENES AL INTERCAMBIO       DE PRISIONERO. -El párrafo (1) (I) no se aplica a una ofensa bajo la subsección (a) por razón de la subsección (c) (3) en el caso de un       intercambio de prisioneros durante tiempo de guerra.

(5) DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Las definiciones      en esta subsección están destinadas únicamente a definir las infracciones     graves del artículo 3 común y no el alcance total de las obligaciones de los    Estados Unidos en virtud de ese artículo.

 

Sección 2442ª: Reclutamiento o uso de niños soldados (Traducción no oficial)[29]

(a) OFENSA.-Quien sea que a sabiendas-

(1) recluta, recluta o recluta a una persona para que preste servicio mientras            esa persona tenga menos de 15 años de edad en una fuerza o grupo armado;          o

(2) utiliza a una persona menor de 15 años para participar activamente en   hostilidades; saber que esa persona es menor de 15 años de edad, será      castigada según lo dispuesto en la subsección (b).

(b) PENA.- Quien viole, intente o conspire para violar, el inciso (a) será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos y, si la muerte de una persona resulta, será multado bajo este título y encarcelado por cualquier término de años o de por vida.

(c) JURISDICCIÓN. -Existe jurisdicción sobre una ofensa descrita en el inciso (a), y cualquier intento o conspiración para cometer tal ofensa, si-

(1) el presunto delincuente es un ciudadano de los Estados Unidos (como      se define en la sección 101 (a) (22) de la Ley de Inmigración y             Nacionalidad (8 USC 1101 (a) (22))) o un extranjero legalmente admitido    por residencia en los Estados Unidos (como se define en la sección 101 (a)            (20) de dicha Ley (8 USC 1101 (a) (20));

(2) el presunto delincuente es una persona apátrida cuya residencia habitual está en los Estados Unidos;

(3) el presunto delincuente está presente en los Estados Unidos,        independientemente de la nacionalidad del presunto delincuente; o

(4) la ofensa ocurre total o parcialmente dentro de los Estados Unidos.

(d) DEFINICIONES.-En esta sección:

(1) PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS HOSTILIDADES.-El término “participar activamente en hostilidades” significa tomar parte en

(A) actividades militares o de combate relacionadas con el                            combate, incluido el sabotaje y el servicio como señuelo,                                    mensajería o en un puesto de control militar; o

(B) funciones de apoyo directo relacionadas con el combate,                                    incluido el transporte de suministros o la prestación de otros                                  servicios.

(2) FUERZA ARMADA O GRUPO.- El término “fuerza armada o               grupo” significa cualquier ejército, milicia u otra organización                           militar, esté o no patrocinada por el estado, excluyendo cualquier                 grupo reunido únicamente por asociación política no violenta.

 

Piratería:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 1651ª: Piratería bajo la ley de las naciones (Traducción no oficial)[30]

Quien, en alta mar, cometa el delito de piratería tal como lo define la ley de las naciones, y luego es traído o encontrado en los Estados Unidos, será encarcelado de por vida.

 

Tortura:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 2340ª: Definiciones (Traducción no oficial)[31]

Como se usa en este capítulo-

(1) “tortura” significa un acto cometido por una persona que actúa con apariencia de legalidad específicamente destinado a infligir dolor o sufrimiento físico o mental severo (que no sea dolor o sufrimiento incidental a sanciones legales) sobre otra persona bajo su custodia o control físico;

(2) “dolor o sufrimiento mental grave” significa el daño mental prolongado causado por o como resultado de:

(A) la imposición intencional o la amenaza de infligir dolor o sufrimiento    físico severo;

(B) la administración o aplicación, o la administración o aplicación amenazada, de sustancias que alteran la mente u otros procedimientos             calculados para perturbar profundamente los sentidos o la personalidad;

(C) la amenaza de muerte inminente; o

(D) la amenaza de que otra persona sea inminentemente sometida a muerte,            dolor o sufrimiento físico severo, o la administración o aplicación de   sustancias que alteran la mente u otros procedimientos calculados para         perturbar profundamente los sentidos o la personalidad; y

(3) “Estados Unidos” significa los varios Estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y las repúblicas, territorios y posesiones de los Estados Unidos.

 

Sección 2340Aª: Tortura (Traducción no oficial)[32]

(a) OFENSA.- Quien fuera de los Estados Unidos cometa o intente cometer tortura será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos, y si la muerte resulta en una conducta prohibida por esta subsección, será castigado con la muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por vida.

(b) JURISDICCIÓN. -Existe jurisdicción sobre la actividad prohibida en la subsección (a) si-

(1) el presunto delincuente es un ciudadano de los Estados Unidos; o

(2) el presunto delincuente está presente en los Estados Unidos,        independientemente de la nacionalidad de la víctima o presunto             delincuente.

(c) CONSPIRACIÓN. Una persona que conspira para cometer un delito en virtud de esta sección estará sujeta a las mismas sanciones (aparte de la pena de muerte) que las sanciones prescritas para la ofensa, cuya comisión fue objeto de la conspiración.

 

Esclavitud:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 1581ª: Esclavitud; obstrucción (Traducción no oficial)[33]

(a) Quien mantenga o devuelva a una persona a una condición de peonaje, o arresta a cualquier persona con la intención de ponerlo o devolverlo a una condición de peonaje, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la muerte resulta de la violación de esta sección, o si la violación incluye secuestro o intento de secuestro, abuso sexual agravado o intento de cometer abuso sexual con agravantes o intento de asesinato, el acusado será multado bajo este título o encarcelado por cualquier término de años o vida, o ambos.

(b) Quien obstruya o intente obstruir o de alguna manera interfiera o impida la aplicación de esta sección, será responsable de las sanciones prescritas en el inciso (a).

 

Sección 1583ª: Atracción hacia la esclavitud (Traducción no oficial)[34]

(a) Quien-

(1) secuestra o se lleva a cualquier otra persona, con la intención de que esa otra persona sea vendida en servidumbre involuntaria o             retenida           como esclava;

(2) tienta, persuada o induce a cualquier otra persona a subir a bordo de         cualquier embarcación o a cualquier otro lugar con la intención de que       pueda ser hecho o retenido como esclavo, o sea enviado fuera del     país para hacerlo o retenida; o

(3) obstruye, o intenta obstruir, o de alguna manera interfiere o impide la     aplicación de esta sección, será multado bajo este título, encarcelado no            más de 20 años, o ambos.

(b) Quien viole esta sección será multado bajo este título, encarcelado por cualquier período de años o de por vida, o ambos si-

(1) la violación resulta en la muerte de la víctima; o

(2) la violación incluye secuestro, intento de secuestro, abuso sexual             agravado, intento de cometer abuso sexual con agravantes o intento de        asesinato.

 

Constitución de los Estados Unidos

Decimotercera Enmienda: Abolición de la esclavitud. (Traducción no oficial)[35]

  1. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito del cual la parte debe haber sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos, o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción.
  2. El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo mediante la legislación apropiada.

 

Tráfico de seres humanos:

Código de los Estados Unidos, Título 18 – Crímenes y procedimiento criminal

Sección 1585ª: Incautación, detención, transporte o venta de esclavos (Traducción no oficial)[36]

Quien sea ciudadano o residente de los Estados Unidos y miembro de la tripulación o compañía naviera de cualquier buque extranjero que participe en la trata de esclavos, o quien pertenezca a la tripulación o compañía del buque de cualquier buque poseído en todo o en parte, o navegado por, o en nombre de, cualquier ciudadano de los Estados Unidos, tierras de dicho buque, y en cualquier orilla extranjera confisca a cualquier persona con la intención de convertir a esa persona en esclavo, o señuelos, o traer, transportar, recibir, confinar a la fuerza , detiene o transporta a cualquier persona como esclavo a bordo de dicho buque, o, a bordo de dicho buque, ofrece o intenta vender a dicha persona como esclavo, o en alta mar o en cualquier lugar en aguas de marea, transfiere o entrega a cualquier otro si una persona con la intención de convertir a dicha persona en esclava, o aterriza o entrega en tierra desde dicho buque a cualquier persona con la intención de vender, o haber vendido previamente a esa persona como esclavo, se le impondrá una multa con este título o no se le encarcelará más de siete años, o ambos.

 

Sección 1590ª: Tráfico con respecto al peonaje, la esclavitud, la servidumbre involuntaria o el trabajo forzado (Traducción no oficial)[37]

(a) Quienquiera reclute, transporte, transmita, proporcione u obtenga a sabiendas, por cualquier medio, a una persona para trabajos o servicios en violación de este capítulo será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos. Si la muerte resulta de la violación de esta sección, o si la violación incluye secuestro o intento de secuestro, abuso sexual agravado o intento de cometer abuso sexual con agravantes o intento de asesinato, el demandado será multado bajo este título o encarcelado por cualquier término de años o vida, o ambos.

(b) Quien obstruya, intente obstruir o de alguna manera interfiera con o impida la aplicación de esta sección, estará sujeto a las sanciones bajo la subsección (a).

 

Sección 1591ª: Tráfico sexual de niños o por la fuerza, fraude o coacción (Traducción no oficial)[38]

(a) Quien sea a sabiendas-

(1) en o que afecte el comercio interestatal o extranjero, o dentro de la        jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, recluta,            tienta, alberga, transporta, provee, anuncia, mantiene, patrocina o solicita   por cualquier medio a una persona; o

(2) beneficios, financieramente o al recibir cualquier cosa de valor, de la       participación en una empresa que participó en un acto descrito en violación         del párrafo (1), saber, o, excepto cuando el acto que constituye la violación             del párrafo (1) es anunciando, con despreocupado desconocimiento del    hecho, que los medios de fuerza, amenazas de fuerza, fraude, coerción           descritos en la subsección (e) (2), o cualquier combinación de estos medios se usarán para provocar que la persona participe en un acto sexual    comercial Actuar, o que la persona no haya cumplido los 18 años de edad y           se vea obligada a participar en un acto sexual comercial, será castigada         según lo dispuesto en el inciso (b).

(b) El castigo por una ofensa bajo la subsección (a) es-

(1) si la ofensa se efectuó por medio de la fuerza, amenazas de fuerza,          fraude o coerción descritas en la subsección (e) (2), o por cualquier             combinación de tales medios, o si la persona reclutada, seducida,       albergada, transportada , proporcionado, obtenido, publicitado, patrocinado     o solicitado no había alcanzado la edad de 14 años en el momento de tal       delito, por una multa bajo este título y encarcelamiento por cualquier    término de años no menos de 15 o de por vida; o

(2) si la ofensa no fue efectuada, y la persona reclutada, seducida,      albergada, transportada, provista, obtenida, publicitada, patrocinada o             solicitada había alcanzado la edad de 14 años pero no había alcanzado la       edad de 18 años en el tiempo de tal delito, con una multa bajo este título y            encarcelamiento por no menos de 10 años o de por vida.

(c) En un proceso bajo el inciso (a) (1) en el cual el acusado tuvo una oportunidad razonable de observar a la persona así reclutada, seducida, albergada, transportada, provista, obtenida, mantenida, patrocinada o solicitada, el Gobierno no necesita probar que el acusado sabía, o ignorado imprudentemente el hecho, que la persona no había cumplido los 18 años.

(d) Quien obstruya, intente obstruir o de alguna manera interfiera o impida la aplicación de esta sección, será multado bajo este título, encarcelado por un término que no exceda los 20 años, o ambos.

(e) En esta sección:

(1) El término “abuso o amenaza de abuso de la ley o proceso legal”             significa el uso o amenaza de uso de una ley o proceso legal, ya sea             administrativo, civil o penal, de cualquier manera o para cualquier     propósito para el cual la ley no fue diseñado, con el fin de ejercer presión             sobre otra persona para hacer que esa persona tome alguna medida o se        abstenga de tomar alguna medida.

(2) El término “coerción” significa-

(A) amenazas de daño serio o restricción física contra cualquier                                persona;

(B) cualquier esquema, plan o patrón destinado a hacer que una                                 persona crea que el hecho de no realizar un acto resultaría en daño                    serio o restricción física contra cualquier persona; o

(C) el abuso o amenaza de abuso de la ley o el proceso legal.

(3) El término “acto sexual comercial” significa cualquier acto sexual, a       causa del cual cualquier cosa de valor es dada o recibida por cualquier          persona.

(4) El término “participación en un emprendimiento” significa ayudar a       sabiendas, apoyar o facilitar una violación de la subsección (a) (1).

(5) El término “daño grave” significa cualquier daño, ya sea físico o no        físico, incluido el daño psicológico, financiero o de reputación, que sea lo   suficientemente grave, bajo todas las circunstancias circundantes, para          obligar a una persona razonable del mismo origen y en las mismas             circunstancias para realizar o continuar realizando actividad sexual   comercial para evitar incurrir en ese daño.

(6) El término “empresa” significa cualquier grupo de dos o más individuos   asociados de hecho, ya sea o no una entidad legal.

 

  1. Jurisprudencia:

 

Caso United States v. Ali Mohamed – Somalia

 

El caso United States v. Ali Mohamed Ali fue el primero[39] en que Estados Unidos aplicó el principio de jurisdicción universal contra un pirata somalí, invocando el derecho internacional. Al acusado se le imputaba el haber ayudado a piratas somalíes a secuestrar un barco de Bahamas, incluyendo la toma de rehenes en el Golfo de Adén en 2008. No había ningún nexo de los hechos con EEUU, ninguno de los miembros de la tripulación tenía nacionalidad de ese país.

Para determinar la posibilidad de la persecución extraterritorial de los hechos, en virtud del principio de jurisdicción universal, el tribunal analizó la descripción del delito de piratería del artículo 101 de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. Pese a no haberse firmado dicha Convención, el tribunal utilizó la definición internacional de piratería en ella establecida para analizar el caso,entendiendo que dicha definición es aplicable a la ayuda y complicidad con el delito de piratería. No ocurrió lo mismo con la acusación de conspiración, que no pudo sostenerse.

 

En cuanto se refiere a la toma de rehenes, aunque este delito no está incluido dentro de la definición de piratería, el tribunal considera de los Estados pueden incluir delitos dentro de la aplicación extraterritorial de la ley penal a través de sus ordenamientos internos, lo cual hizo EEUU al ratificar la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Considera el tribunal que, aunque Somalia no sea Estado parte de la Convención, ésta permite a los Estados que sí son parte la aplicación de la misma.[40]

 

Estado de Israel v. John Demjanjuk

Demjanjuk era un mecánico ucraniano que emigró a los Estados Unidos de América en 1952, haciéndose con la ciudadanía estadounidense en 1958. El 23 de junio de 1981, la Corte del Distrito Norte de Ohio le retiró la ciudadanía, al encontrar que éste había mentido en la solicitud de la ciudadanía. Particularmente había mentido acerca de su lugar de residencia en el período entre 1937 y 1948, y que no había revelado haber trabajado para la SS Nazi en el campo de concentración Treblinka en Polonia, desde 1942.

 

El 18 de octubre de 1983, el Estado de Israel emitió orden de arresto en contra de Demjanjuk por los asesinatos de ciudadanos judíos, punible bajo la Ley de Castigo a los Nazis y Colaboradores de los Nazis. A estos fines, el Estado de Israel presentó ante el Departamento de Estado de los EEUU una solicitud de extradición en contra de Demjanjuk, de conformidad con el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Israel y el Gobierno de los EEUU, de 1963. El 6 de diciembre de 1983 se iniciaron los procedimientos de extradición en contra de Demjanjuk.

 

El 15 de abril de 1985, la Corte del Distrito de Ohio confirmó que los cargos en contra de Demjanjuk eran delitos extraditables dentro del marco del Tratado de Extradición. El 31 de octubre de ese mismo año, la decisión se confirmó en instancia de apelación, por parte de la Corte de Apelación del 6o Circuito de los EEUU.

 

Demjanjuk fue extraditado a Israel el 1986 para ser sometido a juicio. El 25 de abril de 1988, la Corte del Distrito de Jerusalén condenó a Demjanjuk por crímenes en contra del pueblo judío, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes en contra de personas perseguidas. Fue condenado a muerte[41]. Sin embargo, dicha sentencia fue revocada por la Corte Suprema Israelí el 29 de julio de 1993[42], puesto que, con la desintegración de la antigua Unión Soviética, aparecieron nuevos documentos que pusieron en duda que Demjanjunk hubiese prestado servicio en Treblinka.

 

Demjanjuk regresó a EEUU en septiembre de 1993. El 17 de noviembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de EEUU declaró que la fiscalía había omitido pruebas exculpatorias respecto de la identidad de éste y revocó la orden de extradición.

 

El 20 de febrero de 1998, la Corte Federal del Distrito ordenó que se restableciera la ciudadanía de Demjanjuk. En mayo del año siguiente el Departamento de Justicia interpuso querella civil en contra de Demjanjuk, alegando que éste había servido como guardia en los campos de concentración de Sobibor y Majdanek en Polonia y en Flossenburg en Alemania. Adicionalmente fue acusado de ser miembro de la unidad de la SS que capturó aproximadamente 2 millones de judíos en Polonia.

 

En abril de 2004, la Corte de Apelaciones revocó nuevamente la ciudadanía de Demjanjuk, argumentando que había pruebas claras e inequívocas de que Demjanjuk había servido en campos de concentración nazi.

 

En diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó que Demjanjuk fuese deportado a Alemania, Polonia o Ucrania. En diciembre de 2008 la Corte Federal de Justicia de Alemania declaró que la Corte de Munich podía procesar a Demjanjuk si el Fiscal General del Estado eleva cargos en su contra.

 

El 2 de abril de 2009 el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, anunció que Demjanjuk debía ser trasladado a Alemania para iniciar juicio en su contra. Dos semanas después éste fue arrestado en su casa y preparado para ser deportado. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos emitió la respectiva orden de deportación ese mismo día. Un mes después Demjanjuk fue deportado a Alemania.

 

El 30 de noviembre de 2009 se iniciaría el juicio en su contra. El 12 de mayo de 2011 Demjanjuk fue condenado como cómplice del asesinato de 27.900 judíos y sentenciado a 5 años de prisión.

 

Demjanjuk murió el 17 de marzo de 2012, habiendo sido liberado con anterioridad por su avanzada edad y estado de salud.

 

Debido a la condena universal de ciertos actos, el derecho internacional consuetudinario permite a cualquier país ejercer jurisdicción mediante la promulgación de normas que prohíban la realización de dichos actos y provean de jurisdicción, incluso si dicho país no tiene conexión con el acto o el actor. Por lo tanto, Israel podía reclamar la jurisdicción sobre criminales acusados, incluidos nazis, si los actos de que se acusaban eran objeto de jurisdicción universal. Basado en los cargos de haber cometido crímenes nazis, Israel aplicó la jurisdicción universal en los casos de Eichmann y Demjanjuk para juzgarlos en nombre de la comunidad internacional y Estados Unidos colaboró con la extradición y posterior deportación sobre la base de una solicitud fundada sobre el principio de jurisdicción universal. Esto supone una sutil e implícita aceptación de EEUU de la jurisdicción universal como criterio válido para requerir la extradición de un individuo.[43]

Caso Chuckie Taylor[44]

 

Charles McArthur Emmanuel, también conocido como “Chuckie Taylor”, es el hijo del ex-presidente liberiano Charles Taylor (que ostentó el cargo desde 1997 hasta 2003). Una vez en el cargo, Charles Taylor creó la Unidad Anti-Terrorista (UAT), poniendo a Chuckie Taylor como líder de la unidad, el cual se encargó del reclutamiento de efectivos para instalarlos en el campo de entrenamiento de Gbatala. Fue el primer sujeto condenado en Estados Unidos por hechos cometidos en el extranjero, en base a la sección 2340A del título 18 del Código de los Estados Unidos.

 

Una vez allí, entre abril de 1999 y julio de 2003, Chuckie Taylor habría conspirado en Liberia para cometer actos de tortura y crueldad hacia personas que estaban bajo su guarda y custodia, con el objetivo de reforzar la autoridad de su padre, además de intimidar, castigar, debilitar y eliminar a los oponentes de Charles Taylor.

 

Para ello, Chuckie Taylor habría ordenado a los miembros de su unidad la transferencia de opositores a su base en Gbatala, lugar en donde habría torturado a los opositores de su padre a base de colocarles plástico fundido en la piel, de golpearles con armas y objetos contundentes, de quemarles con cera líquida o cigarrillos encendidos, y de cercenar miembros de sus cuerpos, además de realizar actos de violencia sexual y de obligarles a asistir a la ejecución de una de las víctimas.

 

El 30 de marzo de 2006, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, cuando intentaba acceder al país desde Trinidad y Tobago.

 

Fue acusado de la obtención ilegal de su pasaporte, puesto que utilizó la identidad de su padre, y fue condenado por ello en septiembre de 2006. Sin embargo, un día antes de conocer el veredicto de dicha acusación, fue acusado por los actos de tortura mencionados, sobre los cuales se declaró no culpable.

 

En mayo de 2007, su abogado defensor presentó una solicitud de desestimación de dichas acusaciones, por la inconstitucionalidad de las mismas, alegando que la sección 2340A del Título 18 del Código de los Estados Unidos no era aplicable a las acusaciones de violencia y posesión de armas. Sin embargo la Corte de los Estados Unidos rechazó la solicitud, argumentando que el Congreso de los Estados Unidos tenía autoridad para adoptar la Ley sobre Tortura, el cual establecía la aplicación extraterritorial de dicha ley, siendo por tanto conforme a la Constitución. La Corte interpretó que ningún principio de ius cogens impedía al Congreso hacer comparecer ante la Justicia a los ciudadanos que hubiesen cometido actos ilegales, aun en el extranjero.

 

Finalmente, el 30 de octubre de 2008, el jurado acusó formalmente a Chuckie Taylor por 6 cargos de tortura y complicidad, la comisión de tortura en Liberia y un cargo de uso y posesión de arma con el propósito de cometer actos de violencia. El 9 de enero de 2009 sería condenado a 97 años de prisión.

 

La defensa de Taylor apeló contra dicha sentencia alegando que la Ley sobre la Tortura sobrepasó su ámbito de aplicación, en particular sobre la definición de la tortura y sobre la prohibición contra la conspiración a la comisión de tortura. Alegó también que la sección 924.c del título 18 del Código de los Estados Unidos (que prohíbe la posesión y el uso de armas para cometer actos de violencia) no tenía aplicación extraterritorial, en relación a los actos supuestamente cometidos en Liberia.

 

El 15 de julio de 2010, la Corte Federal del distrito sur de Florida confirmó la condena, por entender que la Ley sobre Tortura fue adoptada en virtud del poder concedido al Presidente para realizar tratados internacionales, y que por tanto forma parte de la legislación del Congreso en virut de la cláusula especial que condena la tortura y la conspiración para cometer actos de tortura. Concluyó la Corte Federal que tanto la Ley sobre Tortura como el título 18 del Código de los Estados Unidos podían aplicarse a los hechos cometidos en el extranjero, confirmando así la condena impuesta a Taylor.

 

Caso Siemens, AG y otros.[45]

 

En diciembre de 2008 la compañía de ingeniería, sistemas y tecnología con sede en Alemania fue protagonista en un caso de corrupción que le costó el pago de 1.600 millones de dólares. Este desembolso fue realizado tanto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos como al Estado alemán –quien también inició diligencias judiciales en razón de los actos de corrupción en los que incidió Siemens-.

La empresa alemana fue condenada por haber pagado sobornos en Argentina, Nigeria, China, Venezuela, Rusia y Vietnam. Los sobornos, en su mayoría, estaban destinados a la adjudicación de contratos de telecomunicaciones, redes eléctricas, equipos médicos, entre otros.

Después de un largo litigio, en el cual se alegó la incompetencia y falta de jurisdicción de los Estados Unidos, en aplicación de la Ley FCPA, la Empresa alemana se declaró culpable y aceptó el pago de 800 millones de dólares al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Estos organismos estadounidenses alegaron jurisdicción en razón de que Siemens posee altos ejecutivos de nacionalidad americana y cotiza en la Bolsa de Nueva York. De esta manera se configurarían los supuestos de sujeto a la ley FCPA por constituirse “terceros y agentes” –altos directivos de Siemens de nacionalidad estadounidense- y “de asuntos domésticos”-la empresa es sujeto al control de la Comisión de Bolsa y Valores al cotizar dentro del mercado bursátil de ese país.

 

Filártiga v Pena-Irala 1980 – Paraguay

 

La familia Filártiga informó a Inmigración acerca de la estancia de Américo Norberto Peña Irala en territorio estadounidense, habiendo caducado su visa de turismo. Peña Irala era un ex oficial del régimen militar de Alfredo Stroessner.

Una vez Peña Irala había sido detenido en los Estados Unidos y estaba siendo procesado para ser deportado a Paraguay, los Filártiga interpusieron demanda civil en su contra por haber secuestrado, torturado y asesinado a Joelito Filártiga, hermano de uno de los demandantes, el 29 de marzo de 1976, bajo el régimen dictatorial de Stroessner en Paraguay. En la demanda alegaban que Peña Irala había causado la muerte de Joelito al torturarlo, y por tanto pretendían la reparación por los daños.

Si bien la familia Filártiga hizo lo posible por obtener justicia por la muerte de Joelito ante la justicia paraguaya, esto no fue posible.

 

Este caso es emblemático porque: (i) representó el primer uso relevante del Alien Tort Claims Act (Estatuto de reclamación por agravios contra extranjero), desde su incorporación en la legislación en 1789[46], y; (ii) la Corte de Apelaciones afirmó que la tortura perpetrada por un funcionario público constituía una violación del Derecho internacional consuetudinario, lo cual otorgaba jurisdicción a las cortes de distrito sobre acciones civiles por un agravio solamente, cometido contra extranjero en violación del derecho internacional (antes “derecho de las naciones”). La corte igualmente declaró que la tortura ejecutada por parte de un funcionario público viola los derechos humanos universalmente aceptados, siendo indiferente la nacionalidad de las partes.[47]

 

Sosa v Alvarez Machain – México

Álvarez Machaín, ciudadano mexicano, aducía haber sido detenido en México en contra de su voluntad y trasladado de igual forma a los Estados Unidos. En este caso, la Corte Suprema resolvió, acudiendo a la decisión en el caso de Filartiga, que la abducción de un extranjero no constituye un “arresto arbitrario” dentro del contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente se afirmaba que las Obligaciones como cuestión de derecho internacional no son impuestas por la Declaración y, si bien el Pacto vincula a los Estados Unidos como una cuestión de derecho internacional, los Estados Unidos la ratificaron con la expresa declaración de que no era “auto-ejecutiva” y por lo tanto no crea por sí misma obligaciones que fuesen ejecutables en los tribunales federales.[48]

 

  1. Explicación y análisis de los artículos:

 

Jurisdicción universal conforme a sus obligaciones internacionales convencionales

 

Los Estados Unidos de América reconocen en su ordenamiento jurídico múltiples opciones que avalan la aplicación extraterritorial de la ley penal, incluyendo el principio de jurisdicción universal.

 

Como ya se ha dicho, a nivel constitucional tiene apariencia de Estado monista, si bien en la práctica su relación con el Derecho internacional se caracteriza por ser dualista. Esto significa que los tratados internacionales debidamente ratificados no suponen una integración automática del Derecho internacional convencional en el ordenamiento jurídico interno.

 

La Misión Permanente ante las Naciones Unidas de los Estados Unidos, en su reporte de 13 de octubre de 2010[49], sobre el alcance y la aplicación de la jurisdicción universal en los Estados Unidos precisa que existen casos en que, si bien es de aplicación el principio de jurisdicción universal, suelen concurrir fundamentos diferentes a éste para justificar la intervención de la justicia estadounidense. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos v Roy M. Belfast, Jr. (Chuckie Taylor), si bien el proceso se inicia por aplicación del principio de jurisdicción universal por los delitos de tortura y conspiración para cometer tortura, en múltiples ocasiones se ha mencionado que en este caso, Chuckie Taylor habría podido ser juzgado sin recurrir a la jurisdicción universal, por ser nacional de los Estados Unidos.[50] No obstante, la Corte de Apelaciones ratifica que en este caso sí se acudió a la jurisdicción universal.

 

De este modo, es preciso revisar los tratados internacionales con naturaleza penal ratificados por los Estados Unidos, reconocer que aquéllos que incluyan una cláusula aut dedere aut iudicare estarán imponiendo una obligación internacional al Estado que habrá de cumplir cuando dicha cláusula sea susceptible de aplicación; es decir, si se constata la presencia de un presunto responsable de un delito internacional recogido en una convención ratificada por Estados Unidos en su territorio y dé lugar a su extradición. En tal supuesto la doctrina internacional consolida el principio por el cual los obstáculos legales internos no son oponibles por parte del Estado a la hora de excusar su incumplimiento con el Derecho internacional. No obstante, como se ha podido comprobar, la jurisprudencia no admite la aplicación directa de los tratados a no ser que exista una norma interna que los incorpore. De este modo se confirma el modelo dualista en que Estados Unidos estaría obligado en el plano internacional, pero no reconocería dicha obligación en su esfera interna.

 

Los delitos internacionales de origen convencional a los que nos referimos en el caso de los Estados Unidos son los crímenes de guerra (recogidos en los Convenios de La Haya y de Ginebra y que incluyen provisiones de jurisdicción universal pura), la tortura, y los delitos contra personas protegidas (que recoge la cláusula aut dedere aut iudicare de forma obligatoria).

 

En el resto de delitos, no se impone la jurisdicción universal, pero sí se permite o reclama que se legisle conforme a ella. Para este último se deben señalar los siguientes delitos: los actos vinculados al terrorismo, la protección de bienes culturales en conflicto armado, (los tratados llaman al Estado ratificante a adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare), la corrupción, el narcotráfico o la delincuencia organizada transnacional (que permite al Estado ratificante adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio aut dedere aut iudicare).

 

Sin embargo, la aplicación de la jurisdicción universal se determina en última instancia por el Congreso, sobre todo en casos en que los tratados internacionales plantean una aplicación más amplia del principio de jurisdicción universal que la contenida en los estatutos federales (véase el genocidio por ejemplo):

 

Traducción no oficial [51]

“En resumen, el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los Estados Unidos lo determina en última instancia el Congreso, no el derecho internacional o los tribunales federales. Si bien el derecho internacional puede desempeñar algún papel en la interpretación de las promulgaciones del Congreso, es probable que su influencia sea modesta en esta área y, en cualquier caso, no puede utilizarse para anular una clara intención legislativa”.

 

Principios de jurisdicción recogidos en la legislación

 

En primer lugar, si bien no hay ningún precepto que regule principio de territorialidad de forma general, como es habitual, dicho principio es la regla habitual de aplicación de la ley penal, por lo que cualquier delito cometido en territorio estadounidense podrá ser perseguido y enjuiciado por los Jueces y Tribunales de los Estados Unidos. Por su parte, el principio de territorialidad extensiva se regula en la sección 7 del título 18 del Código de los Estados Unidos, pues se amplía la jurisdicción estadounidense a la altamar, a los buques que pertenezcan al Estado o a cualquier persona física o jurídica estadounidense, a los terrenos e islas que formen parte de los Estados Unidos, a las aeronaves estadounidenses y a los locales de los Estados Unidos diplomáticos, consulares, militares u otros Estados Unidos Misiones o entidades gubernamentales en Estados extranjeros.

Asimismo, existen varios preceptos que regulan supuestos específicos de aplicación territorial de la Ley, así como el principio de territorialidad extensivo, para delitos específicos en el título 18 del Código de los Estados Unidos, como por ejemplo: la privación de derechos en razón del color (sección 242); el secuestro (sección 1201.a.2 y 3); el genocidio (sección 1091.e.1); el uso de buques dedicados al tráfico de esclavos (sección 1582); el transporte de esclavos (sección 1588); el terrorismo transnacional (sección 2332b.b.1.E y F); el transporte con fines de explotación sexual (sección 2421); o el reclutamiento y uso de niños soldado (sección 2442.c.4) entre otros.

 

Seguidamente, el principio de protección puede verse reflejado en varios preceptos, siendo uno de los más relevantes para el presente análisis el tipo del terrorismo transnacional, pues la sección 2332b.b.1.C prevé el castigo para dicho delito cuando la víctima sea el Gobierno estadounidense.

 

El principio de personalidad activa aparece regulado de forma general en la sección 7.7 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, pues se prevé que los Jueces y Tribunales de los Estados Unidos tendrán jurisdicción sobre los delitos cometidos por los nacionales del Estado.

A parte de la regulación general, existen varios supuestos en los que se aplica el principio de personalidad activa, como es el caso del genocidio (sección 1091.e.2.A), de trata de seres humanos (sección 1596.a.1), de la tortura (sección 2340ª.b.1), reclutamiento de niños soldado (sección 2442.c.1).

Por su parte, el Código de los Estados Unidos, en su título 10, capítulo 47, regula un principio de personalidad activa especial con respecto a los delitos militares, pues podrán los Jueces y Tribunales de los Estados Unidos juzgar al personal militar que cometa ciertos delitos (secciones 17, 18 y 21, así como la regla 201 del Manual para las cortes marciales).

 

A continuación el principio de personalidad pasiva se ve reflejado en la sección 7.7 del título 18 del Código de los Estados Unidos, que prevé el castigo por los jueces y tribunales estadounidenses de los delitos cometidos contra un nacional de los Estados Unidos.

También existen diversos delitos en los cuales se prevé la persecución extraterritorial del delito cuando la víctima sea nacional de los Estados Unidos, como es el caso del homicidio (sección 2332). Asimismo se regula el principio de personalidad pasiva especial para los delitos de terrorismo transnacional cuando la víctima sea cualquier funcionario, empleado o agente de las ramas legislativa, ejecutiva o judicial, o de cualquier departamento o agencia, de los Estados Unidos (sección 2332b.b.1.C).

 

Finalmente, con respecto a las reglas relativas a la aplicación del principio de jurisdicción universal, se encuentran en el Código de los Estados Unidos así como en la Constitución.

En primer lugar, la sección 2 del artículo III de la Constitución estadounidense nos indica que el Poder judicial se extenderá a todos los casos derivados de los tratados celebrados por los Estados Unidos. Por tanto, en base a dicho precepto se puede deducir que si, en ese tratado se incluye una cláusula de jurisdicción universal, ésta será de aplicación en el ordenamiento estadounidense.

Por otro lado, también se aplica el principio de jurisdicción universal en los casos de piratería, genocidio y tortura, pues sólo es necesario que el presunto victimario se encuentre en territorio estadounidense sin importar su nacionalidad o si reside en los Estados Unidos. Tampoco exige el articulado que exista una previa solicitud de extradición a un tercer Estado. Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“[…] varios estatutos de los Estados Unidos proveen de jurisdicción donde la única conexión posible con un delito en particular es la presencia del presunto victimario en los Estados Unidos. Aunque los juicios en estas circunstancias son poco comunes, Estados Unidos cree que dicha jurisdicción, cuando se aplica de forma prudencial, con las respectivas garantías en contra de la aplicación inapropiada, y con la debida consideración de la jurisdicción de otros Estados, puede ser una herramienta importante para asegurar que los victimarios de los crímenes más graves sean llevados ante la justicia y que los Estados Unidos no otorga asilo a estos individuos. Estados Unidos espera aprender de la práctica de otros Estados Miembro, respecto del principio jurisdiccional y su efectiva y apropiada implementación.”[52]

 

En la mayoría de los casos, la jurisdicción universal pura no existe en el derecho estadounidense, puesto que la presencia del victimario es un requisito siempre presente en las leyes que si quiera plantean la posibilidad de dar aplicación al principio.

 

Por otra parte, Estados Unidos es un país que tiene provisiones para otorgar jurisdicción universal civil en casos de daños civiles derivados de la comisión de delitos internacionales sin que medie ningún punto de conexión con el Estado del foro[53]. Así se desprende del Código del alien tort claim act. Esta provisión ha sido utilizada en casos no sólo contra personas físicas, sino también jurídicas.

 

Es necesario mencionar el Título 15 del Código de los Estados Unidos (Foreign Corrupt Practice Act, de 1977), pues su sección 78aa prevé varios criterios de jurisdicción extraterritorial o de territorialidad extensiva en el caso de los delitos de corrupción. La promulgación de dicha ley resulta controvertida, puesto que, si bien en principio se utiliza como criterio de jurisdicción el principio de territorialidad, en realidad cabría hablar más bien del principio de ubicuidad, pues se otorga competencia a los jueces y tribunales estadounidenses para conocer de los hechos ocurridos en el extranjero que sean susceptibles de producir sus efectos en territorio nacional. Para ello, se acude a determinados puntos de conexión muy débiles (por ejemplo el uso de medios telemáticos, o la utilización de cuentas bancarias de paso sitas en los Estados Unidos para transferencias internacionales), que justifican esta supuesta territorialidad, conforme a la sección 78dd-3.

Si bien no puede hablarse de un encubierto principio de jurisdicción universal, ya que se siguen exigiendo (por remotos que sean), diversos puntos de conexión, es posible hablar de una abusiva “universalización del principio de territorialidad”. Así se afirma por parte de la doctrina:

“es menester rememorar las dos bases principales sobre las cuales se erige la potestad jurisdiccional que otorga la ley FCPA: (a) Jurisdicción por nacionalidad, otorga jurisdicción en razón de la vinculación de la persona natural o jurídica con el ordenamiento jurídico de Estados Unidos y su registro solemne en las instituciones de dicho país; (b) Jurisdicción por territorio, reconoce jurisdicción cuando una persona natural o jurídica usa como fin, medio o instrumento al territorio de los Estados Unidos para realizar un acto de corrupción contraviniendo la Ley FCPA.

[…] el solo uso de correo electrónico, cuentas bancarias o líneas telefónicas –cuyas centrales/servidores se encuentren en Estados Unidos- podría ser considerado como una modalidad de uso del suelo de Estados Unidos a manera de instrumento para la comisión de un acto antijurídico. Actualmente, las comunicaciones virtuales son la regla general en la dinámica interactiva de la sociedad; debemos considerar que más del 80% de las mayores empresas de telefonía, datos, correos electrónicos, couriers y demás servidores de comunicaciones se encuentran situadas o directamente relacionadas con los Estados Unidos. Por estas y otras razones, la presente cláusula referente a la jurisdicción por territorio ha sido catalogada por distintos juristas americanos como “de alcance intergaláctico”. Quien utilice un correo electrónico o realice una línea telefónica –cuyo servidor se encuentre dentro del territorio estadounidense-, en principio, podría ser procesado en virtud de la utilización instrumental del territorio americano para la comisión de un acto antijurídico.”[54]

 

Obligación de enjuiciar cuando se niega una extradición

 

Con respecto a la cláusula aut dedere aut iudicare, si bien los Estados Unidos de América forman parte de la mayoría de los Tratados internacionales que la establecen, así como del Código Bustamante, cabe destacar el uso que el Estado hace de las reservas a los tratados que suscribe, como por ejemplo la reserva hecha a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, según la cual los Estados Unidos no consideran que la Convención sea suficiente base legal para solicitar la extradición, remitiéndose por tanto a los tratados bilaterales que tenga con cada país.

Asimismo, el primer informe sobre la obligación de extraditar o juzgar, realizado por el profesor Zdzislaw Galicki[55] indica lo siguiente:

“Los Estados Unidos consideran que su práctica y la de otros países refuerza la idea de que no existe base suficiente en el derecho internacional consuetudinario o en la práctica de los Estados para elaborar un proyecto de artículos que amplíe la obligación de extraditar o juzgar más allá de lo previsto en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes en los que se establece tal obligación.

En opinión de los Estados Unidos, el derecho internacional consuetudinario no contempla ninguna obligación general de extraditar o juzgar por delitos que no estén previstos en acuerdos internacionales que establezcan tal obligación. Los Estados Unidos consideran, por el contrario, que los Estados sólo asumen esas obligaciones al adherirse a instrumentos jurídicos internacionales vinculantes que contengan disposiciones en materia de extradición o enjuiciamiento y que tales obligaciones sólo se aplican respecto de los demás Estados que sean partes en dichos instrumentos. Varios intereses normativos importantes respaldan esta conclusión y esta práctica.”

 

Por tanto, el uso de dichas reservas resulta relevante para dicho análisis en tanto en cuanto el Estado suscribe un tratado internacional multilateral que tipifica crímenes internacionales y establece una cláusula aut dedere aut iudicare (obligatoria u opcional según el caso), pero luego se realiza una remisión a los distintos tratados bilaterales sobre extradición.

 

Integración de los crímenes internacionales en el derecho interno

 

Existe una variedad de delitos de naturaleza internacional que han sido incorporados a la legislación nacional de los Estados Unidos. No obstante, los mismos no siempre respetan el contenido y extensión de la definición propia del Derecho internacional reconocible principalmente a través de las convenciones internacionales. Esto podrá representar un verdadero problema en términos prácticos si se pretende aplicar un delito internacional conforme a una definición de derecho interno más amplia que la original cuyo impacto se hará tangible principalmente en solicitudes de extradición y cuando se agreda al principio de doble incriminación.

 

En primer lugar, el crimen de genocidio ha sido incorporado en la sección 1091 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Pese a que Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, la definición interna del crimen se asemeja bastante a la definición internacional. La diferencia entre ambos tipos radica en el tipo de lesiones, pues en la segunda conducta subyacente de la legislación estadounidense sólo se prevé el castigo de las lesiones corporales graves. Sin embargo, el tercer párrafo del apartado a) prevé el “deterioro permanente de las facultades mentales de los miembros del grupo a través de drogas, tortura, o técnicas similares”, por lo que cabe preguntarse si dicho párrafo es equivalente a la causación de lesiones mentales graves.

 

Seguidamente, se regulan los crímenes de guerra en las secciones 2441 y 2442 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto de la sección 2441, si bien regula en su apartado c) la definición de crimen de guerra haciendo una remisión a cualquier violación de las Convenciones de Ginebra de 1949 y de cualquiera de sus protocolos adicionales, el apartado d) establece una serie de conductas subyacentes como la tortura, el asesinato, la toma de rehenes o los delitos sexuales.

Por su parte, la sección 2442 regula como delito autónomo el reclutamiento y utilización de niños soldados, conducta que también se encuentra recogida en el Estatuto de Roma.

Por tanto, entre la remisión a los Convenios de Ginebra y la tipificación autónoma del reclutamiento de niños soldado, encontramos una legislación interna bastante completa en relación a los crímenes de guerra, en comparación con la legislación internacional.

A continuación, el crimen de piratería se encuentra implementado a nivel interno en la sección 1651 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Pese a que los Estados Unidos no han firmado la Convención sobre el Derecho del Mar, la sección 1651 hace una remisión al derecho consuetudinario para definir la piratería, por lo que la definición interna estadounidense coincide plenamente con la establecida en dicha Convención.

 

El siguiente delito internacional que la legislación estadounidense incorpora es el crimen de torturas. La definición de la tortura se encuentra en la sección 2340 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y difiere con la definición internacional de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en varios puntos.

Para comenzar, la definición estadounidense parece prescindir de la condición de funcionario público o de persona en ejercicio de funciones públicas como sujeto activo, por lo que, conforme al tenor literal del precepto estadounidense, cualquier persona puede cometer el crimen de tortura.

En segundo lugar, no se especifica un fin concreto por el cual haya de cometerse la tortura, por lo que cabe la comisión del delito para cualquier fin.

Finalmente, la legislación de los Estados Unidos define lo que considera “dolor o sufrimiento mental grave”, englobando varias posibilidades en la definición, pero no hace mención a los dolores físicos, por lo que en ese sentido habrá que analizar caso por caso la gravedad de las lesiones físicas.

Por tanto, nos encontramos ante una definición más amplia que la internacionalmente establecida, pues cabe la comisión de tortura por cualquier persona y con cualquier fin.

 

Seguidamente, podemos encontrar el crimen de esclavitud regulado en el régimen interno de los Estados Unidos, a dos niveles.

El crimen autónomo se tipifica en las secciones 1581 y 1583 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, preceptos que tipifican el sometimiento a la condición de esclavo, así como el hecho de mantener o devolver a un sujeto a su condición de esclavo.

Además del crimen autónomo, la esclavitud se encuentra prohibida a nivel constitucional por la Decimotercera Enmienda, lo cual refuerza al tipo penal.

 

Finalmente, la legislación estadounidense incorpora el crimen de tráfico de seres humanos, en las secciones 1585, 1590 y 1591 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Dichas secciones no recogen una modalidad única de trata de personas, tal y como hace el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, sino que cada sección tipifica una modalidad distinta de tráfico.

Así, las secciones 1585 y 1590 regulan el tráfico de personas con fines de esclavitud, mientras que la sección 1591se encarga del tráfico sexual de niños.

Vemos por tanto que la definición de trata coincide prácticamente en su totalidad con la internacionalmente establecida, si bien la legislación estadounidense no hace mención al tráfico con fines de explotación sexual de adultos, ni con fines de extracción de órganos.

 

No existe ninguna regulación autónoma de los crímenes de lesa humanidad, de agresión, de desaparición forzada, de apartheid, ni del incipiente crimen de ecocidio.

 

  1. Cuadro de delitos y puntos de conexión:
Estados Unidos de América
Fuente jurídica Delito Punto de conexión Otros comentarios
Constitución de los Estados Unidos

Artículo IIIº, Sección 2ª

Cualquier delito Jurisdicción universal Siempre que así lo disponga un Tratado celebrado por los Estados Unidos.
Constitución de los Estados Unidos

Artículo Iº, Sección 8ª:

 

Piratería, delitos en alta mar y otros crímenes de Derecho internacional Jurisdicción universal Remisión constitucional a la potestad del Congreso de los EEUU para extender la jurisdicción a esos casos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 7º

Cualquier delito Territorialidad extensiva Delitos cometidos en:

-Altamar,

-Buques que pertenezcan al Estado o a cualquier persona física o jurídica estadounidense,

-Terrenos e islas que formen parte de los Estados Unidos,

-Aeronaves estadounidenses,

-Locales de los Estados Unidos diplomáticos, consulares, militares u otros Estados Unidos Misiones o entidades gubernamentales en Estados extranjeros.

Personalidad activa Cometido en cualquier lugar fuera de la jurisdicción de cualquier nación.
Cometido en cualquier buque extranjero durante un viaje que tenga una salida programada o llegue a los Estados Unidos.
Personalidad pasiva Cometido en cualquier lugar fuera de la jurisdicción de cualquier nación.
Cometido en cualquier buque extranjero durante un viaje que tenga una salida programada o llegue a los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos,

Título 10, Sección 805ª, artículo 5º.

Delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Jurisdicción universal  
Manual para las cortes marciales,

Regla 201ª

 

Delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Jurisdicción universal  
Código de los Estados Unidos,

Título 28, sección 1350ª

Procedimientos civiles Jurisdicción universal civil Acción civil entablada por un extranjero por un daños civiles derivados de un crimen internacional.
Código de los Estados Unidos,

Título 15, sección 78ddª

Corrupción Territorialidad  
Ubicuidad Siempre que se utilicen medios telemáticos, o se utilice una cuenta bancaria sitos en Estados Unidos para transferencias internacionales.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 1091ª

Genocidio Territorialidad Cometido en su totalidad o en parte dentro de los Estados Unidos.
Personalidad activa Cometido por ciudadano de los Estados Unidos, tal y como lo entiende la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1101)
Personalidad activa por residencia Cometido por:

-Un extranjero admitido legalmente para residencia permanente en los Estados Unidos,

-Apátrida cuya residencia habitual es en los Estados Unidos.

Jurisdicción universal Siempre que el sujeto activo se encuentre presente en los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 1596ª

Delitos de trata de personas de las secciones 1581, 1583, 1584, 1589, 1590 o 1591 Personalidad activa Comisión por ciudadano de los Estados Unidos.
Personalidad activa por residencia Cometido por un extranjero admitido legalmente para residencia permanente en los Estados Unidos.
Jurisdicción universal Siempre que el sujeto activo se encuentre presente en los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2332ª

Homicidio Personalidad pasiva Sujeto pasivo es ciudadano de los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2332bª

Terrorismo transnacional Territorialidad extensiva El delito se comete en:

-El mar territorial de los Estados Unidos,

-Dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.

Principio de protección El delito:

-Obstruye, retrasa o afecta el comercio interestatal o extranjero,

-Se dirige contra el Gobierno de los Estados Unido,

-Se dirige contra una estructura, transporte u otra propiedad real o personal que sea, en todo o en parte, propiedad, posesión o arrendamiento a los Estados Unidos, o de cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos.

Personalidad pasiva especial La víctima o potencial víctima es un miembro de los servicios uniformados, o cualquier funcionario, empleado o agente de las ramas legislativa, ejecutiva o judicial, o de cualquier departamento o agencia, de los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2340Aª

Tortura

 

Personalidad activa Comisión por ciudadano de los Estados Unidos.
Jurisdicción universal Siempre que el sujeto activo se encuentre presente en los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2442ª

Reclutamiento o uso de niños soldado Territorialidad Cometido en su totalidad o en parte dentro de los Estados Unidos.
Personalidad activa Comisión por ciudadano de los Estados Unidos.
Personalidad activa por residencia Cometido por:

-Un extranjero admitido legalmente para residencia permanente en los Estados Unidos,

-Apátrida cuya residencia habitual es en los Estados Unidos.

Jurisdicción universal Siempre que el sujeto activo se encuentre presente en los Estados Unidos.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 1091ª

Genocidio   -Definición prácticamente idéntica a la internacionalmente establecida.

-Problema de interpretación en lo que respecta a las lesiones mentales.

Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2441ª

Crímenes de guerra   -Remisión a los Convenios de Ginebra.

-Tipificación autónoma de ciertas conductas subyacentes cometidas en tiempo de guerra.

Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2442ª

Reclutamiento y uso de niños soldado   En el mismo sentido que el Estatuto de Roma.

 

Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 1651ª

Piratería   Remisión al derecho consuetudinario.
Código de los Estados Unidos

Título 18, sección 2340ª

Tortura   Definición más amplia que la internacionalmente establecida:

-cabe la comisión por particular,

-cabe la tortura con cualquier fin.

Constitución de los Estados Unidos,

Decimotercera Enmienda

Esclavitud   Prohibición genérica.
Código de los Estados Unidos

Título 18, secciones 1581ª y 1583ª

Esclavitud    
Código de los Estados Unidos

Título 18, secciones 1585ª, 1590ª y 1591ª

Tráfico de personas   Se tipifican las distintas modalidades de tráfico de seres humanos:

-con fines de esclavitud,

-con fines de explotación sexual de menores.

Sin alusión expresa a:

-la explotación sexual de adultos,

-extracción y tráfico de órganos.

 

  • Fuentes de documentación:

 

  • Constitución de los Estados Unidos:

http://constitutionus.com/

  • US Code:

https://www.law.cornell.edu/uscode/text

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2010-title10/USCODE-2010-title10-subtitleA-partII-chap47/content-detail.html

  • (Documento sobre la aplicación de la Jurisdicción Universal en los Estados Unidos):

www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppJuri_StatesComments/United%20States.pdf

http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-4/filartiga-v-pena-irala/

  • Sosa v. Alvarez-Machain

https://www.law.cornell.edu/supct/html/03-339.ZS.html

http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/876

http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/2014/arxius/wp_2014_-_03__cast_.pdf

  • un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/United%20States.pdf

[1] Article VI:

[…]

This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

[…]

[2] Article III, Section 2:

The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority; […]

[3] States courts are not required under the U.S. Constitution to honor a treaty obligation of the United States by enforcing a decision of the International Court of Justice. Disponible en: http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-10/medellin-v-texas/# (Última consulta realizada el 07/05/2018).

[4] Finally, U.S. law has long allowed federal statutes to supersede earlier inconsistent international law. The Supreme Court has held that when there is a conflict between a federal statute and a treaty, the later in time prevails as a matter of U.S. law. And the lower courts uniformly have held that when there is a conflict between a federal statute and customary international law, the statute prevails, apparently without regard to timing.

As a result, Congress is free to override the limitations of international law, including the international law of prescriptive jurisdiction, when enacting a criminal statute. Congress, not international law or the federal courts, ultimately controls the exercise of universal criminal jurisdiction in the United States.

Bradley, C.A, “Universal Jurisdiction and U.S. Law”. The University of Chicago Legal Forum (2001:323). Pág. 331. Disponible en: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsredir=1&article=1303&context=uclf (Última consulta realizada el 07/05/2018).

[5] Medellín has left us with a rule on treaty law that cannot be reconciled either with the text or the structure of the U.S. Constitution. It neither gives treaties the status they ought to have under the Supremacy Clause nor does it adequately protect the constitutional separation of powers because, according to Medellín, either the executive branch or the Senate can give domestic effect to an international agreement merely by stating an intention to do so. This bypasses the House of Representatives’ role in passing domestic legislation. In addition, the Medellín decision makes the United States a de facto dualist state and could potentially give rise to the very situation that Kelsen described as “untenable.” Conduct that is required under domestic law places the United States in violation of its international legal obligations.

Telman, J. “A Monist Supremacy Clause and a Dualistic Supreme Court: The Status of Treaty Law as U.S. Law.” Valparaiso University School of Law. Law Faculty Publications, 2013.

Disponible en: http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1300&context=law_fac_pubs (Última consulta realizada el 07/05/2018)

[6] I. The Senate’s advice and consent is subject to the following reservations:

(1) That the United States considers itself bound by the obligation under article 16 to prevent `cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’, only insofar as the term `cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ means the cruel, unusual and inhumane treatment or punishment prohibited by the Fifth, Eighth, and/or Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States.

(2) That pursuant to article 30 (2) the United States declares that it does not consider itself bound by Article 30 (1), but reserves the right specifically to agree to follow this or any other procedure for arbitration in a particular case.

  1. The Senate’s advice and consent is subject to the following understandings, which shall apply to the obligations of the United States under this Convention:

(1)

(a) That with reference to article 1, the United States understands that, in order to constitute torture, an act must be specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering and that mental pain or suffering refers to prolonged mental harm caused by or resulting from (1) the intentional infliction or threatened infliction of severe physical pain or suffering; (2) the administration or application, or threatened administration or application, of mind altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or the personality; (3) the threat of imminent death; or (4) the threat that another person will imminently be subjected to death, severe physical pain or suffering, or the administration or application of mind altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or personality.

(b) That the United States understands that the definition of torture in article 1 is intended to apply only to acts directed against persons in the offender’s custody or physical control.

(c)That with reference to article 1 of the Convention, the United States understands that `sanctions’ includes judicially-imposed sanctions and other enforcement actions authorized by United States law or by judicial interpretation of such law. Nonetheless, the United States understands that a State Party could not through its domestic sanctions defeat the object and purpose of the Convention to prohibit torture.

(d) That with reference to article 1 of the Convention, the United States understands that the term `acquiescence’ requires that the public official, prior to the activity constituting torture, have awareness of such activity and thereafter breach his legal responsibility to intervene to prevent such activity.

(e)That with reference to article 1 of the Convention, the Unites States understands that noncompliance with applicable legal procedural standards does not per se constitute torture.

(2) That the United States understands the phrase, `where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture,’ as used in article 3 of the Convention, to mean `if it is more likely than not that he would be tortured.’

(3) That it is the understanding of the United States that article 14 requires a State Party to provide a private right of action for damages only for acts of torture committed in territory under the jurisdiction of that State Party.

(4) That the United States understands that international law does not prohibit the death penalty, and does not consider this Convention to restrict or prohibit the United States from applying the death penalty consistent with the Fifth, Eighth and/or Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States, including any constitutional period of confinement prior to the imposition of the death penalty.

(5) That the United States understands that this Convention shall be implemented by the United States Government to the extent that it exercises legislative and judicial jurisdiction over the matters covered by the Convention and otherwise by the state and local governments. Accordingly, in implementing articles 10-14 and 16, the United States Government shall take measures appropriate to the Federal system to the end that the competent authorities of the constituent units of the United States of America may take appropriate measures for the fulfilment of the Convention.

III. The Senate’s advice and consent is subject to the following declarations:

(1) That the United States declares that the provisions of articles 1 through 16 of the Convention are not self-executing.

[7] Understandings:

(1) Nothing in this Treaty requires or authorizes legislation or other action by the United States of America prohibited by the Constitution of the United States.
(2) The United States shall not consider this Convention as the legal basis for extradition of citizens to any country with which the United States has no bilateral extradition treaty in force.
(3) Pursuant to the rights of the United States under article 7 of this treaty to deny requests which prejudice its essential interests, the United States shall deny a request for assistance when the designated authority, after consultation with all appropriate intelligence, anti-narcotic, and foreign policy agencies, has specific information that a senior government official who will have access to information to be provided under this treaty is engaged in or facilitates the production or distribution of illegal drugs.

[8] (1) The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as an important component of the legal regime within the United States for combating corruption and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are conceivable situations involving offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. Similarly, in the U.S. system, the states are responsible for preventive measures governing their own officials. While the states generally regulate their own affairs in a manner consistent with the obligations set forth in the chapter on preventive measures in the Convention, in some cases they may do so in a different manner. Accordingly, there may be situations where state and federal law will not be entirely adequate to satisfy an obligation in Chapters II and III of the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they (1) address conduct that would fall within this narrow category of highly localized activity or (2) involve preventive measures not covered by federal law governing state and local officials. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other States Parties in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The United States of America reserves the right not to apply in part the obligation set forth in Article 42, paragraph 1 (b) with respect to the offenses established in accordance with the Convention. The United States does not provide for plenary jurisdiction over offenses that are committed on board ships flying its flag or aircraft registered under its laws. However, in many circumstances, U.S. law provides for jurisdiction over such offenses committed on board U.S. – flagged ships or aircraft registered under U.S. law. Accordingly, the United States shall implement paragraph 1 (b) to the extent provided for under its federal law.

[9] (1) The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

(2) The United States of America reserves the right not to apply in part the obligation set forth in Article 15, paragraph 1 (b) with respect to the offenses established in the Convention. The United States does not provide for plenary jurisdiction over offenses that are committed on board ships flying its flag or aircraft registered under its laws. However, in a number of circumstances, U.S. law provides for jurisdiction over such offenses committed on board U.S. -flagged ships or aircraft registered under U.S. law. Accordingly, the United States will implement paragraph 1 (b) to the extent provided for under its federal law

(3) In accordance with Article 35, paragraph 3, the United States of America declares that it does not consider itself bound by the obligation set forth in Article 35, paragraph 2.

[10] Article I, Section 8:

The Congress shall have Power To:

[…]

To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offenses against the Law of Nations;

[11] Article III, Section 2:

The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States;— between a State and Citizens of another State,—between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.

In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under such Regulations as the Congress shall make.

The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.

[12] SECTION 7: Special maritime and territorial jurisdiction of the United States defined

The term “special maritime and territorial jurisdiction of the United States”, as used in this title, includes:

(1) The high seas, any other waters within the admiralty and maritime jurisdiction of the United States and out of the jurisdiction of any particular State, and any vessel belonging in whole or in part to the United States or any citizen thereof, or to any corporation created by or under the laws of the United States, or of any State, Territory, District, or possession thereof, when such vessel is within the admiralty and maritime jurisdiction of the United States and out of the jurisdiction of any particular State.

(2) Any vessel registered, licensed, or enrolled under the laws of the United States, and being on a voyage upon the waters of any of the Great Lakes, or any of the waters connecting them, or upon the Saint Lawrence River where the same constitutes the International Boundary Line.

(3) Any lands reserved or acquired for the use of the United States, and under the exclusive or concurrent jurisdiction thereof, or any place purchased or otherwise acquired by the United States by consent of the legislature of the State in which the same shall be, for the erection of a fort, magazine, arsenal, dockyard, or other needful building.

(4) Any island, rock, or key containing deposits of guano, which may, at the discretion of the President, be considered as appertaining to the United States.

(5) Any aircraft belonging in whole or in part to the United States, or any citizen thereof, or to any corporation created by or under the laws of the United States, or any State, Territory, district, or possession thereof, while such aircraft is in flight over the high seas, or over any other waters within the admiralty and maritime jurisdiction of the United States and out of the jurisdiction of any particular State.

(6) Any vehicle used or designed for flight or navigation in space and on the registry of the United States pursuant to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies and the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, while that vehicle is in flight, which is from the moment when all external doors are closed on Earth following embarkation until the moment when one such door is opened on Earth for disembarkation or in the case of a forced landing, until the competent authorities take over the responsibility for the vehicle and for persons and property aboard.

(7) Any place outside the jurisdiction of any nation with respect to an offense by or against a national of the United States.

(8) To the extent permitted by international law, any foreign vessel during a voyage having a scheduled departure from or arrival in the United States with respect to an offense committed by or against a national of the United States.

(9) With respect to offenses committed by or against a national of the United States as that term is used in section 101 of the Immigration and Nationality Act—

(A) the premises of United States diplomatic, consular, military or other United States

Government missions or entities in foreign States, including the buildings, parts of buildings, and land appurtenant or ancillary thereto or used for purposes of those missions or entities, irrespective of ownership; and

(B) residences in foreign States and the land appurtenant or ancillary thereto, irrespective of ownership, used for purposes of those missions or entities or used by United States personnel assigned to those missions or entities.

Nothing in this paragraph shall be deemed to supersede any treaty or international agreement with which this paragraph conflicts. This paragraph does not apply with respect to an offense committed by a person described in section 3261(a) of this title.

[13] Section 1091: Genocide

[…]

(e) JURISDICTION.—There is jurisdiction over the offenses described in subsections (a), (c), and (d) if—

(1) the offense is committed in whole or in part within the United States; or

(2) regardless of where the offense is committed, the alleged offender is—

(A) a national of the United States (as that term is defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101));

(B) an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States (as that term is defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101));

(C) a stateless person whose habitual residence is in the United States; or

(D) present in the United States.

[14] Section 1596: Additional jurisdiction in certain trafficking offenses

(a) IN GENERAL.—In addition to any domestic or extra-territorial jurisdiction otherwise provided by law, the courts of the United States have extra-territorial jurisdiction over any offense (or any attempt or conspiracy to commit an offense) under section 1581, 1583, 1584, 1589, 1590, or 1591 if—

(1) an alleged offender is a national of the United States or an alien lawfully admitted for permanent residence (as those terms are defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101)); or

(2) an alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality of the alleged offender.

(b) LIMITATION ON PROSECUTIONS OF OFFENSES PROSECUTED IN OTHER COUNTRIES.—No prosecution may be commenced against a person under this section if a foreign government, in accordance with jurisdiction recognized by the United States, has prosecuted or is prosecuting such person for the conduct constituting such offense, except upon the approval of the Attorney General or the Deputy Attorney General (or a person acting in either such capacity), which function of approval may not be delegated.

 

[15] Section 2340A: Torture

(a) OFFENSE.—Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life.

(b) JURISDICTION.—There is jurisdiction over the activity prohibited in subsection (a) if—

(1) the alleged offender is a national of the United States; or

(2) the alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality of the victim or alleged offender.

(c) CONSPIRACY.—A person who conspires to commit an offense under this section shall be subject to the same penalties (other than the penalty of death) as the penalties prescribed for the offense, the commission of which was the object of the conspiracy.

[16] Section 2442: Recruitment or use of child soldiers

[…]

(c) JURISDICTION.—There is jurisdiction over an offense described in subsection (a), and any attempt or conspiracy to commit such offense, if—

(1) the alleged offender is a national of the United States (as defined in section 101(a)(22) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(22))) or an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States (as defined in section 101(a)(20) of such Act (8 U.S.C. 1101(a)(20));

(2) the alleged offender is a stateless person whose habitual residence is in the United States;

(3) the alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality of the alleged offender; or

(4) the offense occurs in whole or in part within the United States.

[…]

[17] Section 2332: Criminal Penalties

(a) Homicide.-Whoever kills a national of the United States, while such national is outside the United States, shall-

(1) if the killing is murder (as defined in section 1111(a)), be fined under this title, punished by death or imprisonment for any term of years or for life, or both;

(2) if the killing is a voluntary manslaughter as defined in section 1112(a) of this title, be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both; and

(3) if the killing is an involuntary manslaughter as defined in section 1112(a) of this title, be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.

[…]

[18] Section 2332b: Acts of terrorism transcending national boundaries

(a) Prohibited Acts.-

(1) Offenses.-Whoever, involving conduct transcending national boundaries and in a circumstance described in subsection (b)-

(A) kills, kidnaps, maims, commits an assault resulting in serious bodily injury, or assaults with a dangerous weapon any person within the United States; or

(B) creates a substantial risk of serious bodily injury to any other person by destroying or damaging any structure, conveyance, or other real or personal property within the United States or by attempting or conspiring to destroy or damage any structure, conveyance, or other real or personal property within the United States;

in violation of the laws of any State, or the United States, shall be punished as prescribed in subsection (c).

(2) TREATMENT OF THREATS, ATTEMPTS AND CONSPIRACIES.—Whoever threatens

to commit an offense under paragraph (1), or attempts or conspires to do so, shall be punished under subsection (c).

(b) JURISDICTIONAL BASES.—

(1) CIRCUMSTANCES.—The circumstances referred to in subsection (a) are—

(A) the mail or any facility of interstate or foreign commerce is used in furtherance of the offense;

(B) the offense obstructs, delays, or affects interstate or foreign commerce, or would have so obstructed, delayed, or affected interstate or foreign commerce if the offense had been consummated;

(C) the victim, or intended victim, is the United States Government, a member of the uniformed services, or any official, officer, employee, or agent of the legislative, executive, or judicial branches, or of any department or agency, of the United States;

(D) the structure, conveyance, or other real or personal property is, in whole or in part, owned, possessed, or leased to the United States, or any department or agency of the United States;

(E) the offense is committed in the territorial sea (including the airspace above and the seabed and subsoil below, and artificial islands and fixed structures erected thereon) of the United States; or

(F) the offense is committed within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States.

[…]

(e) Extraterritorial Jurisdiction – There is extraterritorial Federal jurisdiction –

(1) over any offense under subsection (a), including any threat, attempt, or conspiracy to commit such an offence.

(2) over conduct which, under section 3, renders any person an accessory after the fact to an offense under subsection (a).

[19] Section 805, Art. 5º: Territorial applicability of this chapter

This chapter applies in all places.

[20] Section 817, Art. 17º: Jurisdiction of courts-martial in general

(a) Each armed force has court-martial jurisdiction over all persons subject to this chapter. The exercise of jurisdiction by one armed force over personnel of another armed force shall be in accordance with regulations prescribed by the President.

(b) In all cases, departmental review after that by the officer with authority to convene a general court-martial for the command which held the trial, where that review is required under this chapter, shall be carried out by the department that includes the armed force of which the accused is a member.

[21] Section 818, Art. 18º: Jurisdiction of general courts-martial

(a) Subject to section 817 of this title (article 17), general courts-martial have jurisdiction to try persons subject to this chapter for any offense made punishable by this chapter and may, under such limitations as the President may prescribe, adjudge any punishment not forbidden by this chapter, including the penalty of death when specifically authorized by this chapter. General courts-martial also have jurisdiction to try any person who by the law of war is subject to trial by a military tribunal and may adjudge any punishment permitted by the law of war.

(b) A general court-martial of the kind specified in section 816(1)(B) of this title (article 16(1)(B)) shall not have jurisdiction to try any person for any offense for which the death penalty may be adjudged unless the case has been previously referred to trial as a noncapital case.

(c) Consistent with sections 819, 820, and 856(b) of this title (articles 19, 20, and 56(b)), only general courts-martial have jurisdiction over an offense specified in section 856(b)(2) of this title (article 56(b)(2)).

[22] Section 821, Art. 21º: Jurisdiction of courts-martial not exclusive

The provisions of this chapter conferring jurisdiction upon courts-martial do not deprive military commissions, provost courts, or other military tribunals of concurrent jurisdiction with respect to offenders or offenses that by statute or by the law of war may be tried by military commissions, provost courts, or other military tribunals. This section does not apply to a military commission established under chapter 47A of this title.

[23] Rule 201: Jurisdiction in general

(a) Nature of courts-martial jurisdiction.

(1) The jurisdiction of courts-martial is entirely penal or disciplinary.

(2) The code applies in all places.

(3) The jurisdiction of a court-martial with respect to offenses under the code is not affected by the place where the court-martial sits. The jurisdiction of a court-martial with respect to military government or the law of war is not affected by the place where the court-martial sits except as otherwise expressly required by this Manual or applicable rule of international law.

[…]

(f) Types of courts-martial.

(1) General courts-martial.

(A) Cases under the code.

(i) Except as otherwise expressly provided, general courts-martial may try any person subject to the code for any offense made punishable under the code. General courts-martial also may try any person for a violation of Article 83, 104, or 106.

(ii) Upon a finding of guilty of an offense made punishable by the code, general courts-martial may, within limits prescribed by this Manual, adjudge any punishment authorized under R.C.M 1003.

(iii) Notwithstanding any other rule, the death penalty may not be adjudged if:

(a) Not specifically authorized for the offense by the code and Part IV of this Manual; or

(b) The case has not been referred with a special instruction that the case is to be tried as capital.

(B) Cases under the law of war.

(i) General courts-martial may try any person who by the law of war is subject to trial by military tribunal for any crime or offense against:

(a) The law of war; or

(b) The law of the territory occupied as an incident of war or belligerency whenever the local civil authority is superseded in whole or part by the military authority of the occupying power. The law of the occupied territory includes the local criminal law as adopted or modified by competent authority, and the proclamations, ordinances, regulations, or orders promulgated by competent authority of the occupying power.

[…]

[24] Section 1350: Alien’s action for tort.

The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.

[25] Section 78aa: Jurisdiction of offenses and suits

(a) In general

The district courts of the United States and the United States courts of any Territory or other place subject to the jurisdiction of the United States shall have exclusive jurisdiction of violations of this chapter or the rules and regulations thereunder, and of all suits in equity and actions at law brought to enforce any liability or duty created by this chapter or the rules and regulations thereunder. Any criminal proceeding may be brought in the district wherein any act or transaction constituting the violation occurred. Any suit or action to enforce any liability or duty created by this chapter or rules and regulations thereunder, or to enjoin any violation of such chapter or rules and regulations, may be brought in any such district or in the district wherein the defendant is found or is an inhabitant or transacts business, and process in such cases may be served in any other district of which the defendant is an inhabitant or wherever the defendant may be found. In any action or proceeding instituted by the Commission under this chapter in a United States district court for any judicial district, a subpoena issued to compel the attendance of a witness or the production of documents or tangible things (or both) at a hearing or trial may be served at any place within the United States.

Rule 45(c)(3)(A)(ii) of the Federal Rules of Civil Procedure shall not apply to a subpoena issued under the preceding sentence. Judgments and decrees so rendered shall be subject to review as provided in sections 1254, 1291, 1292, and 1294 of title 28. No costs shall be assessed for or against the Commission in any proceeding under this chapter brought by or against it in the Supreme Court or such other courts.

(b) Extraterritorial jurisdiction

The district courts of the United States and the United States courts of any Territory shall have jurisdiction of an action or proceeding brought or instituted by the Commission or the United States alleging a violation of the antifraud provisions of this chapter involving—

(1) conduct within the United States that constitutes significant steps in furtherance of the         violation, even if the securities transaction occurs outside the United States and involves only     foreign investors; or

(2) conduct occurring outside the United States that has a foreseeable substantial effect within    the United States.

[26] Section 78dd–3: Prohibited foreign trade practices by persons other than issuers or domestic concerns

(a) Prohibition

It shall be unlawful for any person other than an issuer that is subject to section 78dd–1 of this title or a domestic concern (as defined in section 78dd–2 of this title), or for any officer, director, employee, or agent of such person or any stockholder thereof acting on behalf of such person, while in the territory of the United States, corruptly to make use of the mails or any means or instrumentality of interstate commerce or to do any other act in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment of any money, or offer, gift, promise to give, or authorization of the giving of anything of value to—

[…]

[27] Section 1091: Genocide

(a) BASIC OFFENSE.—Whoever, whether in time of peace or in time of war and with the specific intent to destroy, in whole or in substantial part, a national, ethnic, racial, or religious group as such—

(1) kills members of that group;

(2) causes serious bodily injury to members of that group;

(3) causes the permanent impairment of the mental faculties of members of the group through drugs, torture, or similar techniques;

(4) subjects the group to conditions of life that are intended to cause the physical destruction of the group in whole or in part;

(5) imposes measures intended to prevent births within the group; or

(6) transfers by force children of the group to another group; shall be punished as provided in subsection (b).

(b) PUNISHMENT FOR BASIC OFFENSE.—The punishment for an offense under subsection (a) is—

(1) in the case of an offense under subsection (a)(1), where death results, by death or imprisonment for life and a fine of not more than $1,000,000, or both; and

(2) a fine of not more than $1,000,000 or imprisonment for not more than twenty years, or both, in any other case.

(c) INCITEMENT OFFENSE.—Whoever directly and publicly incites another to violate subsection (a) shall be fined not more than $500,000 or imprisoned not more than five years, or both.

(d) ATTEMPT AND CONSPIRACY.—Any person who attempts or conspires to commit an offense under this section shall be punished in the same manner as a person who completes the offense.

[28] Section 2441: War crimes

(a) OFFENSE.—Whoever, whether inside or outside the United States, commits a war crime, in any of the circumstances described in subsection (b), shall be fined under this title or imprisoned for life or any term of years, or both, and if death results to the victim, shall also be subject to the penalty of death.

(b) CIRCUMSTANCES.—The circumstances referred to in subsection (a) are that the person committing such war crime or the victim of such war crime is a member of the Armed Forces of the United States or a national of the United States (as defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act).

(c) DEFINITION.—As used in this section the term “war crime” means any conduct—

(1) defined as a grave breach in any of the international conventions signed at Geneva 12 August 1949, or any protocol to such convention to which the United States is a party;

(2) prohibited by Article 23, 25, 27, or 28 of the Annex to the Hague Convention IV,

Respecting the Laws and Customs of War on Land, signed 18 October 1907;

(3) which constitutes a grave breach of common Article 3 (as defined in subsection (d)) when committed in the context of and in association with an armed conflict not of an international character; or

(4) of a person who, in relation to an armed conflict and contrary to the provisions of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended at Geneva on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996), when the United States is a party to such Protocol, willfully kills or causes serious injury to civilians.

(d) COMMON ARTICLE 3 VIOLATIONS.—

(1) PROHIBITED CONDUCT.—In subsection (c)(3), the term “grave breach of common Article 3” means any conduct (such conduct constituting a grave breach of common Article 3 of the international conventions done at Geneva August 12, 1949), as follows:

(A) TORTURE.—The act of a person who commits, or conspires or attempts to commit, an act specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control for the purpose of obtaining information or a confession, punishment, intimidation, coercion, or any reason based on discrimination of any kind.

(B) CRUEL OR INHUMAN TREATMENT.—The act of a person who commits, or conspires or attempts to commit, an act intended to inflict severe or serious physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions), including serious physical abuse, upon another within his custody or control.

(C) PERFORMING BIOLOGICAL EXPERIMENTS.—The act of a person who subjects, or conspires or attempts to subject, one or more persons within his custody or physical control to biological experiments without a legitimate medical or dental purpose and in so doing endangers the body or health of such person or persons.

(D) MURDER.—The act of a person who intentionally kills, or conspires or attempts to kill, or kills whether intentionally or unintentionally in the course of committing any other offense under this subsection, one or more persons taking no active part in the hostilities, including those placed out of combat by sickness, wounds, detention, or any other cause.

(E) MUTILATION OR MAIMING.—The act of a person who intentionally injures, or conspires or attempts to injure, or injures whether intentionally or unintentionally in the course of committing any other offense under this subsection, one or more persons taking no active part in the hostilities, including those placed out of combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, by disfiguring the person or persons by any mutilation thereof or by permanently disabling any member, limb, or organ of his body, without any legitimate medical or dental purpose.

(F) INTENTIONALLY CAUSING SERIOUS BODILY INJURY.—The act of a person who intentionally causes, or conspires or attempts to cause, serious bodily injury to one or more persons, including lawful combatants, in violation of the law of war.

(G) RAPE.—The act of a person who forcibly or with coercion or threat of force wrongfully invades, or conspires or attempts to invade, the body of a person by penetrating, however slightly, the anal or genital opening of the victim with any part of the body of the accused, or with any foreign object.

(H) SEXUAL ASSAULT OR ABUSE.—The act of a person who forcibly or with coercion or threat of force engages, or conspires or attempts to engage, in sexual contact with one or more persons, or causes, or conspires or attempts to cause, one or more persons to engage in sexual contact.

(I) TAKING HOSTAGES.—The act of a person who, having knowingly seized or detained one or more persons, threatens to kill, injure, or continue to detain such person or persons with the intent of compelling any nation, person other than the hostage, or group of persons to act or refrain from acting as an explicit or implicit condition for the safety or release of such person or persons.

(2) DEFINITIONS.—In the case of an offense under subsection (a) by reason of subsection (c)(3)—

(A) the term “severe mental pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraphs (1)(A) and (1)(B) in accordance with the meaning given that term in section 2340(2) of this title;

(B) the term “serious bodily injury” shall be applied for purposes of paragraph (1)(F) in accordance with the meaning given that term in section 113(b)(2) of this title;

(C) the term “sexual contact” shall be applied for purposes of paragraph (1)(G) in accordance with the meaning given that term in section 2246(3) of this title;

(D) the term “serious physical pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraph (1)(B) as meaning bodily injury that involves—

(i) a substantial risk of death;

(ii) extreme physical pain;

(iii) a burn or physical disfigurement of a serious nature (other than cuts, abrasions, or bruises); or

(iv) significant loss or impairment of the function of a bodily member, organ, or mental faculty; and

(E) the term “serious mental pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraph (1)(B) in accordance with the meaning given the term “severe mental pain or suffering” (as defined in section 2340(2) of this title), except that—

(i) the term “serious” shall replace the term “severe” where it appears; and

(ii) as to conduct occurring after the date of the enactment of the Military Commissions Act of 2006, the term “serious and non-transitory mental harm (which need not be prolonged)” shall replace the term “prolonged mental harm” where it appears.

(3) INAPPLICABILITY OF CERTAIN PROVISIONS WITH RESPECT TO COLLATERAL DAMAGE OR INCIDENT OF LAWFUL ATTACK.—The intent specified for the conduct stated in subparagraphs (D), (E), and (F) or paragraph (1) precludes the applicability of those subparagraphs to an offense under subsection (a) by reasons of subsection (c)(3) with respect to—

(A) collateral damage; or

(B) death, damage, or injury incident to a lawful attack.

(4) INAPPLICABILITY OF TAKING HOSTAGES TO PRISONER EXCHANGE. —Paragraph (1)(I) does not apply to an offense under subsection (a) by reason of subsection (c)(3) in the case of a prisoner exchange during wartime.

(5) DEFINITION OF GRAVE BREACHES.—The definitions in this subsection are intended only to define the grave breaches of common Article 3 and not the full scope of United States obligations under that Article.

[29] Section 2442: Recruitment or use of child soldiers

(a) OFFENSE.—Whoever knowingly—

(1) recruits, enlists, or conscripts a person to serve while such person is under 15 years of age in an armed force or group; or

(2) uses a person under 15 years of age to participate actively in hostilities; knowing such person is under 15 years of age, shall be punished as provided in subsection (b).

(b) PENALTY.—Whoever violates, or attempts or conspires to violate, subsection (a) shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both and, if death of any person results, shall be fined under this title and imprisoned for any term of years or for life.

(c) JURISDICTION.—There is jurisdiction over an offense described in subsection (a), and any attempt or conspiracy to commit such offense, if—

(1) the alleged offender is a national of the United States (as defined in section 101(a)(22) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(22))) or an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States (as defined in section 101(a)(20) of such Act (8 U.S.C. 1101(a)(20));

(2) the alleged offender is a stateless person whose habitual residence is in the United States;

(3) the alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality of the alleged offender; or

(4) the offense occurs in whole or in part within the United States.

(d) DEFINITIONS.—In this section:

(1) PARTICIPATE ACTIVELY IN HOSTILITIES.—The term “participate actively in hostilities” means taking part in—

(A) combat or military activities related to combat, including sabotage and serving as a decoy, a courier, or at a military checkpoint; or

(B) direct support functions related to combat, including transporting supplies or providing other services.

(2) ARMED FORCE OR GROUP.—The term “armed force or group” means any army, militia, or other military organization, whether or not it is state-sponsored, excluding any group assembled solely for nonviolent political association.

[30] Section 1651: Piracy under law of nations

Whoever, on the high seas, commits the crime of piracy as defined by the law of nations, and is afterwards brought into or found in the United States, shall be imprisoned for life.

[31] Section 2340: Definitions

As used in this chapter—

(1) “torture” means an act committed by a person acting under the color of law specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control;

(2) “severe mental pain or suffering” means the prolonged mental harm caused by or resulting from—

(A) the intentional infliction or threatened infliction of severe physical pain or suffering;

(B) the administration or application, or threatened administration or application, of mind-altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or the personality;

(C) the threat of imminent death; or

(D) the threat that another person will imminently be subjected to death, severe physical pain or suffering, or the administration or application of mind-altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses or personality; and

(3) “United States” means the several States of the United States, the District of Columbia, and the commonwealths, territories, and possessions of the United States.

[32] Section 2340A: Torture

(a) OFFENSE.—Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by death or imprisoned for any term of years or for life.

(b) JURISDICTION.—There is jurisdiction over the activity prohibited in subsection (a) if—

(1) the alleged offender is a national of the United States; or

(2) the alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality of the victim or alleged offender.

(c) CONSPIRACY.—A person who conspires to commit an offense under this section shall be subject to the same penalties (other than the penalty of death) as the penalties prescribed for the offense, the commission of which was the object of the conspiracy.

[33] Section 1581. Peonage; obstructing enforcement

(a) Whoever holds or returns any person to a condition of peonage, or arrests any person with the intent of placing him in or returning him to a condition of peonage, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. If death results from the violation of this section, or if the violation includes kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse or the attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill, the defendant shall be fined under this title or imprisoned for any term of years or life, or both.

(b) Whoever obstructs, or attempts to obstruct, or in any way interferes with or prevents the enforcement of this section, shall be liable to the penalties prescribed in subsection (a).

[34] Section 1583. Enticement into slavery

(a) Whoever—

(1) kidnaps or carries away any other person, with the intent that such other person be sold into involuntary servitude, or held as a slave;

(2) entices, persuades, or induces any other person to go on board any vessel or to any other place with the intent that he or she may be made or held as a slave, or sent out of the country to be so made or held; or

(3) obstructs, or attempts to obstruct, or in any way interferes with or prevents the enforcement of this section, shall be fined under this title, imprisoned not more than 20 years, or both.

(b) Whoever violates this section shall be fined under this title, imprisoned for any term of years or for life, or both if—

(1) the violation results in the death of the victim; or

(2) the violation includes kidnaping, an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse, an attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill.

[35] Amendment 13: Slavery Abolished.

  1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
  2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

[36] Section 1585: Seizure, detention, transportation or sale of slaves

Whoever, being a citizen or resident of the United States and a member of the crew or ship’s company of any foreign vessel engaged in the slave trade, or whoever, being of the crew or ship’s company of any vessel owned in whole or in part, or navigated for, or in behalf of, any citizen of the United States, lands from such vessel, and on any foreign shore seizes any person with intent to make that person a slave, or decoys, or forcibly brings, carries, receives, confines, detains or transports any person as a slave on board such vessel, or, on board such vessel, offers or attempts to sell any such person as a slave, or on the high seas or anywhere on tide water, transfers or delivers to any other vessel any such person with intent to make such person a slave, or lands or delivers on shore from such vessel any person with intent to sell, or having previously sold, such person as a slave, shall be fined under this title or imprisoned not more than seven years, or both.

[37] Section 1590: Trafficking with respect to peonage, slavery, involuntary servitude, or forced labor

(a) Whoever knowingly recruits, harbors, transports, provides, or obtains by any means, any person for labor or services in violation of this chapter shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both. If death results from the violation of this section, or if the violation includes kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse, or the attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill, the defendant shall be fined under this title or imprisoned for any term of years or life, or both.

(b) Whoever obstructs, attempts to obstruct, or in any way interferes with or prevents the enforcement of this section, shall be subject to the penalties under subsection (a).

[38] Section 1591: Sex trafficking of children or by force, fraud, or coercion

(a) Whoever knowingly—

(1) in or affecting interstate or foreign commerce, or within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, recruits, entices, harbors, transports, provides, obtains, advertises, maintains, patronizes, or solicits by any means a person; or

(2) benefits, financially or by receiving anything of value, from participation in a venture which has engaged in an act described in violation of paragraph (1), knowing, or, except where the act constituting the violation of paragraph (1) is advertising, in reckless disregard of the fact, that means of force, threats of force, fraud, coercion described in subsection (e)(2), or any combination of such means will be used to cause the person to engage in a commercial sex act, or that the person has not attained the age of 18 years and will be caused to engage in a commercial sex act, shall be punished as provided in subsection (b).

(b) The punishment for an offense under subsection (a) is—

(1) if the offense was effected by means of force, threats of force, fraud, or coercion described in subsection (e)(2), or by any combination of such means, or if the person recruited, enticed, harbored, transported, provided, obtained, advertised, patronized, or solicited had not attained the age of 14 years at the time of such offense, by a fine under this title and imprisonment for any term of years not less than 15 or for life; or

(2) if the offense was not so effected, and the person recruited, enticed, harbored, transported, provided, obtained, advertised, patronized, or solicited had attained the age of 14 years but had not attained the age of 18 years at the time of such offense, by a fine under this title and imprisonment for not less than 10 years or for life.

(c) In a prosecution under subsection (a)(1) in which the defendant had a reasonable opportunity to observe the person so recruited, enticed, harbored, transported, provided, obtained, maintained, patronized, or solicited, the Government need not prove that the defendant knew, or recklessly disregarded the fact, that the person had not attained the age of 18 years.

(d) Whoever obstructs, attempts to obstruct, or in any way interferes with or prevents the enforcement of this section, shall be fined under this title, imprisoned for a term not to exceed 20 years, or both.

(e) In this section:

(1) The term “abuse or threatened abuse of law or legal process” means the use or threatened use of a law or legal process, whether administrative, civil, or criminal, in any manner or for any purpose for which the law was not designed, in order to exert pressure on another person to cause that person to take some action or refrain from taking some action.

(2) The term “coercion” means—

(A) threats of serious harm to or physical restraint against any person;

(B) any scheme, plan, or pattern intended to cause a person to believe that failure to perform an act would result in serious harm to or physical restraint against any person; or

(C) the abuse or threatened abuse of law or the legal process.

(3) The term “commercial sex act” means any sex act, on account of which anything of value is given to or received by any person.

(4) The term “participation in a venture” means knowingly assisting, supporting, or facilitating a violation of subsection (a)(1).

(5) The term “serious harm” means any harm, whether physical or nonphysical, including psychological, financial, or reputational harm, that is sufficiently serious, under all the surrounding circumstances, to compel a reasonable person of the same background and in the same circumstances to perform or to continue performing commercial sexual activity in order to avoid incurring that harm.

(6) The term “venture” means any group of two or more individuals associated in fact, whether or not a legal entity.

[39] “It would also be unprecedented. To the Court’s knowledge, Ali is the first defendant ever to be charged with conspiracy to commit piracy under 18 U.S.C. §§ 1651, 371 on the basis of universal jurisdiction.” Disponible en: http://files.courthousenews.com/2012/07/19/Pirate.pdf (Última consulta realizada el 28/06/2018)

[40] https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/16778EF07896FFB085257B8700507F47/$file/12-3056-1440653.pdf (Última consulta realizada el 09/05/2018)

[41] https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007957 (Última consulta realizada el 28/06/2018)

[42] Ibíd.

[43] http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2012/10/HLI201.pdf (Último acceso el 09/05/2018)

[44] https://trialinternational.org/fr/latest-post/chuckie-taylor/ (Último acceso el 02/07/2018)

[45] Cabezas, V., “La ley FCPA, ¿un caso de jurisdicción universal?”. En Law Review, Vol.2, Núm 1 (2015), p.66. Disponible en: http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/876 (Última consulta realizada el 24/05/2018)

[46] Chiara Marullo, M., “El Alien Tort Claims Act de 1789: Su contribución en la protección de los derechos humanos y reparación para las víctimas”, en Institut Catalá Internacional per la Pau, Barcelona, Mayo 2014, pp. 13-15. Disponible en: http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/2014/arxius/wp_2014_-_03__cast_.pdf (Última consulta realizada el 28/06/2018)

[47]https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/67408a74a58986884126497002b02e4/27721c1b47e7ca90c1256d18002a2565 (Último acceso el 09/05/2018)

[48] http://www.casebriefs.com/blog/law/international-law/international-law-keyed-to-damrosche/chapter-4/sosa-v-alvarez-machain/2/ (Último acceso el 09/05/2018)

[49] Disponible en www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/United%20States.pdf (Última consulta realizada el 28/06/2018)

[50] Ibíd.

[51] In sum, the exercise of universal jurisdiction by the United States is ultimately determined by Congress, not international law or the federal courts. While international law may play some role in the interpretation of congressional enactments, ‘its influence is likely to be modest in this area, and, in any event, it cannot be used to override clear legislative intent.

Bradley, C.A, “Universal Jurisdiction and U.S. Law”. The University of Chicago Legal Forum (2001:323). Pág. 333. Disponible en: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.es/&httpsredir=1&article=1303&context=uclf (Última consulta realizada el 24/05/2018).

[52] United States Submission Information and Observations on the Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction. Tomado de:

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/United%20States.pdf (Última consulta realizada el 10/05/2018)

[53] www.scotusblog.com/2013/04/commentary-whats-left-of-the-alien-tort-statute/ (Última consulta realizada el 10/05/2018)

[54] Cabezas, V., “La ley FCPA, ¿un caso de jurisdicción universal?”. En Law Review, Vol.2, Núm 1, pp 68-69. (2015).

[55] Disponible en http://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_579.pdf (Última consulta realizada el 10/05/2018)