Entre 2002 y 2008, en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, agentes del Ejército nacional llevaron adelante un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales conocido como "falsos positivos": civiles, en su mayoría jóvenes de sectores vulnerables, eran atraídos con falsas promesas de trabajo, asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, con el fin de inflar las estadísticas de bajas y proyectar la imagen de que las fuerzas armadas ganaban la guerra. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se estiman al menos 7.837 víctimas. Ante la falta de una investigación efectiva contra los máximos responsables en Colombia, familiares y organizaciones de derechos humanos recurrieron a la jurisdicción universal en Argentina.