Caso Rohingya, Argentina

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2012

Las "operaciones de limpieza" contra el pueblo Rohingya

Desde 2012 y, por lo menos, hasta 2018, altos mandos militares y civiles del gobierno de Myanmar llevaron a cabo una persecución sistemática contra el pueblo Rohingya, minoría étnica musulmana negada como ciudadanía pese a residir en el país durante generaciones. Los hechos incluyeron matanzas generalizadas, violaciones grupales, destrucción de aldeas mediante incendios intencionales, detención arbitraria y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas a campos de refugiados en Bangladesh.

2019

Interposición de la denuncia en Argentina

Maung Tun Khin, presidente de la Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), presentó una denuncia ante los tribunales federales argentinos con el apoyo del ex Relator Especial de la ONU Tomás Ojea Quintana, a la que se sumaron seis mujeres sobrevivientes rohingya y organizaciones como Robert F. Kennedy Human Rights y Fortify Rights en calidad de amicus curiae. La causa señaló como responsables a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, al Comandante en Jefe Min Aung Hlaing y a los ex presidentes U Htin Kyaw y U Thein Sein.

Rechazo en primera instancia

El tribunal de primera instancia rechazó la apertura del caso, argumentando que los tribunales argentinos no eran el foro apropiado dado que la Corte Penal Internacional ya investigaba los crímenes contra los Rohingya. La decisión fue apelada tanto por las querellas como por la fiscalía.

 

2021

Testimonios en la Cámara de Apelaciones

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal escuchó, en audiencias de apelación, el testimonio remoto de cinco mujeres rohingyas sobrevivientes de violencia sexual durante las operaciones de limpieza de 2017.

La Cámara revoca el archivo y reabre la investigación

Tras escuchar a las víctimas, la Cámara hizo lugar al recurso de las querellas y la fiscalía, revocó la decisión de la primera instancia y ordenó continuar la investigación penal contra los funcionarios militares y civiles de Myanmar, convirtiéndose en la primera investigación a nivel mundial de jurisdicción universal respecto al pueblo Rohingya. La Cámara concluyó además que la investigación en la CPI no duplicaba la causa argentina, al no referirse a las mismas conductas ni al mismo territorio.

Requerimiento de instrucción

El fiscal presentó el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal al identificar a los posibles responsables y proponer las primeras medidas de prueba.

2023

Solicitud de órdenes de captura internacional

Con base en imágenes satelitales, informes del IIMM y los testimonios recabados —que documentaron más de 392 aldeas destruidas, trabajos forzados y más de 10.000 víctimas fatales—, el fiscal Guillermo Marijuán calificó los hechos como genocidio y crímenes de lesa humanidad, y solicitó al tribunal órdenes internacionales de detención contra 25 autoridades políticas y militares de Myanmar.

2025

Primera orden de captura internacional por genocidio Rohingya

La jueza María Servini de Cubría dictó la primera orden de captura internacional por estos hechos contra las 25 autoridades, incluyendo al Comandante en Jefe Min Aung Hlaing, al Vicecomandante Soe Win, al ex comandante Maung Maung Soe, al ex presidente Htin Kyaw y a la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi.

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