Entre 1976 y 1983, Argentina vivió una dictadura cívico-militar liderada por las tres Juntas Militares que implantaron un régimen de terror de Estado. Se produjeron más de 30.000 desapariciones forzadas, miles de secuestros, torturas, asesinatos, apropiación de menores y exilios.  

En los últimos meses del régimen, se dictó la Ley de Autoamnistía para garantizar impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.  

Con el retorno democrático en 1983, el presidente Raúl Alfonsín anuló esa ley, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y ordenó el Juicio a las Juntas en 1985, donde se procesó a los nueve principales comandantes, condenando a Videla y Massera a prisión perpetua. Sin embargo, el avance judicial fue frenado con las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales, que reinstalaron la impunidad. En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que esas normas violaban la Convención Americana de Derechos Humanos.