Caso El Salvador
Guerra Civil en El Salvador y la Masacre de los Jesuítas
El Salvador vivió una guerra civil marcada por represión militar, la violencia de los grupos paramilitares de extrema derecha, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales bajo la estrategia de “guerra total” impulsada por la cúpula militar liderada por el grupo La Tandona.
En 1989, tras la llegada al poder de Alfredo Cristiani (ARENA) en las elecciones presidenciales, la violencia escaló: un atentado contra la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños dejó 9 muertos y más de 40 heridos. Ese mismo año, el Batallón Atlacatl, siguiendo órdenes de la cúpula militar, cometió la masacre de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA), asesinando a seis sacerdotes, el ama de llaves y su hija.
Los juicios posteriores fueron manipulados y la Ley de Amnistía de 1993 liberó a los pocos condenados, generando impunidad, pese a los Acuerdos de Paz de 1992 y la Comisión de la Verdad.
Presentación de la Querella y Admisión a Trámite
El 13 de noviembre de 2008, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center for Justice and Accountability (CJA) interpusieron una querella ante la Audiencia Nacional de España para juzgar a 14 militares y al expresidente Cristiani por crímenes de lesa humanidad y terrorismo.
En 2009, el juez Eloy Velasco admitió la querella contra los militares (excluyendo a Cristiani por falta de pruebas), abriendo el camino a un proceso internacional.
Cuestiones Procesales y Modificaciones de la Acusación
Tras la admisión de la querella surgieron complicaciones procesales: el CJA fue excluido por ser una organización extranjera y no poder ejercer como acusación popular. El Tribunal Constitucional rechazó su participación, dejando a la APDHE como única acusación.
Sin embargo, se incorporaron familiares españoles de las víctimas y asociaciones de antiguos alumnos jesuitas, representados por los abogados Manuel Ollé y Almudena Bernabeu, asegurando la participación directa de los afectados en el juicio.
Procesamiento de los Responsables
En 2011, el juez Eloy Velasco dictó auto de procesamiento contra 14 altos mandos militares, incluidos el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y comandantes de la Fuerza Aérea y el Batallón Atlacatl. Este paso histórico responsabilizó a la cúpula militar por la masacre, algo que en El Salvador había sido imposible.
Obstáculos Procesales y Reformas Legales
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 2014 restringió significativamente la jurisdicción universal en España.
En 2015, el Tribunal Supremo estableció que España solo podía actuar si en el país de origen no había procesos efectivos. El fallo reconoció que en El Salvador los responsables gozaban de impunidad, lo que permitió a España seguir teniendo competencia para perseguir estos delitos y que el caso siguiera abierto.
Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General en El Salvador
En 2016, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había impedido juzgar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto civil entre 1980 y 1992, al considerarla contraria al derecho a la justicia, a la tutela judicial y a la reparación de las víctimas. La Corte reafirmó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, aunque muchos militares siguieron protegidos en El Salvador.
Detención y Extradición de Inocente Orlando Montano
A finales de 2017, tras ser localizado en EE. UU., el exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, fue extraditado a España, convirtiéndose en el único alto mando extraditado. Montano admitió haber estado presente en la reunión de la cúpula militar donde se planificó la masacre, pero que nunca escuchó una orden directa de ejecución.
Juicio en España contra Inocente Montano
El 8 de junio de 2020 inició en la Audiencia Nacional el juicio contra Montano, acusado de participar en la planificación del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989. La Fiscalía pidió hasta 150 años de prisión, aunque la pena efectiva se limitaba por ley.
También fue procesado René Yusshy Mendoza como autor material, debido a su participación directa en los asesinatos, pero se le aplicaron atenuantes (miedo insuperable, confesión y reparación parcial), por lo que solo se solicitó un año por cada asesinato.
La Fiscalía explicó que Montano y otros militares integraban una estructura paralela al Estado, responsable de ejecuciones y desapariciones, y que los jesuitas, encabezados por Ignacio Ellacuría, eran objetivo de la extrema derecha.
El juicio concluyó el 16 de julio y el 11 de septiembre de 2020 Montano fue condenado a 133 años de cárcel por los asesinatos terroristas de los cinco sacerdotes.
Condena Definitiva ante el Tribunal Supremo
Inocente Montano interpuso un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo confirmó la decisión y rechazó el recurso de Montano, haciendo definitiva su condena a 133 años de prisión por el asesinato de carácter terrorista de cinco jesuitas en 1989.
