El pasado 26 de febrero se celebró en Barcelona el Congreso sobre Justicia Penal Internacional: Avances y Retos en la Lucha contra la Impunidad, un encuentro concebido como espacio de reflexión y diálogo en torno a los desafíos contemporáneos del Derecho Penal Internacional, organizado con el respaldo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAB, con la cofinanciación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. La jornada reunió a académicos/as, operadores jurídicos, representantes de la sociedad civil, activistas y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, con el objetivo de analizar críticamente los avances y tensiones en la lucha contra la impunidad. 

La apertura estuvo a cargo de David Querol, Presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos de ICAB, quien dio la bienvenida institucional y subrayó la importancia de que la abogacía asuma un papel activo en la defensa del orden jurídico internacional, presentando  y enmarcando la jornada como un espacio de reflexión jurídica comprometida. Por su parte, el Decano Emérito de ICAB, Eugeni Gay, ofreció palabras de bienvenida, destacó que el sistema construido tras la II Guerra Mundial fue una  respuesta jurídica frente a la barbarie, y advirtió que su debilitamiento progresivo compromete no solo la paz, sino la propia idea de comunidad internacional. Con una apelación directa a la responsabilidad de los juristas, defendió que el Derecho Penal Internacional no es una quimera, sino una obligación jurídica cuyo cumplimiento exige valentía frente al miedo y a las presiones políticas. Finalmente, Alessia Schiavón, Directora de FIBGAR, destacó la vocación del congreso como espacio de encuentro entre profesionales de la abogacía, la academia y la sociedad civil, destacando la necesidad de tender puentes y generar alianzas para enfrentar la impunidad desde distintos frentes, y celebrando  el inicio de un espacio que aspira a consolidarse en futuras ediciones.

La conferencia inaugural titulada Balance de la lucha contra la impunidad, estuvo a cargo de Baltasar Garzón Real, Presidente ad honorem de FIBGAR, quien, en una crítica al contexto global marcado por la erosión del sistema multilateral, el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales internacionales y el resurgimiento de lógicas de fuerza, defendió la arquitectura jurídica construida tras Núremberg y reafirmó el valor del Derecho Penal Internacional como expresión de una soberanía compartida. En ese contexto, destacó que la lucha contra la impunidad ha sido siempre una conquista progresiva, nunca exenta de resistencias. Reivindicando el principio de jurisdicción universal —recordando precedentes como el caso Pinochet—, alertó sobre la instrumentalización política del derecho, las presiones contra la Corte Penal Internacional y la privatización de la paz en función de intereses geopolíticos y económicos. Su llamado fue claro: sin interpretación progresiva y evolutiva de las normas internacionales y sin coraje judicial, la impunidad se convierte en regla.

El primer panel, dedicado a la Corte Penal Internacional y sus retos actuales, reunió a Jaume Antich Soler, Abogado y Profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Alexandra García Tabernero, Profesora y Fiscal de la Audiencia de Barcelona, bajo la moderación de Silvia Soler, Vocal de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos de ICAB. Alexandra García Tabernero abordó las tensiones jurídicas y políticas que enfrenta la CPI en el ejercicio de su jurisdicción, especialmente en situaciones que involucran a Estados poderosos o que no son parte del Estatuto de Roma, haciendo especial énfasis en el proceso seguido contra el Estado de Israel. Analizó las presiones externas a la que la institución es sometida en la actualidad, incluidas sanciones y campañas de descrédito, subrayando que la independencia judicial constituye la piedra angular de su legitimidad, advirtiendo que la coacción institucional pone en riesgo no solo a los jueces, sino a las propias víctimas cuya protección constituye el fin último del sistema. Por su parte, Jaume Antich Soler defendió la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de la responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas. Explicó que, en un mundo donde grandes estructuras empresariales intervienen en conflictos a través de la tecnología militar, o donde llevan adelante la explotación masiva de recursos, limitar la persecución a individuos puede resultar insuficiente para combatir eficazmente la impunidad. En ese sentido, remarcó la urgencia de un debate sobre la incorporación de estas figuras como posibles sujetos activos en el marco de los procesos ante la Corte Penal Internacional, así como el desarrollo de estándares internacionales que actúen preventivamente.

El segundo panel, centrado en los avances en la persecución de los crímenes internacionales, contó con las intervenciones de Álvaro de Juan García, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y Elisenda Calvet Martínez, Profesora en la Universidad de Barcelona, moderados por Alessia Schiavón, Directora de FIBGAR. Álvaro de Juan García, examinó el principio de legalidad en el ámbito internacional y su interacción con los ordenamientos internos, a los fines de vislumbrar si los tribunales nacionales pueden juzgar crímenes internacionales que, al momento de su comisión, no estaban tipificados en el derecho interno. En ese sentido, sostuvo en su desarrollo que el principio nullum crimen sine iure debe interpretarse a la luz del principio de legalidad en el ámbito internacional, integrando un sistema multinivel donde las fuentes internacionales –tratados, costumbre y principios generales– constituyen una legalidad previa suficiente, compatible con las garantías fundamentales. Elisenda Calvet Martínez, por su parte, criticó la falta de perspectiva de género en la CPI, donde avances normativos como la inclusión de delitos de género en el Estatuto de Roma no se reflejan en la práctica. Asimismo, señaló la necesidad urgente de codificar el crimen de apartheid de género como crimen de lesa humanidad para abordar la violencia estructural contra mujeres y personas LGTBI+. Por último, destacó la labor del Tribunal Permanente de los Pueblos para Afganistán como un mecanismo de justicia alternativa que visibiliza testimonios de víctimas, fortalece la justicia restaurativa y devuelve la voz a las supervivientes. 

La sesión de la tarde comenzó con el tercer panel dedicado a los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, que, moderado por Elena Vallejo, contó con las intervenciones de Jesús Becerra Briceño, Abogado penalista, Profesor y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de ICAB, y David Querol Sánchez, Presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos de ICAB. Jesús Becerra Briceño ofreció un análisis detallado del estatuto procesal de las víctimas, explicando los mecanismos que permiten su participación en distintas fases del procedimiento. Subrayó que la CPI ha desarrollado un modelo innovador que reconoce a las víctimas un rol activo, aunque todavía enfrenta desafíos prácticos en su implementación y no cuenta con calidad de parte en el proceso. Por su parte, David Querol profundizó en la dimensión conceptual y ética de la figura de la víctima, recordando que la legitimidad de la justicia penal internacional no se mide solo por las condenas dictadas, sino por su capacidad de escuchar, reconocer y reparar a quienes han sufrido los crímenes más graves.

El congreso concluyó con un cuarto panel dedicado al papel de la jurisdicción universal en la persecución de los crímenes internacionales, moderado por Yolanda Bassas y con las intervenciones de Reed Brody, Abogado de Derechos Humanos, Ex Consejero y Portavoz de Humans Rights Watch, y Alessia Schiavon, Directora de Fibgar. Reed Brody reflexionó sobre el potencial transformador de esta herramienta jurídica cuando los sistemas nacionales fallan o se muestran incapaces de actuar, haciendo mención a casos emblemáticos como el seguido contra Hissène Habré en Senegal. En ese sentido, señaló que su efectividad depende del trabajo coordinado entre víctimas, activistas y abogados, destacando el papel persistente que ha tenido la sociedad civil en impulsar investigaciones que parecían inviables. Asimismo, resaltó que la articulación estratégica y la perseverancia consolidan este principio como instrumento vital para la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Alessia Schiavon destacó los desafíos contemporáneos de la jurisdicción universal y la necesidad de fortalecerla frente a cambios geopolíticos, limitaciones institucionales y recursos escasos. Subrayó que su efectividad depende de jueces comprometidos, abogados especializados, cooperación internacional y participación activa de la sociedad civil. Además, enfatizó sobre la importancia de la educación en derechos humanos para crear conciencia y consolidar un ecosistema jurídico sostenible. En ese sentido, concluyó que mantener la confianza de ciudadanos y profesionales es clave para que la jurisdicción universal siga siendo un instrumento efectivo contra la impunidad.

El congreso incluyó asimismo espacios de networking que permitieron el intercambio directo entre ponentes, profesionales y asistentes. Estos momentos de diálogo informal favorecieron la creación de alianzas, el intercambio de experiencias y la consolidación de una red comprometida con el fortalecimiento de la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad.

La jornada cerró con palabras de agradecimiento a ponentes, moderadores y asistentes, y con una idea compartida: la Justicia Penal Internacional atraviesa un momento de tensión, pero también de reafirmación. Su futuro dependerá de la voluntad colectiva de preservar el principio fundamental que le dio origen: que los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional no queden impunes y que las víctimas sigan estando en el centro del derecho.

Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de FIBGAR.