La querella argentina
La dictadura franquista
Entre julio de 1936 y junio de 1977, la dictadura instaurada por Francisco Franco tras el golpe de Estado contra la Segunda República española desplegó una represión sistemática contra la población civil considerada opositora al régimen. A lo largo de estas cuatro décadas se cometieron ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados, deportaciones y la apropiación de niños y niñas nacidos de presas políticas o arrebatados a sus familias —conocidos como los "niños robados" del franquismo—. Se estima que decenas de miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra, muchas de ellas enterradas en fosas comunes que permanecen sin identificar hasta la actualidad. Con el retorno a la democracia, la Ley de Amnistía de 1977 impidió en la práctica que estos crímenes fueran investigados y juzgados en España, lo que llevó a las víctimas y sus familiares a buscar justicia fuera de sus fronteras, apelando al principio de jurisdicción universal.
Interposición de la denuncia
Inés García Holgado y Darío Rivas, familiares de víctimas exiliadas en Argentina, presentan junto a organizaciones como ARMH, Abuelas de Plaza de Mayo y CELS una denuncia ante los tribunales federales de Buenos Aires por genocidio y crímenes de lesa humanidad —tortura, desapariciones forzosas, asesinatos, trabajos forzados y apropiación de niños y niñas— cometidos entre julio de 1936 y junio de 1977. Se solicita al Gobierno español remitir la documentación reunida por el juez Baltasar Garzón y colaborar en la localización de fosas comunes. La causa queda radicada como Expte. Núm. 4591/2010, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
Archivo inicial y revocación en apelación
El fiscal federal desestima el caso invocando el principio de subsidiariedad, al considerar que no existían impedimentos para que España investigara. El juzgado archiva la causa, pero la querella apela y, el 3 de septiembre de 2010, la Cámara Nacional de Apelaciones revoca la decisión, reconociendo la obligación argentina de garantizar el acceso a la justicia cuando las víctimas no lo obtienen en el país donde ocurrieron los hechos. Se abre así la instrucción, con exhortos a España y toma de testimonio a víctimas en Argentina y en consulados de otros países.
Surge la Red AQUA (luego CeAQUA)
Nace como plataforma de apoyo a la querella, sistematizando el material probatorio ante la falta de colaboración del Estado español. Su creación se apoya en una red de activismo jurídico transnacional consolidada tras las investigaciones judiciales en España y la condena a Adolfo Scilingo por crímenes de la dictadura argentina. La causa ya reúne en torno a 350 casos con el paso del tiempo.
Primeras imputaciones y órdenes de arresto internacional
La fiscalía formula las primeras imputaciones y solicita detención y extradición. En septiembre, el juzgado emite órdenes de arresto internacional contra nueve imputados, entre ellos Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Juan Antonio González Pacheco ("Billy el Niño"). La Audiencia Nacional española deniega las extradiciones alegando prescripción, e Interpol España se niega a proceder por considerar el caso "político".
Declaraciones testimoniales y viaje de la jueza a España
En febrero, 13 personas más declaran por videoconferencia en el Consulado argentino en Madrid. En mayo, la jueza Servini viaja a España para tomar declaración a víctimas que no podían desplazarse por edad o salud —entre ellas, dos en Guernica—, en el primer hito de este tipo tomado en sede judicial para víctimas del franquismo.
Nueva captura internacional ampliada
El juzgado argentino ordena una captura internacional ampliada, con fines de extradición, contra Martín Villa, Utrera Molina y otros 18 imputados españoles. Como en ocasiones anteriores, la Audiencia Nacional española deniega las extradiciones por prescripción según la ley española.
Nuevos exhortos, exhumaciones e identificación de víctimas
Se toman declaraciones testimoniales en País Vasco, Sevilla, Almería, Barcelona y Madrid. A pedido de más de 150 querellas, se ordenan exhumaciones en el marco de la segunda comisión rogatoria, que junto a un informe técnico de la ARMH permiten identificar a numerosas víctimas.
Fallo Muñoz de Bustillo: se supera la barrera temporal de 1977
La Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV) incorpora a la querella el homicidio de Gustau Muñoz de Bustillo, asesinado por la policía el 11 de septiembre de 1978 en Barcelona, encuadrándolo como crimen de lesa humanidad. Con este fallo se supera la barrera temporal de junio de 1977, al considerar que las elecciones democráticas no pueden tomarse como límite para investigar crímenes de lesa humanidad, y se abre la puerta a investigar hechos ocurridos durante la Transición, como los Sanfermines de 1978 o la semana pro-Amnistía de mayo de 1977.
Ampliación del objeto de la investigación
A raíz de una nueva denuncia presentada por la ONG Women's Link Worldwide, la jueza Servini de Cubría amplía la investigación a delitos sexuales, aborto forzado y robo de niños y niñas.
Indagatoria a Rodolfo Martín Villa
Tras postergaciones por recursos de la defensa y la pandemia, se concreta la audiencia indagatoria contra Martín Villa por videoconferencia desde el Consulado argentino en Madrid, por su participación en la matanza de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo de 1976 —cinco trabajadores asesinados por la Policía Armada— y por represión en País Vasco y Navarra contra manifestantes que reclamaban amnistía.
Procesamiento de Martín Villa
El 15 de octubre la jueza Servini dicta auto de procesamiento contra Martín Villa por homicidio agravado en contexto de crímenes de lesa humanidad, en 12 casos —los cinco de Vitoria y otros en Pamplona y Navarra—. La defensa apela la decisión.
La Cámara Federal revoca el encuadre de lesa humanidad
El 23 de diciembre la Cámara hace lugar al recurso de la defensa y revoca la calificación de crímenes de lesa humanidad por insuficiencia probatoria, aunque sin archivar la investigación ni sobreseer al acusado. El fiscal apela esta decisión.
La Cámara inadmite la impugnación fiscal
El 20 de septiembre de 2022 la Cámara consideró que la acusación no constituye una sentencia firme sujeta a recurso, por lo que inadmite la impugnación presentada por la fiscalía.
Nuevos testimonios y pruebas documentales
Prosiguen las audiencias testimoniales de víctimas y expertos —entre ellos integrantes del equipo Arqueoantro, de la Plataforma de familiares del cementerio de Paterna y de la asociación Todos los niños robados son también mis niños—. La querella aporta nuevas pruebas documentales, como el Informe sobre la Tortura en el País Vasco del Instituto de Criminología de la UPV.
Ratificación de la imprescriptibilidad de los crímenes
La jueza Servini de Cubría ratifica que los hechos investigados no son prescriptibles, al tratarse de posibles crímenes contra la humanidad, y rechaza la petición del acusado de archivar la causa.
