PARAGUAY TX

República del Paraguay

 

  1. Fuentes del derecho que regulan de manera general y específica la aplicación extraterritorial de la ley penal:

 

  • Constitución de la República de Paraguay, de 1992.
  • Código Penal de la República de Paraguay, de 1997.
  • Código Penal Militar, de 1980.
  • Código de Organización Judicial, de 1981.
  • Código Procesal Penal de la República de Paraguay, de 1998.
  • Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas, de 2012.
  • Ley nº 3440/08 que modifica varias disposiciones del Código Penal.
  • Ley nº 4614 que modifica los artículos 236 y 309 del Código Penal.
  • Ley n° 5165 que establece la competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria para conocer y decidir respecto de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y otras violaciones graves de derechos humanos, tipificados en los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por la republica del Paraguay, y excluye de su conocimiento y juzgamiento a la jurisdicción penal militar.

 

  1. Derecho interno y derecho internacional. Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional:

 

  • Relación del orden interno y los tratados internacionales:

 

La relación entre el ordenamiento interno paraguayo y los tratados internacionales puede determinarse de acuerdo a lo establecido en los artículos 137, 141, 143 y 145 de la Constitución Nacional.

 

El artículo 137 establece que:

Artículo 137º: DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.

Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

El artículo 141 por su parte establece que:

Artículo 141º: DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137.

 

Por otro lado, el artículo 142 determina que:

Artículo 142º: DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS

Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constitución.

 

En el artículo 143 de la Constitución, la República del Paraguay acepta el Derecho internacional, de la siguiente forma:

Artículo 143º: DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios:

  1. la independencia nacional;
  2. la autodeterminación de los pueblos;
  3. la igualdad jurídica entre los Estados;
  4. la solidaridad y la cooperación internacional;
  5. la protección internacional de los derechos humanos;
  6. la libre navegación de los ríos internacionales;
  7. la no intervención, y
  8. la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.

 

Finalmente, el artículo 145 hace referencia a la admisión de un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos:

Artículo 145º: DEL ORDEN JURIDICO SUPRANACIONAL

La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural.

Dichas decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso.

 

A partir de la redacción de los artículos citados, puede afirmarse que la República del Paraguay es un Estado dualista, al ser necesaria la aprobación por parte del Congreso mediante la expedición de una ley interna para su adopción. Esto ha sido confirmado por varios sectores doctrinales, entre los cuales destaca la siguiente afirmación:

“Es decir, lo que hace este artículo [el 141] es integrar el alcance y sentido del primer párrafo del artículo 137. Así, sólo se refiere a los tratados internacionales, pero éstos deben encontrarse válidamente celebrados, para que puedan ser aplicados y exigidos en el territorio paraguayo, pues de lo contrario serían mera declaración hasta tanto el país disponga su armonización con el orden interno nacional y su consecuente internalización. Explica además el alcance de la celebración válida para su exigibilidad, que consiste en su aprobación como ley por el Congreso, para posteriormente depositar o canjear los instrumentos de ratificación en las respectivas secretarías generales de los órganos de carácter universal o regional. Podría considerarse una norma repetitiva en el contexto de la Constitución, pero los convencionales constituyentes consideraron oportuno introducirla nuevamente, a los efectos de precisar el marco básico del perfil de nuestras relaciones internacionales, adhiriéndose así a la ya comentada posición dualista de incorporación de normativa internacional al orden jurídico interno.

Es decir, el Paraguay, a los efectos de la aplicabilidad y exigibilidad de cualquier instrumento de naturaleza internacional en territorio nacional, primeramente debe transformar su naturaleza a una ley de carácter interno; eso es lo que prescribe taxativamente el artículo 141 del texto supremo. Dicho de otro modo: el instrumento se encuentra sujeto a su aprobación por ley del Congreso para que pueda ser aplicado.”[1]

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la especial mención que se hace de los tratados de derechos humanos en el artículo 142, ya mencionado, así como del artículo 45 que establece lo siguiente:

Artículo 45º: DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO ENUNCIADOS

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.

 

Al respecto, la doctrina ha llegado a afirmar que:

“[e]s así que los tratados de derechos humanos dentro del ordenamiento interno tienen una categoría a su vez superior a los demás tratados, puesto que su procedimiento de denuncia o exclusión del sistema estaría dado por el de enmienda constitucional.”[2]

 

  • Tratados internacionales ratificados con relevancia penal internacional
Derecho Convencional

Internacional

Corte Penal Internacional Estatuto de Roma. Ratificado el 14 de mayo de 2001.
Piratería Convención sobre el Derecho del Mar (art. 105). Ratificado el 26 de septiembre de 1986.
Crímenes de Guerra I Convenio de Ginebra (art. 49). Ratificado el 23 de octubre de 1961.
II Convenio de Ginebra (art. 50). Ratificado el 23 de octubre de 1961.
III Convenio de Ginebra (art. 129). Ratificado el 23 de octubre de 1961.
IV Convenio de Ginebra (art. 146). Ratificado el 23 de octubre de 1961.
Bienes Culturales en Conflicto Armado Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954 (art. 28). Adhesión el 9 de noviembre de 2004.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 1999 (art. 16). Adhesión el 9 de noviembre de 2004.
Tortura Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984 (art. 7). Ratificado el 12 de marzo de 1990.
Apartheid Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 (art. 5). Adhesión el 2 de diciembre de 2005.
Desapariciones Forzadas Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (art. 9.2). Ratificado el 3 de agosto de 2010.
Actos de terrorismo Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970 (art. 4.2). Ratificado el 4 de febrero de 1972.
Convención Internacional contra la toma de rehenes de 1979 (art. 5.2). Ratificado el 22 de septiembre de 2004.
Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 (art. 6.4). Ratificado el 22 de septiembre de 2004.
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 (art. 7.4). Ratificado el 30 de noviembre de 2004.
Convenio Internacional para la represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (arts. 9-11). Ratificado el 29 de enero de 2009.
Crímenes contra diplomáticos Convención de las Naciones Unidas sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente Protegidas de 1973 (art. 7). Ratificado el 24 de noviembre de 1975.
Narcotráfico Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (art. 4.2.b). Ratificado el 23 de agosto de 1990.
Delincuencia Transnacional Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 15.4). Ratificado el 22 de septiembre de 2004.
Corrupción Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 42.4). Ratificado el 1 de junio de 2005.
Derecho Convencional Interamericano Tortura Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 (arts. 12 y 14). Ratificado el 2 de diciembre de 1990.
Desapariciones Forzadas Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 (arts. 4 y 5). Ratificado el 26 de agosto de 1996.

 

  • Reservas y declaraciones a tratados internacionales:

 

Entre las reservas y declaraciones emitidas por el Estado en cuestión en relación a los tratados internacionales de naturaleza penal cabe destacar las siguientes por guardar cierta relevancia con el objeto del presente análisis:

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Reserva sobre relativa a la interpretación del término “delito”:

Traducción no oficial[3]

“La República del Paraguay hace la siguiente reserva en relación con el término “delito” tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:

Para la aplicación de la Convención, el significado del término “delito” se entenderá como “acto punible”, de conformidad con la legislación nacional vigente.”

 

  • Transcripción literal de los artículos relevantes:

 

A continuación se presenta una relación de provisiones relevantes para nuestro análisis ya que definen en el ordenamiento interno delitos de naturaleza internacional o articulan la aplicación extraterritorial de la ley penal a través de la inclusión de diversos criterios de jurisdicción.

 

  • Criterios de jurisdicción:

 

Código Penal

Artículo 4º: Aplicación del Libro Primero a leyes especiales

Las disposiciones del Libro Primero de este Código se aplicarán a todos los hechos punibles previstos por las leyes especiales.

 

Artículo 6º: Hechos realizados en el territorio nacional

1°.- La ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos.

2º.- Un hecho punible realizado en territorio nacional y, también en el extranjero, quedará eximido de sanción cuando por ello el autor o partícipe haya sido juzgado en dicho país, y:

  1. absuelto, o
  2. condenado a una pena o medida privativa de libertad y ésta haya sido ejecutada, prescripta o indultada.

 

Artículo 7º: Hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos paraguayos

La ley penal paraguaya se aplicará a los siguientes hechos realizados en el extranjero:

  1. hechos punibles contra la existencia del Estado, tipificados en los artículos 269 al 271
  2. hechos punibles contra el orden constitucional, previstos en el artículo 273,
  3. hechos punibles contra los órganos constitucionales, contemplados en los artículos 286 y 287,
  4. hechos punibles contra la prueba testimonial, tipificados en los artículos 242 y 243,
  5. hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos, previstos en los artículos 203, 206, 208, 209 y 212,
  6. hechos punibles realizados por el titular de un cargo público paraguayo, relacionados con sus funciones.

 

Artículo 8º: Hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos con protección universal.

1º.- La ley penal paraguaya se aplicará también a los siguientes hechos realizados en el extranjero:

  1. hechos punibles contra la libertad tipificados en los artículos 125 al 127;
  2. trata de personas, prevista en los artículos 129b y 129c;
  3. hechos punibles mediante explosivos contemplados en el artículo 203, inciso   1°, numeral 2;
  4. atentados al tráfico civil aéreo y naval, tipificados en el artículo 213;
  5. hechos punibles contra la autenticidad de monedas y valores tipificados en los artículos 263 al 267;
  6. genocidio previsto en el artículo 319;
  7. tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, contemplado en los artículos 37 al 45 de la Ley N° 1.340/88 Y su modificatoria;
  8. hechos punibles que la República del Paraguay, en virtud de un convenio o tratado internacional aprobado y ratificado, esté obligada a perseguir aun   cuando hayan sido realizados en el extranjero.

2°.- La ley penal paraguaya se aplicará solo cuando el autor o partícipe haya ingresado al territorio nacional.

3°.- Queda excluida la punición en virtud de la ley penal paraguaya, cuando un tribunal extranjero:

  1. haya absuelto al autor o partícipe por sentencia firme; o
  2. haya condenado al autor o partícipe a una pena o medida privativa de libertad, y la condena haya sido ejecutada, prescrita o indultada.

 

Artículo 9º: Otros hechos realizados en el extranjero.

1 °.- Se aplicará la ley penal paraguaya a los demás hechos realizados en el extranjero sólo cuando:

  1. en el lugar de su realización, el hecho se halle penalmente sancionado; y,
  2. el autor o partícipe, al tiempo de la realización del hecho,
  3. a) haya tenido nacionalidad paraguaya o la hubiera adquirido después de la realización del mismo; o
  4. b) careciendo de nacionalidad, se encontrara en el territorio nacional y su extradición hubiera sido             rechazada, a pesar de que                 ella, en virtud de la naturaleza del hecho, hubiera sido legalmente

Lo dispuesto en este inciso se aplicará también cuando en el lugar                 de la realización del hecho no exista poder punitivo.

2°.- Se aplicará también a este respecto lo dispuesto en el artículo 6°, inciso

3°.- La sanción no podrá ser mayor que la prevista en la legislación vigente en el lugar de la realización del hecho.

 

Artículo 11º: Lugar del hecho

1º El hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso de omisión, hubiera debido ejecutarla; o en los que se haya producido el resultado previsto en la ley o en los que hubiera debido producirse conforme a la representación del autor.

2º Se considera que el partícipe151 ha realizado el hecho también en el lugar donde lo hubiera realizado el autor.

3° La ley paraguaya será aplicable al partícipe de un hecho realizado en el extranjero, cuando éste haya actuado en el territorio nacional, aun si el hecho careciera de sanción penal según el derecho vigente en el lugar en que fue realizado.

 

Código Procesal Penal

Artículo 32º: Extensión

La jurisdicción se extenderá a los hechos punibles cometidos en el territorio de la República, a los que produzcan efectos en él o en los lugares sometidos a su jurisdicción, y a los establecidos expresamente en la ley.

 

Código Penal Militar

Artículo 3º:

Las disposiciones del presente Código se aplicarán a los delitos y a las faltas cometidos por el personal de las FF.AA. de la Nación, ya sea en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, aún encontrándose sus miembros en el extranjero.

 

Código de Organización Judicial

Artículo 9º:

Los Jueces y Tribunales aplicarán la Constitución, los Tratados Internacionales, los Códigos y otras leyes, los decretos, ordenanzas municipales y reglamentos, en el orden de prelación enunciado.

No podrán negarse a administrar justicia. En caso de insuficiencia, obscuridad o silencio de la ley, aplicarán las disposiciones de leyes análogas y los principios generales del derecho y tendrán en consideración los precedentes judiciales.

La Ley extranjera competente será aplicada de oficio por los Jueces y Tribunales de la República, sin perjuicio del derecho de las partes de alegar y probar su existencia, contenido y vigencia.

 

Artículo 12º:

La competencia en lo criminal se establece por la naturaleza, el lugar y tiempo de comisión de los hechos punibles, el grado, el turno y la conexidad.

[…]

En los delitos cometidos en alta mar a bordo de buques o aeronaves nacionales serán competentes los Jueces y Tribunales de la República. Igualmente lo serán en los casos en que el momento de la perpetración del delito el buque se hallare en aguas jurisdiccionales extranjeras, o la aeronave se encontrare en espacio aéreo extranjero, si los Gobiernos afectados no tomaren intervención.

 

Artículo 24º:

Los Jueces y Tribunales nacionales son competentes para conocer de los actos ejecutados y los hechos producidos a bordo de aeronaves en vuelo sobre territorio paraguayo. Si se tratare de aeronaves extranjeras, sólo serán competentes los Tribunales nacionales en caso de infracción a las leyes o reglamentos de seguridad pública, militares, fiscales o de seguridad aérea, o cuando comprometan la seguridad o el orden público, o afecten el interés del Estado o demás personas, o se hubiere realizado en el territorio nacional el primer aterrizaje después del hecho.

 

Artículo 25º:

Es competente también la justicia de la República en los hechos y actos producidos a bordo de aeronaves paraguayas en vuelo sobre alta mar, o cuando no fuere posible determinar sobre qué territorio volaba la aeronave cuando se ejecutó el acto o se produjo el hecho. Si los actos se hubieran efectuado a bordo de una aeronave paraguaya en vuelo sobre territorio extranjero los Jueces y Tribunales nacionales sólo serán competentes si se hubieran afectado legítimos intereses nacionales.

 

Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas, de 2012

Artículo 3º: AMBITO DE APLICACION.

1º Esta Ley se aplicará a todas las formar de trata de personas, ya sean exclusivamente en territorio nacional o transnacionales, y estén o no vinculadas a la delincuencia organizada.

2° Se aplicará la presente Ley, a los hechos punibles en ella descriptos cometidos en el extranjero, en los términos del Artículo 8º del Código Penal.

3º Se aplicará la presente Ley aunque el autor no haya ingresado al territorio nacional, cuando la víctima de la trata tenga nacionalidad paraguaya, en los términos del Artículo 8º del Código Penal, siempre que la sanción no haya sido ejecutada, prescripta o indultada en el lugar de su comisión.

 

  • Delitos internacionales introducidos en el derecho interno:

 

Genocidio:

Código Penal

Artículo 319º: Genocidio

El que con la intención de destruir, total o parcialmente, una comunidad o un grupo nacional, étnico, religioso o social:

  1. matara o lesionara gravemente a miembros del grupo;
  2. sometiera a la comunidad a tratamientos inhumanos o condiciones de existencia que puedan destruirla total o parcialmente;
  3. trasladara, por fuerza o intimidación a niños o adultos hacia otros grupos o lugares ajenos a los de su domicilio habitual;
  4. imposibilitara el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres;
  5. impusiera medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo; y
  6. forzara a la dispersión de la comunidad, será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.

 

Crímenes de guerra:

Código Penal

Artículo 320º: Crímenes de guerra

El que violando las normas del derecho internacional en tiempo de guerra, de conflicto armado o durante una ocupación militar, realizara en la población civil, en heridos, enfermos o prisioneros de guerra, actos de:

  1. homicidio o lesiones graves;
  2. tratamientos inhumanos, incluyendo la sujeción a experimentos médicos o científicos;
  3. deportación;
  4. trabajos forzados;
  5. privación de libertad;
  6. coacción para servir en las fuerzas armadas enemigas; y,
  7. saqueo de la propiedad privada y su deliberada destrucción, en especial de bienes patrimoniales de gran valor económico o cultural, será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.

 

Crimen de agresión:

Código Penal

Artículo 271º: Preparación de una guerra de agresión

1º El que preparara una guerra de agresión en la cual la República sea la agresora, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años.

2º En estos casos, será castigada también la tentativa.

 

Código Penal Militar

Artículo 83º:

El que sin orden o autorización competente, atacase o mandase atacar con fuerza armada a las tropas o habitantes de una Nación amiga, neutral o aliada, o metiere cualquier otro acto de hostilidad manifiesta que expusiere al Paraguay a una declaración de guerra, será castigado con la pena de hasta veinticinco años de prisión.

 

Artículo 84º:

Si el acto de hostilidad fuera precedido de provocación la pena será disminuida en uno o más grados según la gravedad del caso.

 

Artículo 85º:

Si del acto de hostilidad cometido resultare declaración de guerra contra la República, o como represalia, fuera causa de incendio, devastación o muerte de persona, en el Paraguay, la pena será de muerte.

 

Tortura:

Constitución Política

Artículo 5º: DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.

 

Código Penal

Artículo 309º: Tortura

1º El que intencionalmente infligiera a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales o la sometiera a un hecho punible contra la autonomía sexual, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con fines de investigación criminal, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de Intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin: será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.

2º El que intencionalmente aplicara sobre una persona métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, será castigado con pena privativa de libertad no menor a cinco años.

3º Lo previsto en los numerales 1º y 2º del presente artículo será aplicable en los siguientes casos:

  1. cuando el autor actuare como funcionario o agente del Estado o como persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la       aquiescencia del Estado,
  2. cuando el autor se haya arrogado indebidamente la calidad de funcionario; o,
  3. cuando el autor no fuere funcionario.

 

Desapariciones forzadas:

Código Penal

Artículo 236º: Desaparición Forzosa

1º El que obrando como funcionario o agente del Estado o como persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, arrestara, detuviera, secuestrara o privara de su libertad de cualquier forma a una o más personas y negara la información sobre su paradero o se negara a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la Ley; será castigado con pena privativa de libertad no menor de cinco años.

2º Lo dispuesto en el numeral 1o del presente artículo se aplicará, aún cuando careciera de validez legal el carácter de funcionario o incluso si el hecho fuere cometido por una persona que no revista el carácter de funcionario.

 

Esclavitud:

Constitución Política

Artículo 10º: DE LA PROSCRIPCIÓN DE LA ESCLAVITUD Y OTRAS SERVIDUMBRES

Están proscritas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas. La ley podrá establecer cargas sociales en favor del Estado.

 

Trata de personas:

Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas, de 2012

Artículo 5º: TIPIFICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.

1º El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de explotación sexual; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años.

2° El que, con el propósito de someter a otro a un régimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga a la esclavitud; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años.

3º El que, con el propósito de someter a otro a la extracción ilícita de sus órganos o tejidos; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años.

 

Artículo 6º: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.

En los casos del artículo anterior, se aplicará la pena privativa de libertad de dos a quince años cuando:

  1. la víctima directa tuviere entre catorce y diecisiete años de edad inclusive;
  2. el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima directa;
  3. el autor fuere funcionario público o cometiere el hecho en abuso de una función pública; o,
  4. a efecto de la trata de personas, se trasladare a la víctima directa del territorio del Paraguay a un territorio extranjero, o de este al territorio nacional.

 

Artículo 7º: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECIALES.

En los casos del Artículo 5o de la presente Ley, la sanción del artículo anterior podrá ser aumentada hasta veinte años de pena privativa de libertad, si:

1- concurrieren más de un agravante del Artículo 8o del presente Ley;

  1. el autor fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex concubino, persona conviviente, tutor, curador, encargado de la educación o guarda de la víctima directa, ministro de un culto reconocido no;
  2. la víctima directa fuere una persona de hasta trece años de edad inclusive;
  3. como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la víctima algún resultado descripto en el Artículo 112 del Código Penal;
  4. el autor y/o partícipe actuare como miembro, empleado o responsable de una empresa de transporte comercial; de bolsas de trabajo, agencias de publicidad o modelaje, institutos de investigación científica o centros de asistencia médica;
  5. el autor y/o partícipe efectuare promociones, ofertas o subastas por publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes informáticas;
  6. el autor actuare comercialmente, de conformidad al Artículo 14, inciso 1º, numeral 15 del Código Penal; u,
  7. el autor actuare como miembro de una banda organizada para la realización continuada de la trata de personas.

 

Artículo 8º: OBTENCIÓN DE BENEFICIOS POR LA TRATA.

El que sin realizar las conductas previamente descriptas, obtuviere algún tipo de provecho económico de los servicios, el trabajo o la extracción de órganos de una víctima directa de alguno de los hechos previstos en el Artículo 5º de la presente Ley, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

 

Artículo 9º: NEGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL.

El que obtuviere, adquiriera, destruyere, ocultare, removiere, confiscare, retuviere, modificare, adulterare, duplicare, tuviere en su posesión o utilizare fraudulentamente el documento de viaje o de identidad de otra persona, con el propósito de facilitar la comisión de los hechos señalados en el Artículo 5º de la presente Ley, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

 

Artículo 10º: OCULTAMIENTO DE PARADERO.

El que ocultare a las autoridades nacionales datos sobre el paradero de una víctima directa de un hecho punible previsto en el Artículo 5o de la presente Ley o en peligro de ser víctima directa de estos hechos, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

 

Artículo 11º: INTERVENCIÓN INDIRECTA.

El que a sabiendas facilitare inmuebles, instrumentos, o medios de transporte para la comisión de los hechos punibles previstos en el Artículo 5o de la presente Ley, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

 

Artículo 12º: LAVADO DE DINERO.

Serán aplicables las disposiciones del Artículo 196 del Código Penal, modificado por la Ley N° 3440/08 “QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 1160/97, CÓDIGO PENAL”, respecto al ocultamiento de objetos provenientes de hechos punibles, previsto en la presente Ley.

 

Artículo 13º: REVELACIÓN DE IDENTIDAD.

Toda persona que, sin la debida autorización, revele a otra persona información adquirida en el curso de sus funciones oficiales y que permitan dé lugar a la identificación de una víctima o un testigo o ambas de la trata de personas, será castigada con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.

 

  1. Jurisprudencia:

 

A pesar de que no se tiene constancia de la existencia de procesos abiertos o concluidos en virtud del principio de jurisdicción universal ante los tribunales del Paraguay, es importante destacar que actualmente existe una causa abierta ante la justicia argentina, en virtud a una denuncia por genocidio, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y torturas que habrían sufrido los represaliados durante el régimen stronista, así como la comunidad indígena Aché durante la dictadura en el Paraguay de Alfredo Stroessner (1954-1989).

 

Caso Dictadura del Paraguay

En el caso de la Dictadura Stronista de Paraguay, el 6 de agosto de 2013 catorce de las víctimas del régimen de Alfredo Stroessner y dos asociaciones de víctimas presentaron querella criminal en Argentina ante el Juez Norberto Oyarbide, por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989, en contra de la población civil paraguaya incluida la comunidad indígena aché en Paraguay. El 8 de abril de 2014, la Federación Nativa Aché se unió a la causa judicial en Argentina. El Juzgado Federal 5 de Buenos Aires libró varios exhortos a Paraguay, solicitándole información sobre las causas abiertas relacionadas con los hechos denunciados y los presuntos responsables querellados ante la justicia argentina a través del principio de jurisdicción universal. Paraguay tardó más de un año en contestar al exhorto, negando la cooperación judicial en un primer momento. Posteriormente, tras duras recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales, Paraguay procedió a contestar el exhorto[4]. Como consecuencia de lo anterior, Argentina siguió solicitando información en el marco de la causa, intercambiándose hasta tres exhortos. Finalmente, las autoridades de Paraguay se comprometieron recientemente a la imputación en territorio nacional de los querellados en Argentina, procediendo contra 10 represores[5], anunciando un efectivo compromiso de lucha contra la impunidad para evitar que avancen acciones en terceras jurisdicciones[6]. En la actualidad la Fiscalía de Paraguay continúa avanzando en su compromiso y sigue impulsando, ahora ya en fase de acusación, la causa abierta contra los represores que fueron querellados en Argentina. Por lo tanto, el principio de jurisdicción universal se erigió como una herramienta eficaz para derribar el muro de impunidad existente en Paraguay.

 

Filártiga v. Pena-Irala 1980 – Estados Unidos de América.

Por otro lado, en relación con el caso anteriormente expuesto, la familia Filártiga informó a las autoridades de Inmigración de Estados Unidos acerca de la estancia de Américo Norberto Peña Irala en territorio estadounidense, habiendo caducado su visa de turismo. Peña Irala era un ex oficial del régimen militar de Alfredo Stroessner.

Una vez Peña Irala había sido detenido en los Estados Unidos y estaba siendo procesado para ser deportado a Paraguay, los Filártiga interpusieron demanda civil en su contra por haber secuestrado, torturado y asesinado a Joelito Filártiga, hermano de uno de los demandantes, el 29 de marzo de 1976, bajo el régimen dictatorial en Paraguay. En la demanda alegaban que Peña Irala había causado la muerte de Joelito al torturarlo, y por tanto pretendían la reparación por daños punitivos. Si bien la familia Filártiga hizo lo posible por obtener justicia por la muerte de Joelito ante la justicia paraguaya, esto no fue posible. La sentencia[7] fue favorable a los demandantes reconociendo la responsabilidad civil del demandado Peña-Irala y su obligación de indemnizar a la familia de Joelito Filártiga.

Este caso es emblemático porque: (i) representó el primer uso del ACTA (por sus siglas derivadas de Allien Tort Claim Act) o ATS (Allien Tort Statute), es decir el estatuto de reclamación por agravios contra extranjero en los EE.UU., desde su incorporación en la legislación en 1789, y porque (ii) la Corte de Apelaciones afirmó que la tortura perpetrada por un funcionario público constituía una violación del derecho consuetudinario, lo cual otorgaba jurisdicción a las cortes de distrito sobre acciones civiles por un agravios solamente, cometido contra extranjero, en violación del Derecho internacional (antes llamado Derecho de las naciones). La corte igualmente declaró que la tortura ejecutada por parte de un funcionario público viola los universalmente aceptados derechos humanos, siendo indiferente la nacionalidad de las partes. Conforme a esta interpretación que hoy en día se encuentra muy cuestionada, siempre que un presunto torturador sea encontrado en territorio estadounidense y un extranjero inicie un proceso judicial en su contra, el ATS será válidamente aplicable y provee de jurisdicción federal[8]. En definitiva se trata de una suerte de jurisdicción universal civil que otorga a los tribunales estadounidenses según su propia legislación interna la facultad de investigar y reconocer la responsabilidad civil derivada de la comisión de un crimen internacional, pero no la competencia de depurar la responsabilidad penal en sí misma. Es por ello que el orden competente en estos casos es el civil y no el penal.

 

  1. Explicación y análisis de los artículos:

 

Jurisdicción universal conforme a sus obligaciones internacionales convencionales

 

La República del Paraguay reconoce en su ordenamiento jurídico múltiples opciones que avalan la aplicación extraterritorial de la ley penal, incluyendo el principio de jurisdicción universal.

 

Como ya hemos mencionado, se trata de un Estado cuya relación con el Derecho internacional se caracteriza por ser dualista. Esto significa que los tratados internacionales debidamente ratificados no suponen una integración automática del Derecho internacional convencional en el ordenamiento jurídico interno.

 

Al respecto, vale la pena mencionar que los delitos internacionales de origen convencional a los que nos referimos en el caso de Paraguay son los crímenes de guerra (recogidos en los Convenios de Ginebra y que incluyen provisiones de jurisdicción universal pura), la tortura, las desapariciones forzadas y los delitos contra personas protegidas (que recoge la cláusula aut dedere aut iudicare de forma obligatoria).

 

En el resto de delitos, no se impone la jurisdicción universal, pero sí se permite o reclama que se legisle conforme a ella. Para este último se deben señalar los siguientes delitos: los actos vinculados al terrorismo, la protección de bienes culturales en conflicto armado (los tratados llaman al Estado ratificante a adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare), el apartheid, la corrupción, el narcotráfico o la delincuencia organizada transnacional (que permite al Estado ratificante adoptar las medidas legislativas necesarias para activar el principio de cláusula aut dedere aut iudicare).

 

Además de los ya citados, Paraguay es parte de tratados internacionales de carácter regional y naturaleza penal que tipifican los delitos de torturas y desapariciones forzadas.

 

En el contexto específico de la jurisdicción universal, la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas emitió un informe con observaciones respecto del alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal. En dicho informe se explica que el principio de jurisdicción universal está recogido en una serie de tratados internacionales, varios respecto de los cuales Paraguay es Estado parte, como es el caso del Estatuto de Roma y los demás tratados recogidos en el cuadro del punto II de este documento. También se afirma que Paraguay recoge el principio en el artículo 8 del Código Penal y otras formas de aplicación extraterritorial de la ley penal del Paraguay en el artículo 9 del mismo texto.

Por otra parte, en el informe se establece que:

“De lo expuesto se colige que la ley penal paraguaya se aplica en estos casos a los hechos punibles descriptos [sic] en el citado artículo, que se hayan cometido fuera del territorio nacional siempre y cuando el autor haya ingresado al territorio nacional y no haya sido condenado o absuelto por un tribunal del Estado en el cual se cometió el hecho punible.

Asimismo, en cuanto a casos jurisprudenciales, podemos mencionar que la Justicia paraguaya ha concedido la extradición de varios ciudadanos requeridos por la Justicia argentina por la supuesta comisión de hechos punibles de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina en el período comprendido entre 1976 y 1983 (Pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina en el expediente caratulado: EXHORTO: “CUMPLIMIENTO SOLICITADO POR LA JUSTICIA ARGENTINA PARA EL JUZGAMIENTO Y LA EVENTUAL APLICACIÓN DE PENA RESPECTO A SAMUEL MIARA”[9]

 

Principios de jurisdicción recogidos en la legislación

 

En el caso de Paraguay, es el Código Penal el que detalla los criterios de jurisdicción que avalarán la competencia de sus juzgados, cortes y tribunales. Vienen expuestos en los artículos 6, 7, 8 y 9 de dicho código.

 

Con relación al principio de la territorialidad, el mismo queda reconocido en el artículo 6.1, cuando se persiguen los delitos cometidos en territorio nacional. Este mismo artículo regula un principio de territorialidad extensiva a otros escenarios clásicos en que se respeta la ficción de que aeronaves y buques del Estado suponen, a efectos penales, una extensión del territorio nacional. Con respecto a un hecho que se comete parcialmente en territorio nacional y parcialmente en el extranjero, el Código penal paraguayo establece en su artículo 6.2 que quedará exento de sanción si ya ha sido juzgado y absuelto o condenado en el país de comisión.

Por su parte, el artículo 12 del Código de Organización Judicial también establece el principio de territorialidad extensiva en su artículo 12, pues será competente la jurisdicción paraguaya para conocer de los delitos cometidos en alta mar a bordo de buques o aeronaves nacionales, incluso aunque se hallen en aguas o espacio aéreo jurisdiccionales extranjeros, siempre que el Gobierno extranjero no inicie la acción penal. A su vez los artículos 24 y 25 del mismo código facultan a los Jueces y tribunales nacionales para conocer de los actos ejecutados y los hechos producidos a bordo de aeronaves nacionales en vuelo sobre territorio paraguayo o sobre alta mar.

También regula el principio de territorialidad el artículo 32 del Código Procesal Penal, que extiende la jurisdicción penal a los hechos punibles cometidos en el territorio de la República, y a los que produzcan efectos en él o en los lugares sometidos a su jurisdicción (principio de ubicuidad).

 

Seguidamente, el principio de protección se encuentra recogido en el artículo 7 del Código Penal, el cual determina la persecución extraterritorial de los delitos cometidos contra los bienes jurídicos paraguayos, entendidos estos como; los delitos contra la existencia del Estado (artículos 269 a 271); contra el orden constitucional (artículo 273); contra los órganos constitucionales (artículos 286 y 287); contra la prueba testimonial (artículos 242 y 243); y contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos (artículos 203, 206, 208, 209 y 212).

También se faculta a la jurisdicción paraguaya para que conozcan de los hechos producidos a bordo de las aeronaves extranjeras que sobrevuelen el territorio nacional o alta mar, siempre que se vea afectado el interés del Estado (artículos 24 y 25 del Código de Organización Judicial.

A continuación, el principio de personalidad activa aparece regulado en el artículo 9.1º.2, que indica que se aplicará la ley paraguaya a hechos punibles realizados en el extranjero cuando el autor haya tenido nacionalidad paraguaya o la hubiera adquirido luego de realizar el hecho, pero con la condición impuesta en el artículo 9.1º.1 de que en el lugar de su realización el hecho se halle penalmente sancionado conforme al principio de doble incriminación. Además, el Código Penal paraguayo establece que se aplicarán estas mismas disposiciones cuando en el lugar de realización del hecho no exista poder punitivo. Hay que mencionar que el citado artículo exige el respeto al principio ne bis in idem, por remisión al artículo 6.2º. También se regula un principio de personalidad activa especial en el artículo 7.6 del Código Penal, pues podrán conocer los jueces y tribunales paraguayos de los hechos cometidos por el titular de un cargo público paraguayo, relacionados con sus funciones.

También el Código Penal Militar regula el principio de personalidad activa especial, en su artículo 3 al prever la aplicación del mismo código para los delitos cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas paraguayas.

 

Si bien el Código Penal no hace ninguna referencia a la aplicación del principio de personalidad pasiva, esto es, cuando la víctima de un delito cometido en el exterior sea un nacional paraguayo, la Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas prevé en su artículo 3 dicho principio, pues los Jueces y Tribunales podrán juzgar al autor de un delito de trata de personas aunque no haya ingresado en el territorio nacional, si la víctima del delito es de nacionalidad paraguaya, respetando el principio ne bis in idem.

 

Finalmente, el principio de jurisdicción universal viene recogido en el artículo 8 del Código Penal.

En primer lugar, el artículo 8.1 determina la posibilidad de perseguir los delitos que afectan a bienes jurídicos con protección universal que son: aquellos hechos punibles realizados mediante explosivos (artículo 203); la trata de personas (Artículo 5 de la Ley contra la trata de personas, que deroga el artículo 129 del Código Penal); el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas (artículo del 37 al 45 de la Ley 1340); los hechos punibles contra la autenticidad de monedas y valores (artículos 264 al 268), el genocidio (artículo 319) y los hechos punibles que la República, en virtud de un tratado internacional vigente, esté obligada a perseguir.

Por su parte, el artículo 8.3 determina la exclusión de la punición cuando un tribunal extranjero haya absuelto al autor por sentencia firme o lo haya condenado a una pena o medida privativa de libertad, y la condena haya sido ejecutada, prescrita o indultada.

Adicionalmente, el artículo 8.7 establece que la ley penal paraguaya se aplicará respecto de hechos punibles cometidos en el extranjero, en virtud de la obligación derivada de un tratado internacional vigente, del que la República del Paraguay sea Estado Parte.

 

Obligación de enjuiciar cuando se niega una extradición

 

Respecto del principio aut dedere aut iudicare, el artículo 9.1º.2.b) determina que la ley penal paraguaya tendrá aplicación cuando, aún tratándose de un extranjero, si tras la comisión del delito éste se encuentra en territorio paraguayo, es requerido en extradición y la misma es rechazada “a pesar de que ella, en virtud de la naturaleza del hecho, hubiera sido legalmente admisible”.

 

Adicionalmente, en el Código Procesal Penal quedan reflejadas las normas que conciernen a la extradición en los artículos 147, 148 y 149. Éstas prevén tanto la extradición activa como la pasiva y remiten a los tratados y costumbres internacionales, las leyes del país o subsidiariamente a las reglas de reciprocidad.

Este mismo código determina que los tribunales paraguayos son competentes para conocer de hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional, si así lo establece la ley. Así, teniendo en cuenta las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de este código, “cuando el hecho punible cometido en el extranjero pueda ser sometido a la jurisdicción penal de los tribunales de la República”, este será conocido por los tribunales de la circunscripción judicial de la capital, es decir, de Asunción.

 

Por otro lado, además de lo establecido en la legislación nacional paraguaya, es necesario decir que Paraguay es Estado parte del denominado “Código Bustamante”, que en su artículo 345 establece que la nación que se abstenga de entregar a uno de sus nacionales estará obligada a juzgarlo.

 

Integración de los crímenes internacionales en el derecho interno

 

Existe una variedad de delitos de naturaleza internacional que han sido incorporados a la legislación nacional del Paraguay. No obstante, los mismos no siempre respetan el contenido y extensión de la definición propia del Derecho internacional reconocible principalmente a través de convenciones y tratados internacionales. Esto podrá representar un verdadero problema en términos prácticos si se pretende aplicar un delito internacional conforme a una definición de derecho interno más amplia que la original cuyo impacto se hará tangible principalmente en solicitudes de extradición y cuando se agreda al principio de doble incriminación.

 

En primer lugar, el crimen de genocidio se encuentra tipificado en el artículo 319 del Código Penal paraguayo.

La primera diferencia que encontramos con respecto a la definición internacional del Estatuto de Roma, es que la legislación paraguaya no otorga protección al grupo racial, pero si al grupo social, inclusión polémica y de difícil interpretación.

Seguidamente, con respecto a las conductas subyacentes también encontramos varias diferencias. La primera de ellas es que el genocidio paraguayo habla solamente de “lesión grave”, sin distinción entre la lesión física y la lesión mental, lo cual puede conllevar problemas a la hora de incluir la última dentro de la conducta subyacente. Seguidamente, la legislación interna también protege a los adultos del traslado forzoso, el cual puede hacerse con intimidación, además de con fuerza, e incluyendo el traslado a otro lugar físico distinto del domicilio habitual, y no solamente a otros grupos.

A continuación, se amplía el catálogo de las conductas subyacentes tipificadas en el Estatuto de Roma, pues la legislación paraguaya añade que se imposibilite el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres, y que se fuerce la dispersión de la comunidad.

Vemos por tanto que la definición paraguaya es bastante más amplia que la del Estatuto de Roma, si bien no se proteja al grupo racial.

Por otro lado, cabe resaltar que el artículo 5 de la Constitución establece la imprescriptibilidad del crimen de genocidio.

 

Si bien no existe ningún precepto penal que haga alusión a los crímenes de lesa humanidad, la ley n° 5165, de 2 de abril de 2014, establece la competencia exclusiva de la jurisdicción Penal ordinaria para conocer y decidir respecto de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y otras violaciones graves de derechos Humanos, tipificados en los tratados, convenios y acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por la republica del Paraguay, y excluye de su conocimiento y juzgamiento a la jurisdicción penal militar. Por tanto, y puesto que el Paraguay es un estado dualista que ha ratificado y, con esta ley, traspuesto el Estatuto de Roma, se puede pensar que sería posible juzgar un crimen de lesa humanidad en Paraguay.

 

A continuación, los crímenes de guerra vienen recogidos en el artículo 320 del Código Penal. El tipo penal paraguayo restringe bastante la definición internacional, pues simplemente establece un catálogo de conductas que se han de realizar en la población civil, en heridos, enfermos o prisioneros de guerra, siendo estas: homicidio o lesiones graves; tratamientos inhumanos, incluyendo la sujeción a experimentos médicos o científicos; deportación; trabajos forzados; privación de libertad; coacción para servir en las fuerzas armadas enemigas; y saqueo de la propiedad privada y su deliberada destrucción, en especial de bienes patrimoniales de gran valor económico o cultural. Vemos por tanto que no se hace mención a otras conductas establecidas en el Estatuto de Roma, como por ejemplo la utilización de armas prohibidas, o la declaración de que no se dará cuartel. Tampoco hay ninguna mención a los crímenes de guerra en el Código Penal Militar.

 

Seguidamente, se regula el crimen de agresión, en los artículos 271 del Código Penal, y 83 a 85 del Código Penal Militar.

El precepto penal general, regula dicho crimen como la preparación una guerra de agresión en la cual la República sea la agresora, sin hacer un catálogo de conductas como hace el artículo 8bis del Estatuto de Roma. Este hecho puede suponer un problema a la hora de considerar un crimen de agresión, puesto que Paraguay no ha ratificado las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión, si bien con fecha 29 de marzo de 2016, el gobierno paraguayo se había comprometido a la ratificación de las enmiendas, según un informe emitido por Acción Mundial de Parlamentarios[10].

Seguidamente, los artículos citados del Código Penal Militar establecen en el capítulo de los “Delitos contra el Derecho Internacional” una suerte de crimen de agresión, pues se castigará al militar que “sin orden o autorización competente, atacase o mandase atacar con fuerza armada a las tropas o habitantes de una Nación amiga, neutral o aliada, o metiere cualquier otro acto de hostilidad manifiesta que expusiere al Paraguay a una declaración de guerra” (Artículo 83). El artículo 84 establece una atenuante si tal acto hostil resultare de una provocación previa por parte del Estado agredido, y el artículo 85 establece una agravante si como consecuencia del acto hostil se produce una declaración de guerra, o bien si se produce incendio, devastación o muerte de persona como represalia.

 

Por otro lado, el crimen de tortura se tipifica en el artículo 309 del Código Penal paraguayo. El tipo penal interno coincide con el establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y lo amplía eliminando la condición de “graves” de las lesiones, añadiendo la realización de actos contra la autonomía sexual, estableciendo que cualquier finalidad puede constituir crimen de tortura, y añadiendo la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental. También se prevé su comisión por particular, y por cualquier persona que se arrogue indebidamente la calidad de funcionario. Por tanto estamos ante una definición bastante más amplia que la internacionalmente establecida.

Cabe mencionar que además de la sanción penal, en la Constitución de Paraguay existe la clásica prohibición constitucional de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, todo ello en el artículo 5, que además establece la imprescriptibilidad de la tortura.

 

El siguiente crimen internacional que se establece a nivel interno, es el crimen de desaparición forzada, en el artículo 236 del Código Penal paraguayo. La definición interna es exactamente igual que la establecida en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, si bien el tipo penal paraguayo prevé su comisión por particular, además de por funcionario.

Finalmente, al igual que ocurre con el genocidio y con la tortura, el artículo 5 de la Constitución establece la imprescriptibilidad del crimen de desaparición forzosa.

 

El último crimen internacional que prevé la legislación paraguaya es el crimen de tráfico de seres humanos, que se encuentra regulado en los artículos 5 a 13 de la Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas, de 2012.

Estamos ante una definición más amplia que la que establece el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, pues se recogen todas las conductas del mismo, añadiéndose el sometimiento a matrimonio servil (artículo 5.2º), y la extracción de tejidos (artículo 5.3º). También se prescinde del recurso a la violencia, fuerza u otras formas de coacción, y del abuso de poder o de situación de vulnerabilidad de la víctima, por lo que cualquier conducta en la que no medie alguno de los recursos mencionados también será constitutiva de trata de personas, puesto que dichos recursos serán una circunstancia agravante del delito, de acuerdo al artículo 6 de la ley.

Por su parte, el artículo 7 establece el catálogo de agravantes especiales, no mencionadas en el Protocolo, como que: el autor sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, cónyuge, ex cónyuge, concubino o ex concubino, persona conviviente, tutor, curador, encargado de la educación o guarda de la víctima directa, ministro de un culto reconocido; la víctima sea menor de 13 años; como consecuencia de la trata de personas se ocasionare a la víctima algún resultado descripto en el artículo 112 del Código Penal (lesiones graves); el autor y/o partícipe actuare como miembro, empleado o responsable de una empresa de transporte comercial; de bolsas de trabajo, agencias de publicidad o modelaje, institutos de investigación científica o centros de asistencia médica; el autor y/o partícipe efectuare promociones, ofertas o subastas por publicaciones en medios masivos, medios restringidos o redes informáticas; el autor actuare comercialmente (conforme al Artículo 14.1º.15 del Código Penal); el autor actuare como miembro de una banda organizada para la realización continuada de la trata de personas.

Finalmente, los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la citada ley establecen varias conductas conexas. Respectivamente, la obtención de beneficios por la trata, la negación de documentación personal, el ocultamiento del paradero de la víctima, la intervención indirecta, el lavado del dinero y la revelación de identidad de una víctima o testigo de trata de personas.

 

No existe tipificación alguna en el régimen interno paraguayo de los crímenes de piratería, de Apartheid, de esclavitud, (si bien con respecto a dicho crimen, al igual que con la tortura, la Constitución paraguaya prescribe la esclavitud en su artículo 10), ni de ecocidio.

 

  1. Cuadro de delitos y puntos de conexión:
Paraguay
Fuente jurídica Delito Punto de conexión Otros comentarios
Código Penal
Artículo 6º
Cualquier delito Territorialidad Delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves paraguayos.
Código Penal
Artículo 7º
-Delitos contra la existencia del Estado (artículos 269 a 271)
-Delitos contra el orden constitucional (artículo 273) y contra los órganos constitucionales (artículos 286 y 287)
-Delitos contra la prueba constitucional (artículos 242 y 243)

-Delitos contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos (artículos 203, 206, 208, 209, y 212).

Principio de protección

 

 
-Delitos cometidos por el titular de un cargo público paraguayo, relacionados con sus funciones. Principio de personalidad activa especial
Código Penal
Artículo 8º
-Hechos punibles contra la libertad (artículos 125 a 127)

-Hechos punibles mediante explosivos (artículo 203)

-Atentados al tráfico civil aéreo y naval (artículo 213)

– Trata de personas (artículo 5 de la Ley de trata de personas)

– Tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas (artículos 37 a 45 Ley 1340)

– Falsificación de monedas y valores (artículos 264 a 268)

– Genocidio (artículo 319)

– Crímenes internacionales de tratados de los que el Estado sea parte

 

 

Jurisdicción universal

 

-Si el autor ha ingresado en el país.

-Con respeto al principio ne bis in ídem.

Código Penal

Artículo 9º

 

Cualquier delito

 

Personalidad activa

 

– Respeto al principio de doble incriminación.

– Nacionalidad adquirida antes o después del delito.

Aut dedere aut iudicare.

Código Procesal Penal

Artículo 32º

Cualquier delito Territorialidad  
Principio de ubicuidad
Código Penal Militar

Artículo 3º

Cualquier delito. Personalidad activa especial Cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, aunque se encuentren en el extranjero.
Código de Organización Judicial

Artículo 12º

 

Cualquier delito Territorialidad extensiva -Cometidos en alta mar a bordo de buques o aeronaves nacionales.

-Delitos cometidos en buques que se hallen en aguas jurisdiccionales extranjeras, en aeronaves que se encuentren en espacio aéreo extranjero, si los Gobiernos afectados no intervienen.

Código de Organización Judicial

Artículo 24º

 

Cualquier delito Territorialidad extensiva Actos ejecutados y los hechos producidos a bordo de aeronaves en vuelo sobre territorio paraguayo.
Principio de protección Delitos cometidos en aeronaves extranjeras en vuelo sobre territorio paraguayo.
Código de Organización Judicial

Artículo 25º

Cualquier delito Territorialidad extensiva Delitos cometidos a bordo de aeronaves paraguayas en vuelo sobre alta mar.
Principio de protección Delitos cometidos a bordo de aeronaves paraguayas en territorio extranjero.
Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas

Artículo 3º

Trata de personas Personalidad pasiva Con respeto al principio ne bis in idem.
Constitución Nacional

Artículo 5º

Tortura, genocidio, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas   -Prohibición de la tortura.

-Se establece la imprescriptibilidad de estos delitos.

Código Penal

Artículo 236º

Desaparición forzosa   Se prevé la comisión por particulares.
Código Penal

Artículo 271º

Preparación de una guerra de agresión   No incluye definición de guerra de agresión.
Código Penal

Artículo 309º

Tortura   -Se prescinde del elemento de la gravedad de las lesiones.

-Se añade la realización de actos contra la autonomía sexual.

-Se prevé la comisión con cualquier finalidad.

-Se añade la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental.

-Se prevé su comisión por particular, y por cualquier persona que se arrogue indebidamente la calidad de funcionario.

Código Penal

Artículo 319º

Genocidio   -No incluye el grupo racial y añade el grupo social.

-Se prescinde del elemento de la gravedad de la lesión.

-Sin distinción entre la lesión física y la lesión mental

-Se protege a los adultos del traslado forzoso, el cual puede hacerse con intimidación, además de con fuerza, e incluyendo el traslado a otro lugar físico distinto del domicilio habitual, y no solamente a otros grupos.

-Se añade como conducta subyacente que se imposibilite al grupo el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres.

-Se añade como conducta subyacente que se fuerce la dispersión de la comunidad.

Código Penal

Artículo 320º

Crímenes de guerra   -Se establece un catálogo de conductas que se han de realizar en la población civil, en heridos, enfermos o prisioneros de guerra.

-No se incluyen todas las conductas del Estatuto de Roma.

Ley nº 4.788/12 integral contra la trata de personas

Artículo 5º

Trata de personas   -Se prevé el sometimiento a matrimonio servil y la extracción de tejidos como finalidades.

-Se prescinde del recurso a la violencia, fuerza u otras formas de coacción, y del abuso de poder o de situación de vulnerabilidad de la víctima.

Constitución Nacional

Artículo 10º

    -Prohibición de la esclavitud.

 

  • Fuentes de documentación:

 

[1] González Feldmann, C. et al “El Paraguay frente al sistema internacional de los derechos humanos: análisis sobre la implementación de tratados y mecanismos de protección de los derechos humanos en Paraguay”, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004, pp 35-36, disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_5105-544-1-30.pdf (Última consulta realizada el 26/03/2018).

[2] Ibídem, p. 48.

[3] The Republic of Paraguay makes the following reservation in relation to the term “offence” as defined in the United Nations Convention against Corruption:

For the application of the Convention, the meaning of the term “offence” shall be understood  to be “punishable act”, in accordance with current domestic legislation.

[4] http://www.ultimahora.com/onu-pide-paraguay-que-investigue-y-juzgue-torturadores-la-dictadura-n833357.html (Último acceso el 06/02/2018).

[5] http://www.paraguay.com/nacionales/stronismo-10-imputados-por-tortura-164599 (Último acceso el 06/02/2018) y http://www.abc.com.py/nacionales/imputan-a-10-torturadores-1607281.html (Último acceso el 06/02/2018).

http://www.ultimahora.com/fiscalia-imputo-10-hechos-tortura-la-dictadura-stronista-n1093215.html

[6] http://www.nanduti.com.py/2017/07/01/la-justicia-tardo-mas-20-anos-imputar-los-represores-stronistas/ (Última consulta realizada el 27/03/2018).

[7] 630 F. 2d 876 – Filartiga v. Pena-Irala. http://openjurist.org/630/f2d/876/filartiga-v-pena-irala (Última consulta realizada el 27/03/2018).

[8] https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/67408a74a58986884126497002b02e4/27721c1b47e7ca90c1256d18002a2565 (Última consulta realizada el 27/03/2018).

[9] Informe de la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas, de 28 de abril de 2011. Disponible en: http://www.un.org/en/ga/sixth/66/ScopeAppUniJuri_StatesComments/Paraguay%20(S).pdf (Última consulta realizada el 27/03/2018).

[10] Estado de ratificación e implementación de las Enmiendas de Kampala sobre el Crimen de Agresión. Disponible en: https://crimeofaggression.info/documents/1/Informe_de_Avances_sobre-ESP.pdf (Última consulta realizada el 27/03/2018).